Los jueces pierden la potestad sobre tres millones de infracciones

A partir del mi¨¦rcoles se producir¨¢ un terremoto en los juzgados por la entrada en vigor del nuevo C¨®digo Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por la oposici¨®n como ley mordaza. Ambas normas, que fueron aprobadas solo con el voto del PP, est¨¢n recurridas ante el Tribunal Constitucional. El efecto m¨¢s notable es la supresi¨®n de las faltas que pasan a ser mayoritariamente infracciones administrativas sin intervenci¨®n judicial previa y que una parte m¨ªnima ser¨¢n delitos leves. Todos los procesos de faltas en marcha deber¨¢n ser revisados y en muchos casos archivados para favorecer al reo con la pena m¨¢s baja posible.

Desde el mi¨¦rcoles 1 de julio los jueces dejar¨¢n de tener potestad sobre tres millones de infracciones y los juzgados deber¨¢n revisar y en muchos casos archivar centenares de procedimientos sobre faltas. Ese d¨ªa entran en vigor el nuevo C¨®digo Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, entre errores legislativos, riesgo de colapso y denuncias de improvisaci¨®n por parte de jueces y fiscales.

En la primer norma desaparecen las llamadas faltas que eran infracciones leves que instru¨ªan y enjuiciaban los jueces y una parte pasan a ser delitos leves, mientras que la mayor¨ªa se convierte en sanciones administrativas castigadas con multas que impone la administraci¨®n. Solo a posteriori es posible la intervenci¨®n judicial, previo recurso contencioso administrativo, seg¨²n la llamada ley mordaza o ley de seguridad ciudadana. El C¨®digo Penal, adem¨¢s, introduce por primera vez en Espa?a la llamada prisi¨®n permanente revisable, asimilable a la cadena perpetua.

Ambas normas, por primera vez en leyes de esa trascendencia, salieron de las Cortes solo con el voto de un partido ¡ªel PP¡ª y est¨¢n en manos del Tribunal Constitucional por recursos de la oposici¨®n socialista.

Desobediencia leve

Seg¨²n los datos del Gobierno, ser¨¢n tres millones de asuntos de menor cuant¨ªa los que saldr¨¢n del control judicial, lo que desatascar¨¢ la Justicia. Pablo Llarena, portavoz de la conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura, asegura que se da cumplimiento a una antigua reivindicaci¨®n de sectores de la Justicia.

Por contra, Joaqu¨ªm Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, y ?lvaro Garc¨ªa, de la Uni¨®n Progresista de Fiscales, entienden que supondr¨¢ una p¨¦rdida de garant¨ªas para los ciudadanos. ¡°El juez de instrucci¨®n era el juez de garant¨ªas de actuaciones de las Fuerzas de Seguridad y ahora ya las actuaciones de polic¨ªas y guardias civiles no tendr¨¢n tutela inmediata del juez, solo a posteriori en lo contencioso, lo que elimina el control judicial inmediato de las libertades p¨²blicas¡±, asegura el portavoz de la UPF.

Jueces para la Democracia asegura que en los foros judiciales hay un aut¨¦ntico terremoto por las dificultades para aplicar las nuevas normas. Hay que tener en cuenta que habr¨¢ que revisar centenares de procedimientos con la idea de que debe aplicarse la pena m¨¢s favorable al reo. Por ejemplo, se archivar¨¢n todas las desobediencias leves que tengan lugar antes del d¨ªa 1, como ocurre en el caso de Esperanza Aguirre, candidata del PP al ayuntamiento de Madrid.

La Fiscal¨ªa General del Estado ha distribuido una circular a todos los fiscales instando a esa revisi¨®n. ¡°La aplicaci¨®n retroactiva de la nueva norma, si es m¨¢s favorable al reo, debe afectar a los hechos cometidos con anterioridad al d¨ªa 1 de julio de 2015 que se encuentren pendientes de enjuiciamiento, y a aquellos que ya han sido sentenciados si dicha declaraci¨®n no ha adquirido firmeza o si, a¨²n firme, se encuentran pendientes o en tr¨¢mite de ejecuci¨®n. Quedan excluidos por tanto, los procedimientos por hechos que, a fecha 1 de julio de 2015, ya han sido enjuiciados y ejecutados en su totalidad, sin perjuicio, establece la disposici¨®n transitoria segunda respecto de las sentencias, de que el juez o tribunal que en el futuro pudiera tenerlas en cuenta a efectos de reincidencia deba examinar previamente si el hecho en ellas penado ha dejado de ser delito o pudiera corresponderle una pena menor de la impuesta conforme a esta Ley¡±.

Los fiscales progresistas entienden que ha transcurrido poco tiempo desde la publicaci¨®n de la norma ¡ªvacatio legis¡ª y que julio por sustituciones es un mes malo para esta revisi¨®n general. ¡°Es una chapuza y un desastre temerario¡±, asegura ?lvaro Garc¨ªa.Llarena, de la APM, es menos cr¨ªtico pero admite que es ¡°una revisi¨®n de calado profundo¡±.

Errores en las penas

Otro de los problemas es el de los errores en 16 delitos por la tabla de penas aplicable. El ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, asegur¨® el mi¨¦rcoles que no tienen m¨¢s efecto que el ¡°doctrinal¡±. Sin embargo, Jueces para la Democracia y la UPF aseguran que hay jueces dispuestos a presentar cuestiones de constitucionalidad porque afecta a las garant¨ªas. Que de forma no deseada 16 delitos menos graves pasen a ser leves supone que se enjuiciar¨¢n con un procedimiento de faltas, que tiene menos garant¨ªas, habr¨¢ un plazo menor de prescripciones y deber¨¢ ser el propio juez de instrucci¨®n el que instruya y juzgue. Esa situaci¨®n seg¨²n Bosch podr¨ªa ser anulada en el futuro por el Tribunal Constitucional. ¡°La competencia objetiva es sagrada¡±, a?ade la UPF.