Albert Rivera propone suprimir el Consejo General del Poder Judicial
El presidente de Ciudadanos suprimir el Senado, el Consejo General del Poder judicial y los decretos ley en su programa para las generales
Albert Rivera propuso este s¨¢bado sustituir el Senado por un Consejo de Presidentes de las Comunidades con funciones legislativas para cuestiones territoriales; eliminar el Consejo General del Poder Judicial; y acabar con los decretos ley. ¡°Hay que cambiar muchas cosas para que Espa?a vuelva a funcionar¡±, dijo el l¨ªder de Ciudadanos, que confirm¨® que blindar¨ªa las competencias del Estado en la Constituci¨®n o que optar¨ªa por un sistema electoral de doble urna, como adelant¨® EL PA?S. ¡°Son propuestas para canalizar la indignaci¨®n y la ilusi¨®n¡±, dijo.
Rivera eligi¨® C¨¢diz, la ciudad en la que se firm¨® la Constituci¨®n de 1812, para presentar sus 30 propuestas de reforma institucional y constitucional. A menos de dos meses para las elecciones generales del 20-D, el candidato emple¨® el anuncio de su bater¨ªa de medidas t¨¦cnicas para llenar de argumentos su discurso pol¨ªtico. Rivera intent¨® sintonizar con los votantes que abarrotaron las calles durante el 15-M ¡ªpropuso, por ejemplo, rebajar de 500.000 a 250.000 el n¨²mero de firmas necesarias para presentar una iniciativa popular en el Congreso¡ª y monopolizar el discurso de la regeneraci¨®n institucional y la despolitizaci¨®n de la justicia, que comparte con Podemos.
¡°Queremos que lo que ya es normal en la calle pase a ser normal en las instituciones¡±, dijo Rivera. ¡°Esto que presentamos es el anhelo de millones de espa?oles. Algunos de estos puntos los hemos visto en recogidas de firmas por internet, en manifiestos, en pancartas en la calle con gente indignada y hoy todo eso se recoge en un proyecto com¨²n para Espa?a y en una alternativa de Gobierno¡±, sigui¨®. ¡°Es canalizar el cabreo, la indignaci¨®n y tambi¨¦n la ilusi¨®n y las ganas de cambiar con una reforma seria¡±. La mayor¨ªa de las propuestas necesitar¨ªan de grandes consensos y acuerdos multipartido para salir adelante.
C¨¢mara de presidentes Auton¨®micos. El Senado ser¨ªa sustituido por una C¨¢mara de segunda lectura con poder legislativo, presidencia rotatoria y sede m¨®vil (¡°para hacer Espa?a¡±). Estar¨ªa integrada por 19 personas (los 17 presidentes auton¨®micos y los representantes de Ceuta y Melilla) y su misi¨®n ser¨ªa resolver la gesti¨®n de las Comunidades y los problemas territoriales (presupuestos, plan hidrol¨®gico). En caso de discrepancia, el Congreso tendr¨ªa la ¨²ltima palabra.
Consejo General del poder Judicial. Ciudadanos querr¨ªa suprimir el Consejo (20 miembros) y sustituirlo por un ¨®rgano unipersonal encabezado por el presidente del Supremo, asistido por dos adjuntos, y elegido en el Congreso (mayor¨ªa de dos tercios) para mandatos de seis a?os sin reelecci¨®n. Los candidatos al puesto deber¨ªan tener 20 a?os de experiencia en la carrera judicial. La propuesta sustituye un organismo con diversidad ideol¨®gica por una sola persona nombrada por los partidos y con dos adjuntos. Podemos acaba de proponer que los ciudadanos elijan a los miembros del Consejo por sufragio directo.
Fiscal general del Estado. El procedimiento para elegir al fiscal general del Estado se regular¨ªa en la Constituci¨®n, que establecer¨ªa los requisitos de 20 a?os de carrera profesional y ausencia de v¨ªnculos pol¨ªticos para cerrar una lista de candidatos. De este grupo reducido, una comisi¨®n del Congreso seleccionar¨¢ una terna. Finalmente, el Gobierno elegir¨ªa al fiscal general del Estado. ¡°Proponemos un camino distinto para que el fiscal no sea del Gobierno, sino que sea de todos¡±, dijo Rivera. Sin embargo, la decisi¨®n final sigue dependiendo del Ejecutivo.
Tribunal Constitucional. Rivera propone 25 a?os de ejercicio profesional para poder ser designado magistrado para un mandato de 12 a?os y jubilaci¨®n a los 75 a?os. La renovaci¨®n parcial se realizar¨ªa cada cuatro a?os. Adem¨¢s, los parlamentos auton¨®micos no podr¨ªan proponer magistrados.
Constituci¨®n. El partido blindar¨ªa las competencias del Estado, que este no podr¨ªa ceder, e incluir¨ªa un apartado de derechos sociales que desarrollar¨ªa el de la vivienda e incluir¨ªa servicios p¨²blicos como el agua, las telecomunicaciones o la electricidad, respaldados con un presupuesto. No especific¨® qu¨¦ par¨¢metros deber¨ªan cumplir los ciudadanos para recibir ayudas. Adem¨¢s, se enumerar¨ªan las 17 Comunidades y las dos ciudades aut¨®nomas, para fijar el mapa auton¨®mico. Se considerar¨ªan fundamentales los derechos a la protecci¨®n de datos y la transparencia de la Administraci¨®n.
Decretos ley. Una vez descartada esa f¨®rmula, prevista para casos de ¡°extraordinaria necesidad¡±, la legislaci¨®n urgente deber¨¢ ser aprobada por un procedimiento sumar¨ªsimo en el Congreso en el plazo m¨¢ximo de 72 horas. El Gobierno de Mariano Rajoy ha batido el r¨¦cord de decretos ley en la historia de la democracia, al convertirse en el que m¨¢s porcentaje de decretos ha aprobado con relaci¨®n al n¨²mero de proyectos de ley presentados.
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