La oposici¨®n pacta reabrir la sanidad p¨²blica a los inmigrantes
Todos los partidos, salvo Ciudadanos, se comprometen a derogar el decreto del Gobierno que excluy¨® del sistema a los extranjeros en situaci¨®n irregular
El primer gran pacto pol¨ªtico del a?o multielectoral se firm¨® este martes, y tuvo como protagonista la sanidad p¨²blica. Todos los partidos, salvo el PP y Ciudadanos, se comprometieron p¨²blicamente a restituir el car¨¢cter universal de la sanidad espa?ola. Sus representantes firmaron una declaraci¨®n institucional, promovida por M¨¦dicos del Mundo, por la que se comprometen a incluir en sus programas electorales la ¡°restituci¨®n efectiva¡± del derecho a la salud para todos los ciudadanos que viven en Espa?a, independientemente de su situaci¨®n administrativa. En la pr¨¢ctica, esto significa que se vuelva a atender en la sanidad p¨²blica a los inmigrantes que se encuentran en situaci¨®n irregular. Para ello, los firmantes asumen la necesidad de derogar el controvertido Real Decreto Ley 16/2012 con el que el Partido Popular inici¨® su reforma sanitaria.
Aquella norma, que empez¨® a entrar en vigor progresivamente a partir de julio de 2012, cambi¨® de ra¨ªz la esencia de las anteriores leyes sanitarias, basadas en la vocaci¨®n de universalidad. Desde la Ley General de Sanidad de 1986 hasta la de salud p¨²blica de 2011, los cambios legislativos fueron en la direcci¨®n de reducir los colectivos excluidos del sistema. Sin embargo, con el real decreto, el ciudadano pas¨® de ser beneficiario de un derecho asegurado en un servicio. La reforma dej¨® fuera de la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situaci¨®n irregular ¡ªcon las excepciones de las urgencias, la atenci¨®n a ni?os y embarazadas¡ª, pero tambi¨¦n a todos los que no puedan acreditar su condici¨®n de asegurados.
La norma se tramit¨® sin debate parlamentario aduciendo su urgencia. El Gobierno nunca present¨® estudios previos ni ha elaborado posteriormente informes sobre el ahorro que gener¨® o sus consecuencias. Ni siquiera se conoce el n¨²mero de personas afectadas, ya que en estos dos a?os y medio el Gobierno ha ofrecido cifras diferentes. Un documento oficial enviado a Bruselas en abril de 2013 cuantific¨® que 873.000 tarjetas de extranjeros residentes en Espa?a hab¨ªan sido dadas de baja. Se desconoce cu¨¢ntos eran ciudadanos de la Uni¨®n Europea o personas sin recursos procedentes de pa¨ªses tradicionalmente migratorios. Varias comunidades aut¨®nomas discreparon de la norma y plantearon recursos de inconstitucionalidad que a¨²n no se han resuelto. El Defensor del Pueblo insiste en su informe anual en que todos los inmigrantes que viven en Espa?a deben tener atenci¨®n sanitaria normalizada.
El Defensor del Pueblo pide garantizar las urgencias
Centro de salud de Paseo Imperial, en el centro de Madrid. A la entrada de las urgencias, un cartel avisa: ¡°Para ser atendido es necesario presentar la tarjeta sanitaria¡±. En realidad no es as¨ª. El Real Decreto 16/2012 que excluy¨® a los inmigrantes en situaci¨®n irregular de la asistencia normalizada contempla varias excepciones, entre ellas las urgencias. No solo no hace falta tarjeta; adem¨¢s, seg¨²n el Defensor del Pueblo, los centros sanitarios no deber¨ªan entregar a las pacientes facturas o compromisos de pago, como algunos hacen ahora, como condici¨®n para atenderles. Porque todas estas son maneras de disuadir y de dificultar el acceso a un servicio al que tienen derecho.
Los casos documentados de exclusi¨®n ilegal son solo ¡°la punta del iceberg¡±, dicen en M¨¦dicos del Mundo, que en un informe sobre los dos a?os de la reforma sanitaria constat¨® m¨¢s de 1.000 casos de vulneraciones del derecho a la asistencia. Los que llegan a esta ONG o a organizaciones como YoS¨ªSanidadUniversal suelen arreglarse gracias a su mediaci¨®n. As¨ª ocurri¨® con Zulmira, de Cabo Verde, llegada a Espa?a hace 10 a?os. Antes de 2012 acud¨ªa a su centro de salud para tratarse de la epilepsia que padece. Se qued¨® sin atenci¨®n sanitaria y la ha recuperado, aunque extraoficialmente, gracias a la ayuda de la organizaci¨®n.
El l¨ªder del PSOE, Pedro S¨¢nchez; los diputados de IU Cayo Lara y Gaspar Llamazares y el de UPyD Toni Cant¨® fueron algunos de los pol¨ªticos que acudieron al C¨ªrculo de Bellas Artes de Madrid para presentar la firma de la declaraci¨®n. S¨¢nchez afirm¨® que la reforma del PP ¡°rompi¨® un consenso construido durante 36 a?os¡± y acab¨® con la universalidad del Sistema Nacional de Salud no solo al excluir a los inmigrantes, sino tambi¨¦n al establecer el copago farmac¨¦utico para los pensionistas, recortar 7.000 millones de euros del presupuesto sanitario y dejar sin financiaci¨®n p¨²blica 400 f¨¢rmacos de uso com¨²n (el conocido como medicamentazo).
Cerca de medio centenar de organizaciones sociales y profesionales apoyan tambi¨¦n la Declaraci¨®n por la Universalidad del Derecho a la Salud. El m¨¦dico Miguel Carrasco, representante de la Sociedad Espa?ola de Salud P¨²blica y Administraci¨®n Sanitaria (SESPAS), asegur¨® que las medidas que contempla el real decreto son ¡°injustas, regresivas y contrarias a la evidencia cient¨ªfica¡±. Al excluir a una parte de la poblaci¨®n, explic¨®, se le impide acceder a las actividades de promoci¨®n de la salud y prevenci¨®n. ¡°Desde el punto de vista de la econom¨ªa de la salud, resulta mucho m¨¢s caro tratar a estas personas en urgencias que hacerles un seguimiento normalizado¡±, a?adi¨®.
¡°Hay partidos que quieren que alguien se pueda morir a las puertas de un hospital¡±, dijo Toni Cant¨®, diputado de UPyD. Rafael Mayoral, de Podemos, inst¨® a acabar con el ¡°apartheid sanitario¡± y la ¡°violaci¨®n sistem¨¢tica de derechos humanos¡±.
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