La Audiencia Nacional investigar¨¢ la red de sobornos del ¡®caso Madeja¡¯

El juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata investigar¨¢ la red de sobornos del caso Madeja, la causa de corrupci¨®n destapada por la juez de Sevilla Mercedes Alaya, y que incluye el pago de 4,3 millones de sobornos a funcionarios de distintas administraciones a cambio de contratos p¨²blicos. De la Mata ha aceptado la causa despu¨¦s de que la juez Alaya se inhibiera a favor de la Audiencia Nacional al afectar la investigaci¨®n a doce provincias. La causa acumula 96 imputados, entre ellos 40 funcionarios de organismos como el Ministerio de Fomento y las sedes del ente p¨²blico Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia y Sevilla, as¨ª como Diputaciones y Ayuntamientos de Andaluc¨ªa, Canarias y Extremadura.

La investigaci¨®n se centra en la empresa Fitonovo SL, la cual, seg¨²n el juez De la Mata, ten¨ªa una "actividad planificada dirigida a adjudicarse por medios fraudulentos contratos p¨²blico2". Esta sociedad, dedicada a los servicios mediambientales, "cre¨® una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos p¨²blicos irregulares, habilitando la estructura comercial de la empresa para conformar una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contrataci¨®n". Tambi¨¦n cre¨® supuestamente "una contabilidad paralela que se nutr¨ªa de facturaci¨®n falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios p¨²blicos".

El juez asegura que los imputados "crearon una trama societaria que, en paralelo a una actividad comercial legal, se hab¨ªa ocupado de acaparar contratos p¨²blicos usando medios il¨ªcitos". Esta actividad caus¨®, seg¨²n De la Mata "un grave da?o al inter¨¦s p¨²blico". La trama pervirti¨® "numerosos procedimientos de contrataci¨®n en detrimento de las arcas p¨²blicas, del inter¨¦s p¨²blico en una adecuada prestaci¨®n de los servicios". Tambi¨¦n se produjo "un grave da?o al orden socioecon¨®mico al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contrataci¨®n p¨²blica pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las pr¨¢cticas corruptas de la trama".

La red estaba encanbezada por el director de Fitonovo hasta 2011, Rafael Gonz¨¢lez Palomo; su hijo, Jos¨¦ Antonio Gonz¨¢lez Bar¨®, que asumi¨® el cargo a partir de esa fecha; el adjunto de ambos, ?ngel Manuel Macedo; y el director comercial Juan Andr¨¦s Brugueras. Los cuatro constituyeron "una organizaci¨®n criminal" dedicada a conseguir adjudicaciones a cambio del reparto de "d¨¢divas" en forma de dinero y regalos como m¨®viles, caballos, ordenadores, coches, viajes o la reforma o la limpieza de viviendas.

Entre los imputados se encuentran antiguos cargos del Ayuntamiento de Sevilla como el dirigente de IU Antonio Miguel Ruiz Carmona

Entre los cargos p¨²blicos imputados se encuentran varios antiguos cargos del Ayuntamiento de Sevilla como el dirigente de Izquierda Unida (IU) Antonio Miguel Ruiz Carmona, que supuestamente percibi¨® 155.000 euros para la formaci¨®n -70.000 de ellos en una caja de zapatos¡ª a cambio de la instalaci¨®n de c¨¦sped artificial en once campos de f¨²tbol en la ciudad. Tambi¨¦n est¨¢n imputados los exportavoces municipales de la coalici¨®n en la ciudad Antonio Rodrigo Torrijos y Jos¨¦ Manuel Garc¨ªa.

Tambi¨¦n se investiga al exconcejal de V¨ªa P¨²blica de la capital hispalense Manuel G¨®mez Lobo (PSOE), que pidi¨® como compensaci¨®n a una adjudicaci¨®n la remodelaci¨®n de la sede del partido en el distrito de La Macarena; a los exalcaldes de Algeciras (C¨¢diz) Tom¨¢s Herrera y Diego Tom¨¢s S¨¢nchez, tambi¨¦n socialistas, y al teniente de alcalde de La Carolina (Ja¨¦n) Crist¨®bal P¨¦rez Mart¨ªnez (PP).

Los funcionarios imputados trabajaban en las Direcciones Provinciales del Ministerio de Fomento en Ja¨¦n, Huelva y C¨¢diz, la Consejer¨ªa de Obras P¨²blicas de la Junta de Andaluc¨ªa, la Jefatura de Conservaci¨®n de Carreteras de la Junta de Extremadura, las Diputaciones Provinciales de Sevilla, C¨®rdoba y Ja¨¦n, el Gobierno de Canarias, los Cabildos de Lanzarote y Las Palmas, los Ayuntamientos de Sevilla, Algeciras y La Carolina, y las Gerencias de ADIF en Sevilla, C¨®rdoba, Linares-Baeza, Valencia, Madrid, Zaragoza y Barcelona.

Los hechos que se investigan constituyen delitos de cohecho, fraudes y exacciones ilegales, corrupci¨®n entre particulares, asociaci¨®n il¨ªcita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda P¨²blica y fraude a la Seguridad Social, as¨ª como prevaricaci¨®n, malversaci¨®n, maquinaciones para alterar el precio de las cosas, tr¨¢fico de influencias y falsedades documentales, con "car¨¢cter instrumental como medio para la comisi¨®n de otros delitos", afirma el magistrado.