El PP elude con una reforma penal expr¨¦s el consenso antiterrorista

El Gobierno, a trav¨¦s del PP, cambiar¨¢ toda la regulaci¨®n penal de los delitos de terrorismo. Lo har¨¢ mediante 90 enmiendas que ha presentado al C¨®digo Penal que se estudia en el Congreso, sin consulta previa al PSOE como es habitual en este asunto y para tramitarlas y aprobarlas de forma expr¨¦s. Su propuesta unilateral cambia por completo la concepci¨®n de la lucha penal contra el terrorismo al penalizar m¨¢s comportamientos individuales que los de grupo organizado y al tipificar la intenci¨®n de formar parte m¨¢s que la comisi¨®n de hechos.

?El PSOE considera que el Gobierno del PP ha roto todos los consensos en la lucha contra el terrorismo al haber presentado una propuesta de nueva regulaci¨®n penal, sin consulta previa, para aprobarla en solitario en las Cortes. El Grupo Popular lo aprobar¨¢ sin informes t¨¦cnicos.

¡°De estas enmiendas no ten¨ªa conocimiento alguno ni la direcci¨®n del PSOE ni la del Grupo Parlamentario, habi¨¦ndose presentado rompiendo lo que ha sido una constante durante los ¨²ltimos 30 a?os, y era la consideraci¨®n del terrorismo como cuesti¨®n de Estado, de manera que todo Gobierno antes de presentar reformas en esta materia las hablaba con el partido de la oposici¨®n, negoci¨¢ndolas en su caso y pactando el consenso, e incluso los disensos¡±, asegura el ponente del PSOE en la reforma del C¨®digo Penal, Manuel de la Rocha.

¡°Por primera vez en la democracia, el Gobierno, el del PP, se salta esta regla de oro y act¨²a unilateralmente, lo que de por s¨ª es grave¡±, explica el diputado socialista. Estas enmiendas ser¨¢n tramitadas a toda prisa, de forma que se abordar¨¢n en una reuni¨®n de la ponencia prevista para el 8 de enero, para que salga del Congreso tras el pleno convocado para el 20 de ese mes. El PP explica que pretende buscar acuerdos en ponencia y Comisi¨®n. Pero est¨¢ dispuesto a ir solo, como con la ley de seguridad ciudadana.

El proyecto de C¨®digo Penal ha estado bloqueado en el Congreso durante m¨¢s de un a?o y, sin embargo, las enmiendas a este cap¨ªtulo esencial se presentan ahora. Pese a ser uno de los cap¨ªtulos que prev¨¦ penas m¨¢s altas y que exige mayor sensibilidad para no afectar a derechos, el Gobierno ha vuelto a legislar al margen de los ¨®rganos institucionales que emiten informes preceptivos aunque no vinculantes. El Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal ya emitieron informes en su momento sobre el anteproyecto que hizo el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallard¨®n, pero sin tener en cuenta, l¨®gicamente, las 90 enmiendas que presenta ahora el Gobierno a trav¨¦s del PP.

Ese proyecto de ley dio lugar en el Congreso a comparecencias de varias docenas de expertos en derecho penal, pero tampoco pudieron valorar las intenciones del Gobierno para los delitos de terrorismo, m¨¢s all¨¢ de la cr¨ªtica a la prisi¨®n permanente revisable prevista para conductas muy graves. ¡°En cuanto al contenido, el Gobierno da la vuelta al modo como aborda el C¨®digo, hasta ahora, esta cuesti¨®n, que parte de la consideraci¨®n de las organizaciones y grupos terroristas, con un art¨ªculo casi final referido a los terroristas que act¨²an sin pertenecer a una de ellas. En las enmiendas presentadas, esto ¨²ltimo es el centro de toda la regulaci¨®n y la pertenencia a una organizaci¨®n una cuesti¨®n marginal. Probablemente en raz¨®n del fen¨®meno yihadista. Nosotros estamos estudi¨¢ndolas para analizarlas y en su caso negociarlas, si el Gobierno se deja¡±, explica De la Rocha.

Se refiere a que la regulaci¨®n cambia para eliminar la exigencia de banda armada y dirigirse a nuevos fen¨®menos terroristas como el del yihadismo en el que la actuaci¨®n es individual y se va m¨¢s all¨¢ tipificando la intenci¨®n, el solo hecho de entrar en contacto con esos grupos o estar en disposici¨®n de ser captado. La justificaci¨®n de una de las enmiendas del PP asegura que se dirige a ¡°quien ha mostrado su disposici¨®n a cometerlos o colabore con un grupo que conspire para cometerlos o haya iniciado preparativos para ello o bien, colabora. No con un grupo, sino con un individuo que va a cometer el delito terrorista¡±. Respecto a otro art¨ªculo el PP asegura que ¡°se tipifica la recepci¨®n de entrenamiento (adiestramiento pasivo). La regulaci¨®n incluye la recepci¨®n de adiestramiento por cualquier v¨ªa, incluido Internet, y se desvincula de la intenci¨®n de cometer un delito posteriormente, para evitar problemas probatorios¡±. Es decir, la enmienda castiga con entre uno y ocho a?os a quien consulte p¨¢ginas en las que se incite a incorporarse a una organizaci¨®n terrorista. El PSOE lamenta que una regulaci¨®n tan delicada por los medios de prueba y exigencia de voluntariedad no se someta a informes jur¨ªdicos previos.

Seg¨²n el PP, esa regulaci¨®n se inspira en la legislaci¨®n de Estados Unidos, concretamente, en el art¨ªculo 2339 del C¨®digo Penal de ese pa¨ªs y ¡°tiene por finalidad adaptar la regulaci¨®n en materia de terrorismo a las nuevas formas de terrorismo de tipo yihadista¡±. En las dos reuniones de la ponencia sobre el C¨®digo Penal se ha puesto de manifiesto la dificultad de llegar a un acuerdo con el PP, por el rechazo de todos los grupos al calendario impuesto por el Gobierno y a puntos concretos como el de la prisi¨®n permanente revisable o la sustituci¨®n de las faltas por delitos menos graves o sanciones administrativas. El Gobierno solo ha renunciado a las medidas de seguridad posteriores a la condena que ten¨ªan car¨¢cter indefinido y, por tanto, supon¨ªan condena a perpetuidad.

La oposici¨®n, adem¨¢s, pone en relaci¨®n estas propuestas para el C¨®digo Penal con otras regulaciones del Gobierno como la Ley de Seguridad Ciudadana que absorbe con sanciones administrativas parte de las faltas y el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal que se encuentra ya en fase de informes. De este ¨²ltimo destacan el art¨ªculo que ampl¨ªa a ¡°circunstancias graves¡± sin mayor definici¨®n la posibilidad de que el ministro del Interior lleve a cabo escuchas e intervenciones telef¨®nicas sin orden judicial previa.

El ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, asegura que ese art¨ªculo ha sido propuesto a Justicia para hacer frente a delitos cometidos en la Red, especialmente los relacionados con tramas de pedofilia y pornograf¨ªa infantil en los que los hechos ocurren de forma instant¨¢nea, sin tiempo a solicitar orden judicial.