El PP aprueba su ¡®ley mordaza¡¯ en solitario y entre protestas
Toda la oposici¨®n denuncia que lo que llaman "ley mordaza" limita derechos fundamentales y legaliza las "devoluciones en caliente" de inmigrantes
El PP ha aprobado en el Congreso en solitario la Ley Org¨¢nica de Seguridad Ciudadana, frente a todos los dem¨¢s grupos parlamentarios que la consideran una "ley mordaza" y entienden que limita derechos fundamentales.
Toda la oposici¨®n ha hecho frente com¨²n para denunciar en la tribuna el contenido de la norma, con expresiones como "represi¨®n", "barra libre para la polic¨ªa", "ataque a las libertades" o "aberraci¨®n jur¨ªdica", entre otras. Y todos han prometido que si en la pr¨®xima legislatura hay una mayor¨ªa distinta a la absoluta del PP en esta promover¨¢n el cambio o la derogaci¨®n de la ley de seguridad ciudadana.
Para el socialista Antonio Trev¨ªn "la ley es una vuelta al estado policial y no es necesaria" y "con la coartada de la seguridad quieren cercenar derechos de los ciudadanos, imponiendo el derecho administrativo del enemigo y eliminando el control judicial". No ha renunciado a promover un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero no se ha comprometido a hacerlo.
Puntos principales de la ley
. Las faltas que hasta ahora se inclu¨ªan en el C¨®digo Penal, es decir, eran sancionadas con intervenci¨®n judicial ahora pasan a ser castigadas con multas administrativas en las que solo hay intervenci¨®n judicial a posteriori sin intervenci¨®n judicial.
. Las faltas muy graves se sancionar¨¢n con entre 30.0001 euros a 600.000 euros; las graves con entre 601 euros y 30.000 euros y las leves con entre 100 y 600 euros.
. Se da mayor valor probatorio a las denuncias de las Fuerzas de Seguridad: ¡°Las denuncias, atestados o actas formulados por los agentes de la autoridad en ejercicio de sus funciones que hubiesen presenciado los hechos, previa ratificaci¨®n en el caso de haber sido negados por los denunciados, constituir¨¢n base suficiente para adoptar la resoluci¨®n que proceda, salvo prueba en contrario y sin perjuicio de que aquellos deban aportar al expediente todos los elementos probatorios disponibles¡±.
. Se regulan nuevas conductas como usar un l¨¢ser contra un piloto de aviones o un conductor en la carretera.
. Se considera falta grave ¡°la perturbaci¨®n grave de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasi¨®n de reuniones o manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las asambleas legislativas de las comunidades aut¨®nomas, aunque no estuvieran reunidas, cuando no constituya infracci¨®n penal¡±.
. Tambi¨¦n ¡°La solicitud o aceptaci¨®n por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tr¨¢nsito p¨²blico en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores, como centros educativos, parques infantiles o espacios de ocio accesibles a menores de edad, o cuando estas conductas, por el lugar en que se realicen, puedan generar un riesgo para la seguridad vial¡±.
. ¡°El consumo o la tenencia il¨ªcitos de drogas t¨®xicas, estupefacientes o sustancias psicotr¨®picas, aunque no estuvieran destinadas al tr¨¢fico, en lugares, v¨ªas, establecimientos p¨²blicos o transportes colectivos, as¨ª como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares¡±.
. Ser¨¢n faltas leves: ¡°Las faltas de respeto y consideraci¨®n cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protecci¨®n de la seguridad, cuando estas conductas no sean constitutivas de infracci¨®n penal¡±.
. ¡°La ocupaci¨®n de cualquier inmueble, vivienda o edificio ajenos, o la permanencia en ellos, en ambos casos contra la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracci¨®n penal¡±.
. ¡°Asimismo la ocupaci¨®n de la v¨ªa p¨²blica con infracci¨®n de lo dispuesto por la Ley o contra la decisi¨®n adoptada en aplicaci¨®n de aquella por la autoridad competente. Se entender¨¢ incluida en este supuesto la ocupaci¨®n de la v¨ªa p¨²blica para la venta ambulante no autorizada¡±.
. ¡°El escalamiento de edificios o monumentos sin autorizaci¨®n cuando exista un riesgo cierto de que se ocasionen da?os a las personas o a los bienes¡±.
. Devoluciones en caliente de inmigrantes: ¡°Los extranjeros que sean detectados en la l¨ªnea fronteriza de la demarcaci¨®n territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contenci¨®n fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podr¨¢n ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en Espa?a¡±.
Durante el debate ha sido desalojado un grupo de asistentes en la tribuna del p¨²blico, por cantar "Do you hear the people sing" de Los Miserables en protesta contra la ley. Los desalojados son miembros del coro del 15M, conocido como 'La Solf¨®nica'.
