La juez orden¨® a la polic¨ªa revisar el contrato del tranv¨ªa de Tom¨¢s G¨®mez
Se buscan desde julio ¡°conexiones¡± entre la concesionaria y el Ayuntamiento de Parla
La juez del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 5 de Parla (Madrid), Mar¨ªa del Pilar P¨¦rez Mart¨ªn, pidi¨® el pasado 28 de julio la colaboraci¨®n de la Unidad de Delincuencia Econ¨®mica y Financiera de la Polic¨ªa (UDEF) para llevar a cabo una amplia investigaci¨®n sobre la modificaci¨®n presupuestaria de las obras del tranv¨ªa de esta localidad. La magistrada exige a la polic¨ªa determinar, incluso, si ¡°efectivamente se ejecutaron las obras que se aprobaron en la ampliaci¨®n¡± de este medio de transporte, que tuvieron un sobrecoste de 41 millones de euros, seg¨²n un auto al que ha tenido acceso EL PA?S. Este tren urbano, el proyecto estrella del entonces alcalde (1999-2008) y actual secretario general del PSOE de Madrid y candidato auton¨®mico, Tom¨¢s G¨®mez, se inaugur¨® en mayo de 2007, semanas antes de las elecciones municipales, tras una inversi¨®n total de 149 millones de euros.
La magistrada pidi¨® saber si se llevaron a cabo las obras de ampliaci¨®n
En el auto, la magistrada reclama saber, adem¨¢s, ¡°qui¨¦nes eran las personas que formaban parte¡± de la concesionaria de la infraestructura Tranv¨ªa de Parla SA (compuesta por Acciona, FCC Construcci¨®n, Detren Compa?¨ªa General de Servicios Ferroviarios y Caja Castilla-La Mancha Corporaci¨®n) y si hay ¡°conexiones entre esta sociedad y el Ayuntamiento¡±. Es decir, si coinciden los nombres de los que explotan el proyecto y los que lo adjudicaron o promovieron. En concreto, la juez pregunta por esas posibles conexiones entre la empresa y los ¡°miembros de la Junta de Gobierno¡± y los ¡°t¨¦cnicos que informaron [sobre] los proyectos de ampliaci¨®n¡±. La ingeniera municipal que dio su visto bueno a parte del sobrecoste del tranv¨ªa es Elena Mar¨ªa Fern¨¢ndez, que fue detenida recientemente en la Operaci¨®n P¨²nica (presunta trama de comisiones a cambio de contratos municipales).
La magistrada, igualmente, quiere conocer, y as¨ª se lo encarga a la UDEF, si ¡°los fondos presupuestados se invirtieron en lo proyectado y si exist¨ªa alg¨²n informe t¨¦cnico a favor¡± para que se llevasen a cabo las modificaciones. Tambi¨¦n pregunta a los investigadores que determinen si era necesaria o no ¡°una nueva licitaci¨®n¡± o, por el contrario, si se pod¨ªa adjudicar la ampliaci¨®n directamente, como se hizo.
El juzgado quiere conocer si los fondos se destinaron a las obras aprobadas
La petici¨®n de ayuda a la UDEF se produjo a ra¨ªz de las pesquisas iniciadas hace nueve meses por Adela Prieto, fiscal jefe del ¨¢rea de Getafe-Legan¨¦s, a la que pertenece Parla. La fiscal¨ªa present¨® la denuncia tras un escrito del Tribunal de Cuentas en el que informaba de que hab¨ªa apreciado ¡°la existencia de indicios de responsabilidad penal¡± en la desviaci¨®n presupuestaria.
La fiscal¨ªa present¨® el pasado mes de marzo una denuncia ante el Juzgado Decano de esta ciudad de 125.000 habitantes por los presuntos delitos de ¡°prevaricaci¨®n¡± y ¡°malversaci¨®n de caudales p¨²blicos¡±. Adem¨¢s, pidi¨® la imputaci¨®n de los 11 ediles de los dos Gobiernos socialistas que en diciembre de 2006 y junio de 2009 aprobaron sendas modificaciones presupuestarias que elevaron, en tres a?os, el coste de 108 millones a 149: un incremento del 37,96%.
