El juez salva del banquillo a dos curas y un exobispo acusados de cohecho
El instructor del 'caso Retablo' cuestiona la legalidad de los pinchazos telef¨®nicos que incriminan a los sacerdotes
Un exobispo de la di¨®cesis de Tui-Vigo, uno de los curas encargado de las cuentas de este Obispado gallego y un p¨¢rroco se salvar¨¢n in extremis del banquillo tras seis a?os de instrucci¨®n en un caso de presunto ama?o de contratos de restauraci¨®n de arte sacro. El magistrado Andr¨¦s Lago Louro ha firmado un auto en el que archiva las actuaciones contra estos sacerdotes porque cuestiona la legalidad de los pinchazos telef¨®nicos que ayudaron a destapar la trama. Los feligreses de Para?os, en el ayuntamiento pontevedr¨¦s de Covelo, que ya han recurrido la resoluci¨®n como acusaci¨®n particular, sostienen que estos tres dirigentes de la Iglesia cat¨®lica entregaron una casa rectoral, como m¨ªnimo por un precio ¡°irrisorio¡±, a un funcionario de la Xunta en agradecimiento por haberles conseguido subvenciones. El fiscal piensa lo mismo que los vecinos salvo en el caso del exobispo, contra quien ha retirado los cargos.
El juez Andr¨¦s Lago Louro, titular del juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 3 de Santiago y que ha tomado las riendas de la investigaci¨®n en su recta final, pone en duda la legalidad de las escuchas policiales dictaminadas al principio de las pesquisas porque el auto que las orden¨® peca de una ¡°flagrante ausencia de motivaci¨®n¡±. El magistrado llega a alertar de que el bautizado como caso Retablo, que acumula 15 tomos de diligencias contra dos funcionarios de la Xunta y cinco empresarios por cuatro posibles delitos de corrupci¨®n (cohecho, tr¨¢fico de influencias, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios), puede derrumbarse cuando llegue a juicio. ¡°Es tan flagrante la ausencia de motivaci¨®n en dichos autos que surge en el ¨¢nimo del instructor una sensaci¨®n de escalofr¨ªo sobre el devenir futuro de las intervenciones aqu¨ª practicadas¡±, afirma Lago Louro.
El juez del caso Retablo retira las imputaciones al exobispo Jos¨¦ Di¨¦guez Reboredo; a Benito Est¨¦vez Dom¨ªnguez, miembro del consejo econ¨®mico de la di¨®cesis de Tui-Vigo; y al p¨¢rroco de Para?os, Juan Jos¨¦ Sobrino Pino, alegando que el contenido de esas intervenciones telef¨®nicas que orden¨® su antecesor en la instrucci¨®n de la causa son las ¨²nicas pruebas contra ellos. En relaci¨®n con el hecho de que la Iglesia cat¨®lica traspasase la casa rectoral de Para?os (un inmueble de piedra rodeado de una finca de 5.000 metros cuadrados) por 60.000 euros al funcionario Carlos G¨®mez Gil de Aizpur¨²a y que luego este, presunto cerebro de la trama de ama?os y comisiones en restauraciones pagadas con fondos p¨²blicos, intentara revenderla por 680.000 euros, el magistrado rechaza que los curas la realizasen ¡°en consideraci¨®n a los favores prestados¡± por ¨¦l.
Lago Louro admite la ¡°estrecha relaci¨®n¡± de los sacerdotes con el funcionario de la Conseller¨ªa de Cultura por ser el ¡°encargado de supervisar la restauraci¨®n de buena parte de los retablos de iglesias existentes¡± en las provincias de Pontevedra y Ourense. ¡°Es por ello comprensible que, con ocasi¨®n de la venta de la casa de Para?os, se tuvieran en cuenta tales consideraciones, sin que ello implique intencionalidad delictiva alguna¡±, esgrime el juez.
El instructor reconoce que el funcionario imputado entr¨® en la casa rectoral antes de que los sacerdotes concertaran la venta. Lago Louro sostiene que entonces la vivienda estaba en unas ¡°condiciones de habitabilidad deplorables¡± y que G¨®mez realiz¨® ¡°costosas obras de restauraci¨®n¡±. ¡°No parece en absoluto descabellado que [en la venta posterior] se fijase un precio acorde, no al estado en que se hallaba la casa una vez restaurada, sino al estado en que se hallaba en el momento en que la recibi¨® por primera vez el imputado¡±, sostiene el juez para exculpar a los curas que decidieron cobrarle al funcionario solo 60.000 euros por la propiedad. Los arreglos en la casa, sin embargo, no los pag¨® siquiera el empleado de la Xunta sino que se los abonaron empresas de restauraci¨®n ¡°agradecidas por el trato dispensado¡±, admite el juez, ¡°hecho este que, desde luego, desconoc¨ªan los vendedores al tiempo de la venta¡± de la vivienda. El auto judicial retira tambi¨¦n las imputaciones a dos empresarios ¡ªGerm¨¢n Hermida Noval y Ra¨²l C¨¢ndido Fructuoso Arangude¡ª y las mantiene para otras siete personas.
Los feligreses de la parroquia de Para?os se oponen a la desimputaci¨®n de los tres sacerdotes que ellos mismos llevaron al juzgado ¡°tras reiteradas mentiras y ocultamientos¡±. En su recurso, la Asociaci¨®n Vecinal de Para?os insiste en que la operaci¨®n de ¡°donaci¨®n o aparente venta¡± de la casa rectoral fue un ¡°soborno activo¡± y sostiene que existen pruebas documentales y testimonios incriminatorios m¨¢s all¨¢ de los pinchazos telef¨®nicos ahora cuestionados por el juez.
Sobre el argumento que esgrime el instructor de que la vivienda estaba en ruinas y que por eso los curas se la vendieron por solo 60.000 euros al presunto cabecilla de la trama corrupta, los vecinos niegan que la propiedad estuviera en tan mal estado y apelan a las fotos incorporadas al sumario y al testimonio de Mar¨ªa Ferreira, una piadosa anciana de Para?os que atendi¨® durante a?os la casa rectoral y la iglesia y que, sufriendo importantes problemas de movilidad, residi¨® en la vivienda durante unos 20 meses mientras se reformaba la suya. Antes de fallecer, Ferreira quiso acudir al juzgado para describir c¨®mo estaba el inmueble antes de que el funcionario imputado lo ocupara y realizara arreglos. Su declaraci¨®n y el ¡°hecho innegable de su residencia all¨ª dan fe del buen estado de conservaci¨®n¡± de la propiedad que los sacerdotes vendieron por 60.000 euros, id¨¦ntico precio al que cost¨® en la misma parroquia una finca ¡°reducid¨ªsimas dimensiones y que en el medio tiene las pierdas de lo que hace d¨¦cadas se intuye que fue una peque?a casa¡±, defienden los vecinos.
Los pinchazos telef¨®nicos cuya legalidad pone en duda ahora el instructor del caso Retablo destaparon c¨®mo el funcionario Carlos G¨®mez y el p¨¢rroco Juan Jos¨¦ Sobrino pactaron alegar que la casa estaba en ruinas para justificar el bajo precio de compraventa, recuerda la asociaci¨®n vecinal de Para?os. En otra conversaci¨®n recogida en el recurso, el cura Benito Est¨¦vez, del consejo econ¨®mico del Obispado, reconoce ¡°haberse saltado¡± el C¨®digo Can¨®nico para que el imputado pudiera ¡°escriturar r¨¢pidamente la casa¡±: ¡°Nosotros, por tus servicios y tal, saltamos a la torera una serie de cosas¡±.
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