La norma ir¨¢ ahora al Senado y, si no hay m¨¢s enmiendas, entrar¨¢ en vigor. B¨¢sicamente la ley convierte en sanciones administrativas lo que antes eran faltas incluidas en el C¨®digo Penal y, por tanto, sometidas a control judicial previo. Seg¨²n Emilio Olabarr¨ªa (PNV), de esta forma, se limita el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, porque el ciudadano afectado tendr¨¢ primero que agotar la v¨ªa administrativa y luego recurrir a la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa que est¨¢ sujeta al pago de tasas judiciales. Esas tasas, establecidas por el actual Gobierno, no existen en la v¨ªa penal y, por tanto, no se pagaban en los juicios de faltas que ahora se convierten en sanciones administrativas.
Adem¨¢s, incluye conductas sancionables como las manifestaciones ante el Congreso o las protestas con escaladas en edificios p¨²blicos, entre otros. Desde el anuncio del anteproyecto de ley, el Gobierno matiz¨® algunas de las sanciones administrativas que pueden llegar hasta los 600.000 euros para los casos m¨¢s extremos.
Como muestra del rechazo de la oposici¨®n, Uxue Barkos (Geroa Bai) ha pedido al Gobierno que escuche a la sociedad y a la Uni¨®n Europea, cuyo comisario de Derechos Humanos, asegur¨® que "Espa?a pretende hacer legal lo ilegal¡±. Joan Baldov¨ª (Comprom¨ªs) para quien "se pretende domesticar manifestaciones con una ley injusta", en lugar de legislar contra la corrupci¨®n o para ayudar a los necesitados. Para Rosana P¨¦rez (BNG) "se institucionaliza la represi¨®n y se da una vuelta de tuerca para atemorizar a los ciudadanos en un Estado policial". Joan Tard¨¤ (ERC) ha hablado de "locura pol¨ªtica y ataque endemoniado a las libertades, dando barra libre a la polic¨ªa". Para Xavier Errekondo (Amaiur) ¡°el Gobierno quiere aplicar la ley de la calle es m¨ªa¡±.
"Esta ley no es necesaria, viola la jurisprudencia europea y el convenio europeo de derechos humanos y recorta derechos fundamentales como el de manifestaci¨®n y el de reuni¨®n", ha resumido Toni Cant¨® (UPyD). "Hoy vivimos una jornada infausta para la democracia con la aprobaci¨®n de esta ley", ha remachado Ricardo Sixto (Izquierda Plural), mientras sus compa?eros de grupo protestaban desde su esca?o en pie y con una mordaza en la boca.
Feliu-Joan Guillaumes (CiU) ha valorado algunas mejoras en la norma durante el tr¨¢mite, pero la ha rechazado en conjunto.
Tambi¨¦n introdujo el Gobierno en la norma durante el tr¨¢mite otros art¨ªculos especialmente pol¨¦micos como la capacidad de las Fuerzas de Seguridad para rechazar a los inmigrantes que salten las vallas de Ceuta y Melilla. Esta posibilidad, incluida en una disposici¨®n, supone legalizar las llamadas "devoluciones en caliente", expresamente prohibidas hasta ahora, porque los inmigrantes que llegan a suelo espa?ol tienen derecho a asistencia letrada y a que se compruebe si son menores o refugiados. El Gobierno entiende que no puede hablarse de "devoluciones en caliente" porque no lo son si solo pisan territorio espa?ol y no superan el cord¨®n policial. Esta disposici¨®n fue introducida como enmienda en el Congreso, eludiendo los informes preceptivos del Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal.
Emilio Olabarr¨ªa (PNV) ha asegurado que la norma contradice la Constituci¨®n y tratados internacionales firmados por Espa?a, por ejemplo, en lo referido a las "devoluciones en caliente" de inmigrantes que el Gobierno convierte en "entregas en frontera" y legaliza en la ley.
Para justificar la entrega de inmigrantes que hayan traspasado las vallas el ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez, ha utilizado en los pasillos del Congreso un argumento frente a las cr¨ªticas vertidas por distintas instituciones nacionales y europeas, la Iglesia y m¨¢s de un centenar de ONG sobre la ilegalidad de las devoluciones en caliente que si le facilitan "una direcci¨®n" donde a "esa pobre gente" se les vaya a dar "manutenci¨®n y trabajo", les env¨ªa para all¨¢.
"Si me dan la direcci¨®n donde a esa pobre gente los podemos trasladar y garantizan su manutenci¨®n y que les dan trabajo le aseguro que les enviamos. Pero hay mucha hipocres¨ªa", dijo.
"Que digan a cu¨¢ntas personas est¨¢n dispuestos a acoger y si no lo hacen, que se callen y den menos lecciones", ha asegurado el ministro en referencia a las opiniones cr¨ªticas de todos los dem¨¢s partidos y ONG.
En la tribuna del Congreso ha defendido la norma en solitario el portavoz del PP en la Comisi¨®n de Interior, Conrado Escobar, recordando que sustituye a la que se conoci¨® como "ley Corcuera" o "ley de la patada en la puerta" que hizo el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez. Ha defendido la norma asegurando que tiene el aval de los informes del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial.
"Las manifestaciones ser¨¢n m¨¢s libres porque estar¨¢n protegidas de los violentos", ha dicho.
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