El Poder Judicial rechaza generalizar el ¡®pinchazo¡¯ de tel¨¦fonos sin permiso

El Poder Judicial cree que la posibilidad de que el Ministerio del Interior ordene un pinchazo telef¨®nico sin previa autorizaci¨®n judicial plantea ¡°serias dudas de encaje constitucional¡±. El pleno del ¨®rgano de Gobierno de los jueces aprob¨® ayer por unanimidad el informe elaborado por tres vocales sobre el anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que prepara el Gobierno y que, entre otros aspectos, extiende a cualquier tipo de delito la suspensi¨®n del derecho al secreto de las comunicaciones que la Constituci¨®n solo contempla para los casos de bandas armadas o terrorismo.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial analiz¨® la ponencia elaborada por los vocales Juan Manuel Fern¨¢ndez, Fernando Grande-Marlaska y Rafael Mozo. El informe definitivo incluye las aportaciones de algunos vocales al texto presentado por los ponentes, pero no cambia ning¨²n aspecto fundamental y comparte las mismas cr¨ªticas que aquel a puntos claves del anteproyecto de ley elaborado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Las vocales ?ngeles Carmona, Carmen Llombart y Concepci¨®n S¨¢ez anunciaron que formular¨¢n votos particulares relacionados con algunos art¨ªculos de la reforma legal.

Los vocales plantean dudas a la nueva ley de enjuiciamiento criminal

El ¨®rgano de gobierno de los jueces censura, sobre todo, la posibilidad de que Interior autorice el pinchazo de tel¨¦fonos sin que exista autorizaci¨®n judicial previa. La Constituci¨®n ya prev¨¦ esta excepci¨®n al secreto de comunicaciones (art¨ªculo 55.2), pero solo para los casos de bandas armadas o terrorismo. El anteproyecto de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal extiende esta medida ¡°en caso de urgencia¡± a la investigaci¨®n de delitos de organizaciones criminales, contra menores u otros que puedan ser considerados ¡°de especial gravedad¡±. En estos casos, seg¨²n el texto del Gobierno, el ministro del Interior o el secretario de Estado de Seguridad podr¨¢n ordenar la intervenci¨®n de las comunicaciones y comunic¨¢rselo al juez en las 24 horas siguientes. El juez tendr¨¢ 72 horas para validarlo o anularlo.

El informe del Poder Judicial a la reforma del Gobierno es preceptivo, pero no vinculante. Sin embargo, el ministro del Interior, Jorge Fern¨¢ndez, asegur¨® en una entrevista publicada por EL PA?S el pasado domingo que el Gobierno renunciar¨ªa a esta medida ¡°si hay alguna m¨¢cula o alguna duda sobre su encaje constitucional¡±. ¡°No tenemos ning¨²n inter¨¦s en plantear ninguna iniciativa que tenga la m¨¢s m¨ªnima duda de un adecuado y pleno encaje constitucional¡±, se?al¨® Fern¨¢ndez, quien record¨® que la ley vigente, aprobada en 1988 por el Gobierno de Felipe Gonz¨¢lez, ya recoge esta opci¨®n.

Los vocales del Poder Judicial advierten, sin embargo, de que la autorizaci¨®n judicial previa a los pinchazos telef¨®nicos est¨¢ claramente regulada en el art¨ªculo 18.3 de la Constituci¨®n Espa?ola y su excepci¨®n, solo para casos de terrorismo, queda recogida en el art¨ªculo 55.2. Por tanto, seg¨²n el ¨®rgano que preside Carlos Lesmes ¡°no se identifica en principio el fundamento constitucional de la intervenci¨®n de la comunicaci¨®n¡± que planea el Gobierno. El pleno del consejo considera, adem¨¢s, que es preciso ¡°reflexionar acerca del riesgo que comporta¡± fijar un plazo de pr¨®rroga de la intervenci¨®n de las comunicaciones (por periodos sucesivos de tres meses) y que puede llegar hasta dos a?os.

El Poder Judicial expresa tambi¨¦n reticencias a la fijaci¨®n de un plazo m¨¢ximo a la instrucci¨®n de los procesos judiciales, como est¨¢ redactado en el anteproyecto de ley: seis meses para las instrucciones ordinarias y 18 meses para las extraordinarias. Los jueces aplauden que se marque un plazo, pero reclaman que la futura ley establezca ¡°con claridad la naturaleza jur¨ªdica¡± de esos plazos y las ¡°consecuencias¡± que tendr¨ªa el incumplimiento de los mismos.

El Poder Judicial recoge as¨ª una de las principales quejas expuestas por jueces y fiscales desde que se conoci¨® la intenci¨®n del Gobierno de limitar la instrucci¨®n: por qu¨¦ se fija en seis meses y qu¨¦ pasar¨¢ si el juez no termina la instrucci¨®n en ese tiempo. En su informe, el Poder Judicial advierte de que la redacci¨®n actual podr¨ªa crear ¡°inseguridad jur¨ªdica¡± respecto a aspectos como la validez de las diligencias practicadas fuera de tiempo.

Los vocales piden tambi¨¦n que la ley permita la reapertura de procesos judiciales una vez transcurridos los plazos m¨¢ximo de instrucci¨®n si surgen ¡°nuevos elementos determinantes¡± de la comisi¨®n del delito y de su participaci¨®n. El informe reclama adem¨¢s que se pueda prorrogar la instrucci¨®n ordinaria, tal y como se prev¨¦ para las causas m¨¢s complejas, y piden que se extienda a las partes personadas como acusaci¨®n la posibilidad de solicitar esta pr¨®rroga que, seg¨²n el anteproyecto de ley, solo puede pedir el fiscal. El consejo propone que el juez instructor pueda tambi¨¦n acordar la pr¨®rroga de oficio.

El consejo se opone adem¨¢s a que, como contempla el anteproyecto de ley, la polic¨ªa pueda recoger muestras de ADN (a trav¨¦s de la saliva) de un detenido sin que est¨¦ presente su abogado. Los jueces recuerdan que este aspecto de la reforma que quiere introducir el Gobierno es contrario a la jurisprudencia fijada por el Tribunal Supremo y no creen que haya motivos que la justifiquen. La propuesta del Ejecutivo responde, sin embargo, a las quejas de la polic¨ªa, la Guardia Civil e incluso la fiscal¨ªa del Supremo, que advierten de que este criterio del Supremo ha supuesto que la inscripci¨®n de nuevos perfiles en el banco nacional de ADN haya ca¨ªdo en picado en los ¨²ltimos a?os. En la actualidad alberga unos 400.000.