La Audiencia Nacional desentierra los cr¨ªmenes olvidados de ETA
Interior y las v¨ªctimas tratan de evitar la prescripci¨®n de decenas de atentados
En la ma?ana del 7 de julio de 1990, el polic¨ªa nacional Juan Dom¨ªnguez Cruz, natural de Badajoz, sufri¨® la mutilaci¨®n de ambas piernas al explotar la bomba lapa, cargada con dos kilos de amonal, adosada bajo su coche por ETA en Barakaldo (Bizkaia). Cuatro a?os antes, el 8 de junio de 1986, el cabo de la Guardia Civil Antonio Ramos, fallec¨ªa tiroteado en Mondrag¨®n (Gipuzkoa). Ramos, de 31 a?os y nacido en Espera (C¨¢diz), acababa de ser destinado al Pa¨ªs Vasco. Dejaba mujer y un hijo de cinco a?os.
Estos dos atentados, olvidados por todos excepto por quienes los sufrieron directamente, han vuelto a la luz en los ¨²ltimos meses. Por el primero fue detenida ¡ªy luego puesta en libertad por falta de pruebas¡ª el pasado octubre la exetarra Nagore Mujika. Por el segundo, la fiscal¨ªa pidi¨® el pasado 13 de enero 29 a?os de prisi¨®n para el terrorista Josu Uribetxabarria Bolinaga, que muri¨® tres d¨ªas despu¨¦s a causa de un c¨¢ncer.
Ambas causas permanec¨ªan traspapeladas en los archivos de la Audiencia Nacional hasta que la Polic¨ªa y la Guardia Civil las rescataron del olvido d¨ªas antes de que prescribieran. Tras cruzar sus archivos con los sumarios de otros atentados, las fuerzas de seguridad solicitaron a la fiscal¨ªa la revisi¨®n de estos atentados. En este a?o, la Audiencia ha reabierto, adem¨¢s, la investigaci¨®n sobre al menos tres atentados. Por dos de ellos ¡ªun coche bomba en Barcelona en 1987, con un fallecido, Juan Fructuoso G¨®mez, y el intento de asesinato del entonces fiscal general del Estado Luis Antonio Bur¨®n¡ª la Audiencia Nacional ha ordenado la vuelta a prisi¨®n de Santiago Arrospide Sarasola Santi Potros tras 45 d¨ªas en libertad por la acumulaci¨®n de sus condenas en Francia.
El ¨²ltimo caso reabierto conocido, en este caso a instancias de la familia de la v¨ªctima es el del asesinato del concejal del PP en San Sebasti¨¢n Gregorio Ord¨®?ez. La Audiencia busca a los etarras que ordenaron a Valent¨ªn Lasarte disparar un balazo en la nuca al edil el 23 de enero de 1995.
La coincidencia de la reapertura de todas estas causas en un corto lapso ha llevado a la izquierda abertzale a denunciar una presunta ¡°ansia de venganza¡± de jueces, fiscales y fuerzas de seguridad en puertas de un periodo multielectoral.
Fuentes de la Audiencia Nacional niegan rotundamente que exista una ¡°ingenier¨ªa jur¨ªdica¡±, como sostiene Sortu, para hacer regresar a prisi¨®n o prorrogar artificialmente la estancia en la c¨¢rcel de etarras con graves delitos a sus espaldas. ¡°Se trata de casos puntuales. En el caso de Santi Potros, no se le pudo detener en su d¨ªa por aquellos atentados porque Francia hab¨ªa denegado su extradici¨®n por esos hechos¡±, afirman fuentes judiciales. El convenio de extradici¨®n con Francia obliga a que pasen 45 d¨ªas antes de poder arrestar en Espa?a a alguien que se encuentra en libertad por unos hechos por los que el otros Estado ha rechazado la entrega, explican.
- El sumario del asesinato del guardia civil Antonio Ramos permaneci¨® traspapelado durante 17 a?os en los archivos de la Audiencia Nacional por un error burocr¨¢tico. En abril de 2014, Tras ser identificado y solucionado el fallo, Josu Uribetxebarria fue detenido. El secuestrador de Ortega Lara muri¨® antes de poder ser juzgado.
- La detenci¨®n de Nagore Mujika por el atentado con bomba contra el polic¨ªa Juan Dom¨ªnguez Cruz se produjo el pasado octubre, pese a que la antigua etarra, que estuvo en prisi¨®n entre 1996 y 2008, ten¨ªa una orden de b¨²squeda y captura desde 1995 contra ella por estos hechos. Tras cinco d¨ªas de arresto, la Fiscal¨ªa consider¨® que no hab¨ªa indicios s¨®lidos para imputarla y pidi¨® el archivo de la causa contra ella.
- En 2010, colectivos de v¨ªctimas del terrorismo reclamaron a la Audiencia Nacional que identificara y localizara los expedientes sobre atentados que afectan a 349 v¨ªctimas. La labor de criba en los juzgados dur¨® tres a?os. Un 5% de las causas no fue localizada f¨ªsicamente.
Fue la Polic¨ªa Nacional la que pregunt¨® a la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional, a ra¨ªz de la excarcelaci¨®n de Potros, si segu¨ªan vigentes las ¨®rdenes de detenci¨®n contra el terrorista, como inductor de los dos atentados de 1986 y 1987. Tras examinar los sumarios y comprobar que la investigaci¨®n no hab¨ªa prescrito, se notific¨® la imposibilidad de actuar antes de 45 d¨ªas, tras los cuales Potros fue detenido. ¡°Nuestro deber es hacer justicia en cada asunto concreto siempre que haya pruebas suficientes para sostener una acusaci¨®n y la causa no est¨¦ prescrita¡±, afirman fuentes judiciales, que consideran que ¡°ser¨ªa escandaloso archivar las causas sin esclarecerlas y tener los casos guardados a prop¨®sito para provocar la extinci¨®n de las responsabilidades (...) no se puede hacer m¨¢s que cumplir la ley, para lo bueno, detener y juzgar a los responsables de los atentados, y para lo malo, archivar cuando no hay pruebas o las causas han prescrito¡±.
Seg¨²n la ¨²ltima memoria de la Audiencia Nacional, siguen pendientes de cerrarse y juzgarse un total de 271 causas judiciales que afectan a 349 v¨ªctimas de ETA. De ellas, la mitad est¨¢n archivadas provisionalmente. Fuentes judiciales explican que la mayor¨ªa de estas causas pendientes corresponden a cr¨ªmenes cometidos en el Pa¨ªs Vasco, casi siempre sobre militares y miembros de las fuerzas de seguridad en los a?os 80 del siglo pasado, considerados los a?os de plomo de ETA. ¡°En aquella ¨¦poca, cuando ETA mataba a una persona cada tres d¨ªas, la investigaci¨®n era mucho m¨¢s compleja, los guardias ten¨ªan bastante trabajo con protegerse. Tampoco hab¨ªa pruebas de ADN.
Normalmente, explica un juez de la Audiencia, las causas se reabren por iniciativa de la polic¨ªa y la Guardia Civil y con la supervisi¨®n del ministerio p¨²blico. ¡°Aproximadamente cada juzgado de instrucci¨®n puede tener unas 400 o 500 requisitorias [¨®rdenes de detenci¨®n o de b¨²squeda], la mayor¨ªa por asuntos de terrorismo. Las fuerzas de seguridad tienen sus archivos y saben que los plazos de prescripci¨®n juegan en su contra. Est¨¢n muy atentos¡±, afirma este magistrado.
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