G¨®mez elude la imputaci¨®n que reclama la fiscal porque no asisti¨® a la Junta de Gobierno de las navidades de 2006, en la que se revis¨® al alza el presupuesto por un importe de 25 millones. El l¨ªder de los socialistas argument¨® a este diario que se encontraba posiblemente ¡°cantando villancicos con ni?os en alguna escuela¡± o reunido ¡°con vecinos¡±. En cambio, s¨ª se arriesga a ser imputado Jos¨¦ Mar¨ªa Fraile, entonces concejal de Hacienda y que en su lugar presidi¨® la sesi¨®n en la que se aprob¨® el primer incremento.
La Junta de Gobierno de finales de 2006 aprob¨® un sobrecoste de 25 millones
Fraile tambi¨¦n encabez¨® la Junta de Gobierno de 2009 en la que se dio el visto bueno a otro sobrecoste por 13,3 millones (m¨¢s IVA). Unos 5,5 millones iban destinados a mobiliario urbano que no se hab¨ªa previsto antes ¡°para zonas de juegos, esculturas urbanas, fuentes y otros elementos¡±.
Fraile fue el alcalde de Parla hasta su dimisi¨®n en octubre por su imputaci¨®n en la Operaci¨®n P¨²nica. Adem¨¢s de Fraile, entre los potenciales imputados sobresale Wilfredo Jurado, concejal de Urbanismo entre 2003 y 2007 y actual abogado del Partido Socialista de Madrid (PSM). Jurado pertenece desde verano a la Comisi¨®n Nacional de ?tica y Garant¨ªas del Partido Socialista. La fiscal¨ªa tambi¨¦n pide que se impute a su pareja, Rosa Alcal¨¢, que es diputada regional, secretaria de Administraci¨®n del PSM y responsable de la gestora abierta en Parla tras la imputaci¨®n de Fraile en P¨²nica. La concejala Victoria Mu?oz, tambi¨¦n acusada en P¨²nica, se arriesga a una doble imputaci¨®n.
G¨®mez excusa su ausencia de esa sesi¨®n porque se encontraba "cantando villancicos"
El coste de 149 millones del proyecto no incluye los 122 millones en intereses que el Ayuntamiento de Parla tendr¨¢ que pagar para refinanciar el pago de la obra del transporte. El calendario previsto por el Consistorio abarca de 2007 a 2037 y supone un monto global de 255,9 millones.?Adem¨¢s, Parla acumula una deuda de 180 millones con la concesionaria del tranv¨ªa (el contrato comprende la construcci¨®n, suministro de material m¨®vil, explotaci¨®n, operaci¨®n y mantenimiento de los 8,5 kil¨®metros de doble v¨ªa). Parla tiene un d¨¦ficit de 369,4 millones, cantidad que no incluye la deuda mencionada del tranv¨ªa, que en 2011 usaron cinco millones de viajeros.
La alcaldesa desde noviembre es la socialista Beatriz Arceredillo, muy cr¨ªtica con G¨®mez y Fraile. La Ejecutiva del PSM intent¨®, sin ¨¦xito, que renunciara al cargo de regidora cuando se vot¨® al sucesor de Fraile.
G¨®mez insisti¨® ayer en que este medio de transporte local fue aprobado y sus obras adjudicadas por el Consorcio Regional de Transportes, dependiente de la Comunidad, por lo que de haber alguna irregularidad esta ser¨ªa del Gobierno regional. ¡°El Ayuntamiento no ten¨ªa la facultad de adjudicar, sino que era la Comunidad¡±. Mantuvo, adem¨¢s, que todo es ¡°una cacer¨ªa pol¨ªtica del PP¡± debida a su oposici¨®n a que este partido privatizase seis hospitales p¨²blicos. Estableci¨® as¨ª una conexi¨®n entre el actual presidente de la C¨¢mara de Cuentas, Arturo Canalda, que fue viceconsejero de Sanidad en anteriores Gobiernos del PP, y la persecuci¨®n que dice sufrir.
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