La Audiencia reabre el caso del espionaje en el Gobierno de Aguirre

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado reabrir el caso del espionaje pol¨ªtico pagado con fondos p¨²blicos de la Comunidad de Madrid durante el Gobierno de Esperanza Aguirre. Es la tercera vez en seis a?os que los tres magistrados de la secci¨®n decimosexta de la Audiencia Provincial deciden revocar autos de archivo de esta causa dictados por la juez instructora Carmen Valcarce.?

La investigaci¨®n judicial arranc¨® a ra¨ªz de la publicaci¨®n en EL PA?S de los partes de seguimiento que acreditaban el espionaje a los dirigentes del PP Alfredo Prada (consejero de Justicia cuando ocurrieron los hechos) y Manuel Cobo (vicealcalde de Madrid). Ambos, que ahora ocupan cargos ejecutivos en el PP nacional y son hombres de confianza de Mariano Rajoy, eran entonces adversarios pol¨ªticos de la presidenta auton¨®mica, Esperanza Aguirre, en la lucha abierta por el poder dentro del propio partido tras la segunda derrota en las elecciones generales de 2008.

Tres guardias civiles y un polic¨ªa nacional, fichados como asesores de Seguridad por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre, siguieron durante dos meses a Prada y Cobo tanto en sus actividades p¨²blicas como en las privadas. Los supuestos esp¨ªas registraron el resultado de los seguimientos en partes mecanografiados.

Informes policiales basados en el posicionamiento de los tel¨¦fonos de los asesores de seguridad de la Comunidad de Madrid acreditaron que los guardias civiles y el polic¨ªa nacional hab¨ªan seguido a Cobo y a Prada durante los meses de abril y mayo de 2008. La Audiencia Provincial consider¨® desde el principio que hab¨ªa indicios suficientes de un delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos y orden¨® a la juez seguir con el procedimiento.

Uno de los tres guardias civiles que tuvo que hacer seguimientos a Cobo y Prada reconoci¨® a la juez instructora, tres a?os despu¨¦s de iniciado el procedimiento, que hab¨ªa recibido esa orden de espiar a los dirigentes populares y que alert¨® al entonces consejero de Interior, Francisco Granados -hoy encarcelado por el caso P¨²nica- de que le? estaban obligando a hacer trabajos ilegales.

Pese a esta confesi¨®n y los datos obrantes en el sumario que acreditaban que el espionaje existi¨®, la juez insisti¨® en decretar, hace solo unos meses y por tercera vez, el archivo de la causa. El abogado que representa al grupo socialista, ¨²nica parte personada en la causa como acusaci¨®n popular, recurri¨® el archivo y ahora la Audiencia Provincial le ha dado la raz¨®n. Los magistrados recuerdan a la instructora que en anteriores pronunciamientos ya resolvieron que hab¨ªa suficientes indicios "acerca de la comisi¨®n de delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos". El auto relata esos indicios:

- Que los informes policiales llegan a determinar la autor¨ªa de los partes de seguimiento.

- Las declaraciones de los tres asesores imputados por su imprecisi¨®n, vaguedad y ausencia de credibilidad.

- Resultado de la pericial caligr¨¢fica con relaci¨®n a Pinto (supuesto autor de los partes de seguimiento que este agente niega). Pinto nunca particip¨® en los seguimientos a Prada y Cobo.

La Audiencia Provincial sostiene que hay indicios suficientes de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid "utiliz¨® varios funcionarios a los que estaba pagando su n¨®mina para destinarlos a fines ajenos a la causa p¨²blica, habiendo sido destinados jornadas enteras durante muchos d¨ªas al mes, al menos durante tres meses a fines ajenos a la funci¨®n encomendada".

La juez instructora argument¨® en sus autos que era imposible determinar el importe exacto del dinero p¨²blico malversado. "Eso", contesta la Audiencia, "no constituye obst¨¢culo para que no pueda descartarse el grave perjuicio para la causa p¨²blica, no siendo igualmente descartable poder hacerse la evaluaci¨®n del perjuicio a trav¨¦s de las n¨®minas correspondientes, los veh¨ªculos usados, el combustible repostado y los consumos de m¨®viles". La Audiencia tambi¨¦n se pronuncia a favor de que la causa siga adelante aunque s¨®lo haya una acusaci¨®n popular, la que representa el grupo parlamentario socialista, que impulse el procedimiento dado que el fiscal del caso tambi¨¦n ha apoyado el archivo.