Los jueces alertan que limitar el plazo para investigar ayuda a los corruptos

Los jueces que llevan algunas de las investigaciones m¨¢s sensibles de Espa?a creen que la intenci¨®n del Gobierno de limitar a un m¨¢ximo de 18 meses la investigaci¨®n de causas judiciales de especial complejidad supone abrir una puerta a la impunidad. El juez Santiago Pedraz, decano de los instructores de la Audiencia Nacional, considera que ¡°no es posible en las causas complejas llevar a cabo, ni a¨²n siquiera con la posible pr¨®rroga de 18 meses m¨¢s, la instrucci¨®n oportuna¡±. Su compa?ero Eloy Velasco va m¨¢s lejos y sostiene que ¡°poner plazo a la instrucci¨®n parece una trampa revestida de garant¨ªas, que va a llevar a la impunidad, sobre todo a la hora de investigar estructuras organizadas como las mafias o las bandas criminales¡±. Sus voces se unen a las de las asociaciones judiciales, que recelan de este aspecto de la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el Ejecutivo.

Velasco asegura a EL PA?S que, con el volumen de trabajo que padece actualmente la Audiencia Nacional, ¡°resultar¨¢ imposible cumplir con los plazos que propone el Gobierno¡±. El titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n n¨²mero 6 recuerda que la investigaci¨®n judicial es ¡°algo vivo¡± y dif¨ªcil de acotar en el tiempo. ¡°Un testigo te lleva a otro; un imputado te revela v¨ªas nuevas de investigaci¨®n; en cierto modo, la instrucci¨®n judicial a veces es imprevisible. ?Qui¨¦n puede decidir que en 18 meses est¨¢ concluida? Ese camino es perverso y puede llevarnos al territorio de la impunidad, donde no habitan los ladrones de coches sino los delincuentes de guante blanco¡±, afirma.

Para agilizar las investigaciones de especial complejidad, Velasco, adscrito a la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, de car¨¢cter conservador, propone que los jueces tengan dedicaci¨®n ¡°plena y exclusiva¡± a estas causas hasta su conclusi¨®n. ¡°Actualmente tramitamos varias ¨®rdenes europeas de detenci¨®n al d¨ªa y llevamos centenares de causas a la vez¡±, afirma. Con la exclusividad, argumenta, se lograr¨ªan dos efectos. ¡°Se salvaguardar¨ªa el proceso, evitando dilaciones indebidas, y los jueces tendr¨ªamos tiempo para formarnos y estudiar¡±.

Para acortar los plazos, Velasco habla de la necesidad de asignar jueces de apoyo en los ¨®rganos judiciales donde recaen las causas m¨¢s voluminosas y de ¡°suprimir algunos recursos y triqui?uelas que utilizan las partes y que se podr¨ªan retrasar a una comparecencia en el momento previo del juicio¡±.

Por su parte, Pedraz, a quien se atribuye un car¨¢cter progresista aunque no est¨¢ asociado, recuerda que ¡°cualquier juez es el primer interesado en una r¨¢pida tramitaci¨®n de la instrucci¨®n¡±, pero estima que 18 meses es un plazo demasiado corto. ¡°Ya no por una cuesti¨®n de medios, en todo caso m¨¢s que necesarios, sino por los problemas que se dan en materia de obtenci¨®n y an¨¢lisis de la informaci¨®n. Cualquier causa compleja supone que tras su incoaci¨®n se obtenga la pertinente documentaci¨®n que ha de servir de base para acreditar en su caso el delito, pues no bastan solo las declaraciones de imputados y testigos, que en general se practican en poco tiempo¡±.

Pedraz relata la dificultad de recabar toda la informaci¨®n del sumario. ¡°Este tipo de macrocausas suele requerir intervenciones telef¨®nicas (que, como m¨ªnimo, exigen un periodo de seis meses). Tras ellas se acuerdan entradas y registros para obtener m¨¢s documentaci¨®n. Una vez se dispone de esa documentaci¨®n, esta debe ser analizada por los t¨¦cnicos-peritos oportunos¡±.

Aqu¨ª surge el primer problema: ¡°La elecci¨®n del perito, que normalmente ser¨¢n dos funcionarios (Agencia Tributaria, Intervenci¨®n General de Estado, Banco de Espa?a, etc¨¦tera), que ya supone una dilaci¨®n¡±. Estos t¨¦cnicos a continuaci¨®n deben examinar la documentaci¨®n y en casos solicitar m¨¢s (de entidades financieras, administraciones p¨²blicas, etc¨¦tera). ¡°En no pocas ocasiones hay que acudir al auxilio judicial internacional (comisiones rogatorias), por lo que depender¨¢ del pa¨ªs requerido la cumplimentaci¨®n de la solicitud de ayuda, por lo que se sigue otra obvia dilaci¨®n en la tramitaci¨®n de la causa¡±, describe.

¡°Una vez obtenido el correspondiente informe pericial, el mismo debe ser ratificado a presencia judicial con la intervenci¨®n de las partes, pudiendo dar lugar (en aras al derecho de defensa) a requerir una ampliaci¨®n del mismo, o bien las partes presentar un contrainforme pericial. Tras la pr¨¢ctica de estas diligencias podr¨¢ adoptarse la resoluci¨®n oportuna a fin de cerrar la instrucci¨®n¡±, termina el decano de los instructores de la Audiencia Nacional.

Pedraz sugiere mecanismos para agilizar la obtenci¨®n de esta documentaci¨®n, como exigir respuestas m¨¢s r¨¢pidas a las entidades que tienen que facilitar la informaci¨®n al juzgado o f¨®rmulas para que los peritos sean designados de inmediato y se centren en exclusiva en los informes solicitados por el juez instructor. Tambi¨¦n aboga por reforzar la cooperaci¨®n jur¨ªdica internacional, aunque se muestra esc¨¦ptico, ¡°a la vista de la existencia de para¨ªsos fiscales y de otros pa¨ªses poco colaboradores¡±.

El presidente de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM) y de la Audiencia Provincial de Barcelona, Pablo Llarena, considera que la limitaci¨®n gen¨¦rica del tiempo de instrucci¨®n es una ¡°opci¨®n positiva en t¨¦rminos de calidad democr¨¢tica¡±, ya que, afirma, ¡°siempre se ha considerado necesario que un ciudadano no est¨¦ sometido a investigaci¨®n profunda e injerente por tiempo indefinido¡±. Sin embargo, tampoco ve suficiente el plazo de 18 meses que propone el Gobierno. ¡°Hay que ser muy consciente de que el proceso penal no se debe terminar pronto, sino bien [...]. Hacer una transferencia bancaria dura segundos pero acreditarla documentalmente a trav¨¦s de para¨ªsos fiscales no es f¨¢cil, lleva su tiempo¡±, afirma.

Llarena no ve ¡°razonable¡± que la pr¨®rroga extraordinaria del plazo de 18 meses solo pueda hacerse si lo pide el fiscal. ¡°El inter¨¦s en que la investigaci¨®n pueda abarcar m¨¢s espacio la puede tener tambi¨¦n la defensa del imputado para que se pueda recabar material de descargo. As¨ª se puede vulnerar el principio de igualdad de armas del proceso penal¡±, sostiene el magistrado.

Por su parte, el portavoz de Jueces para la Democracia, organizaci¨®n progresista, Joaqu¨ªn Bosch, declar¨® que fijar un plazo l¨ªmite para instruir sin actuar sobre las causas que ralentizan la investigaci¨®n ¡°es una medida de mera propaganda, que puede provocar sobreseimientos y cierres en falso de las instrucciones¡±.