Agredir a sanitarios y profesores ser¨¢ penado hasta con cuatro a?os

En los ¨²ltimos cinco a?os se han contabilizado m¨¢s de 2.000 agresiones a m¨¦dicos en toda Espa?a. En ocho de cada diez casos, con lesiones f¨ªsicas. Una vez en el juzgado, esos ataques se pueden considerar tanto faltas como delitos, algo que la Organizaci¨®n M¨¦dica Colegial (OMC) lleva a?os peleando por cambiar. La aprobaci¨®n en el Congreso de los Diputados de la reforma del C¨®digo Penal el jueves pone fin a esa heterogeneidad: agredir a m¨¦dicos o profesores cuando trabajan es atentado contra la autoridad y conlleva hasta cuatro a?os de c¨¢rcel.

Una enmienda al art¨ªculo 550 del C¨®digo Penal aclara cu¨¢ndo se produce un atentado contra funcionarios sanitarios y educativos, algo que la jurisprudencia ya ven¨ªa recogiendo en muchos casos por la aprobaci¨®n de normativas auton¨®micas y pronunciamientos judiciales. La consideraci¨®n abarca a 570.000 funcionarios docentes, seg¨²n datos del Ministerio de Educaci¨®n. Tambi¨¦n a 115.000 m¨¦dicos y 165.000 enfermeros contabilizados en el Sistema Nacional de Salud, adem¨¢s de fisioterapeutas, t¨¦cnicos y otros profesionales que se suman a otros empleados p¨²blicos ya considerados autoridad, como jueces o polic¨ªas.

Juan Jos¨¦ Rodr¨ªguez Send¨ªn, presidente de la OMC, calific¨® este cambio como ¡°el logro m¨¢s importante en la lucha contra esta lacra¡± cuando present¨® en marzo los ¨²ltimos datos sobre agresiones a facultativos. La OMC cre¨® en 2009 un Observatorio Nacional de Agresiones poco despu¨¦s de la muerte de la doctora Mar¨ªa Eugenia Moreno, una residente de 34 a?os que fue asesinada por un paciente mientras trabajaba en un centro de salud de Moratalla (Murcia). Pasados los a?os, muchas fiscal¨ªas provinciales fueron firmando protocolos o acuerdos con los sistemas sanitarios regionales para considerar las agresiones como delito de atentado. Incluso cuatro comunidades aut¨®nomas ¨CArag¨®n, Valencia, Extremadura y Castilla y Le¨®n¡ª han aprobado leyes que as¨ª lo prev¨¦n, seg¨²n Alberto Becerra, coordinador del Observatorio.

Becerra dice estar contento y a la vez disgustado con la reforma. Contento porque las denuncias ante una agresi¨®n a un m¨¦dico van a ser tratadas de forma homog¨¦nea, consider¨¢ndolas delito y con pena de c¨¢rcel para el agresor. Y disgustado porque ¡°se ha dejado pasar la oportunidad de hacer una ley espec¨ªfica¡± que incluyera tambi¨¦n las amenazas, injurias, vejaciones y coacciones. ¡°No incluirlo de alguna manera supone que se permite la gratuidad del insulto al m¨¦dico¡±, se?ala.

No solo los sanitarios quedar¨¢n m¨¢s protegidos. La Fiscal¨ªa General del Estado considera desde 2008 que tambi¨¦n los profesores tienen la condici¨®n de autoridad a efectos penales. As¨ª lo estableci¨® en una circular para las fiscal¨ªas de toda Espa?a. Ya distintas comunidades aut¨®nomas han impulsado normativas para proteger a los docentes p¨²blicos. Madrid abri¨® el debate en 2009. Le siguieron La Rioja, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla-La Mancha, entre otras. La Lomce incluye a directores y profesores como ¡°autoridad p¨²blica¡± y reconoce que su testimonio prevalece sobre el de la familia o el alumno en caso de conflicto.

El cambio en el C¨®digo Penal apuntala as¨ª una realidad que ya se ven¨ªa reconociendo. ¡°En los ¨²ltimos a?os se han producido un gran n¨²mero de sentencias en las que se ha condenado por el delito de atentado a padres y alumnos¡±; se?ala la abogada Carmen Perona en su libro Pr¨¢ctica docente. El Derecho en defensa de tus derechos, publicado por CC OO.

¡°Ser autoridad en el C¨®digo Penal supone tambi¨¦n responsabilidades. Si un docente da un cachete, por ejemplo, se considerar¨¢ ahora delito de lesiones. Dirigirse a un alumno con un ¡®?C¨¢llate, gordito!¡¯ era una amonestaci¨®n administrativa y ahora es un delito contra la dignidad de la persona¡±, explica Perona. Para Nicol¨¢s Fern¨¢ndez Guisado, presidente del sindicato educativo ANPE, el cambio es ¡°importante pero no suficiente¡±. ¡°Hay que mejorar los protocolos de intervenci¨®n e implicar a profesores, familias y autoridades. Hacer pedagog¨ªa y evitar estos casos¡±.