El juez Ruz apremia a Hacienda para concluir cuatro tramas de G¨¹rtel

El juez Pablo Ruz tiene los meses contados al frente del juzgado de instrucci¨®n 5 de la Audiencia Nacional, cuya plaza sali¨® a concurso hace dos semanas. En marzo de 2015, salvo que pida quedarse como juez de refuerzo y se lo autoricen, el magistrado deber¨¢ dejar el puesto que ocupa desde hace cuatro a?os y medio.

Antes de abandonar el juzgado, Ruz pretende finalizar la instrucci¨®n de algunas de las macrocausas que lleva. Entre ellas, el caso G¨¹rtel, una extensa trama de corrupci¨®n vinculada al Partido Popular. Casi 30 cargos p¨²blicos del PP han dimitido desde que estall¨® el esc¨¢ndalo como consecuencia de la investigaci¨®n judicial. Ana Mato, ex ministra de Sanidad, ha sido la ¨²ltima de esta lista negra que golpea al PP. Cerca de 200 personas, entre pol¨ªticos y empresarios, est¨¢n imputadas en la causa principal y sus derivadas, que se instruyen en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

El juez Pablo Ruz pidi¨® la semana pasada a la Agencia Tributaria y a la Intervenci¨®n General del Estado, dependientes del ministerio de Hacienda, que le remitan entre el mi¨¦rcoles 31 de diciembre y el 28 de febrero de 2015 siete informes, todos ellos necesarios para concluir cuatro de las investigaciones que siguen abiertas en relaci¨®n a diversas tramas de supuesta corrupci¨®n vinculadas a la red G¨¹rtel.

Jerez de la Frontera: un contrato sin explicaci¨®n. Francisco Correa logr¨® en Jerez de la Frontera (211.000 habitantes) un contrato para organizar la exposici¨®n de esta ciudad en la feria Fitur 2004. Era un negocio parecido al que durante cuatro a?os adjudic¨® el Gobierno valenciano a una empresa de la red G¨¹rtel y por el que est¨¢n imputadas, entre otras personas, dos ex consejeras de Turismo. Y similar al que dos directivos de AENA ¨Ctambi¨¦n imputados- facilitaron supuestamente a las empresas de Correa para organizar eventos relacionados con el turismo. En todos estos casos, el mecanismo era supuestamente el mismo: contratos ama?ados a favor de empresas de Francisco Correa.

El magistrado ha solicitado a la Intervenci¨®n General del Estado que le remita antes del pr¨®ximo martes un informe ¡°sobre la regularidad de la contrataci¨®n¡± por parte del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera del estand de esta ciudad en Fitur 2004. La adjudicaci¨®n de ese contrato se produjo durante el primer mandato de la dirigente del PP Mar¨ªa Jos¨¦ Garc¨ªa Pelayo (junio de 2003-enero de 2005), aliada entonces con Pedro Pacheco para desbancar al PSOE de la alcald¨ªa de la ciudad.

Garc¨ªa Pelayo es hoy alcaldesa de Jerez tras ganar las elecciones de 2011 y senadora del Partido Popular. Si el juez Ruz apreciara responsabilidad de la alcaldesa y senadora en los hechos investigados tendr¨ªa que inhibirse a favor del Tribunal Supremo dado que se trata de una persona con aforamiento y s¨®lo puede ser investigada por esa instancia judicial.

El juez ya dispone de un informe en el que la polic¨ªa concluye que el contrato de Jerez en Fitur 2004 se adjudic¨® a Special Events, una empresa de la red G¨¹rtel, sin que esta firma presentara ninguna oferta al procedimiento de urgencia convocado. Antes incluso de que se formalizara la adjudicaci¨®n, Special Events ya hab¨ªa subcontratado la mitad del montaje del estand con otras empresas, seg¨²n la polic¨ªa.

La alcaldesa de Jerez no ha podido justificar estas irregularidades: ¡°Doy la ¨²nica explicaci¨®n que puedo dar. Me ponen un expediente por delante que me dicen que es legal y yo, como es l¨®gico, lo firmo¡±, se?al¨® en un pleno municipal. El Ayuntamiento de Jerez pag¨® 241.000 euros a la red G¨¹rtel.

Boadilla del Monte, centro principal de negocios. Las empresas de Francisco Correa establecieron un importante centro de negocios en Boadilla del Monte (47.000 habitantes), uno de los municipios ricos de la Comunidad de Madrid. Correa no s¨®lo consigui¨® contratos municipales sino que intermedi¨® en importantes operaciones de suelo con las que logr¨® comisiones multimillonarias. El juez Pablo Ruz ha dado de plazo hasta el mi¨¦rcoles 31 de diciembre para que la Agencia Tributaria le remita informes sobre Arturo Gonz¨¢lez Panero, ex alcalde de Boadilla y uno de los dirigentes que m¨¢s trato tuvo con la rama corrupta. Correa lleg¨® a presumir de que ten¨ªa grabado en v¨ªdeo a Gonz¨¢lez Panero cobrando una mordida por una operaci¨®n de intermediaci¨®n de suelo.

El juez investiga al alcalde por el trato de favor que dio a la red G¨¹rtel y por blanqueo del dinero que gan¨® con las comisiones ilegales que supuestamente le pagaba Francisco Correa a cambio de contratos o de operaciones de suelo. El magistrado tambi¨¦n ha solicitado a Hacienda informes relacionados con los contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Boadilla durante el mandato de Gonz¨¢lez Panero.

Arganda del Rey y el gran pelotazo. Una de las investigaciones m¨¢s complejas del caso G¨¹rtel tiene que ver con un concurso multimillonario de suelo en Arganda del Rey (55.000 habitantes) que fue adjudicado en un mes de agosto a Martinsa, la promotora inmobiliaria de Fernando Mart¨ªn, por 77 millones de euros. Un ex diputado auton¨®mico del PP, Benjamin Mart¨ªn Vasco, era alto cargo en el Ayuntamiento de Arganda y est¨¢ imputado en el caso G¨¹rtel por favorecer a las empresas de Francisco Correa. El l¨ªder de la trama corrupta lleg¨® a quejarse en una conversaci¨®n grabada con sus colaboradores de una deuda que Fernando Mart¨ªn manten¨ªa con ¨¦l. Y los investigadores dedujeron que se correspond¨ªa con una supuesta mordida a cambio de la adjudicaci¨®n del concurso de suelo.

La polic¨ªa interpret¨®, tomando como base la documentaci¨®n analizada de diversas comisiones rogatorias, que Fernando Mart¨ªn hab¨ªa pagado 12 millones de euros a Correa por su intermediaci¨®n en el concurso de suelo de Arganda. Pero el juez no ha podido acreditar a¨²n esa circunstancia. Fernando Mart¨ªn sostiene que nunca pag¨® 12 millones a la red G¨¹rtel, que todo es fruto de una confusi¨®n de cuentas suizas, a nombre de Francisco Correa y de ¨¦l mismo, que eran administradas por el mismo gestor, Arturo Fassana, pero sin ning¨²n negocio en com¨²n.

La Intervenci¨®n General del Estado deber¨¢ presentar antes del pr¨®ximo 28 de febrero un informe sobre los contratos adjudicados por el Ayuntamiento de Arganda a las empresas de la red G¨¹rtel. Adem¨¢s del concurso de suelo adjudicado a Martinsa, Arganda del Rey favoreci¨® con numerosos contratos menores a las sociedades de Francisco Correa. El ex alcalde de este municipio, Gin¨¦s L¨®pez, tambi¨¦n est¨¢ imputado por cobrar supuestamente comisiones ilegales a cambio de la adjudicaci¨®n de contratos a la trama corrupta.

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