Junta y Ayuntamiento de Marbella buscan c¨®mo salvar el urbanismo

La Junta de Andaluc¨ªa y el Ayuntamiento de Marbella quieren transmitir unidad y celeridad en la crisis que han provocado las tres sentencias del Tribunal Supremo que anulan el Plan General de Ordenaci¨®n Urbana (PGOU) de 2010, que llegan cuando varios sectores certifican la reactivaci¨®n urban¨ªstica en el municipio. El consejero de Medio Ambiente y Ordenaci¨®n del Territorio, Jos¨¦ Fiscal, se ha reunido este lunes con el alcalde marbell¨ª, el socialista Jos¨¦ Bernal, encuentro que ha servido para plasmar esa imagen de coordinaci¨®n y constituir una comisi¨®n de seguimiento que eval¨²e la situaci¨®n y fije cu¨¢les son los pr¨®ximos pasos.

Las actuaciones de las dos Administraciones trascienden el plano pol¨ªtico con la creaci¨®n de una mesa t¨¦cnica que decidir¨¢ cu¨¢l es la herramienta ¡°transitoria¡± m¨¢s ¨²til para evitar el bloqueo del urbanismo mientras se elabora un nuevo plan. El documento de referencia en el municipio vuelve a ser el PGOU de 1986, pero se busca una normativa de transici¨®n que garantice las inversiones y ¡°el d¨ªa a d¨ªa¡± hasta que se redacte y apruebe un nuevo plan, ha dicho el alcalde tras la reuni¨®n. Este ¨®rgano estar¨¢ coordinado por la edil de Urbanismo, Isabel P¨¦rez, y el secretario general de Ordenaci¨®n del Territorio, Rafael M¨¢rquez.

Se desconoce, de momento, cu¨¢l ser¨¢ ese mecanismo, cu¨¢ndo estar¨¢ operativo y cu¨¢ndo comenzar¨¢ la redacci¨®n de un nuevo PGOU, aunque el asunto se abordar¨¢ de inmediato. ¡°Es una prioridad para la Consejer¨ªa, porque no estamos hablando de un municipio m¨¢s, sino de Marbella, la Costa del Sol y de algo que pueda ser un ejemplo¡±, ha destacado Fiscal.

El Ayuntamiento ha pedido este mismo lunes al Tribunal Supremo una aclaraci¨®n de sentencia. Se estudia, adem¨¢s, interponer un incidente de ejecuci¨®n para que se aclaren algunas cuestiones. Una de las dudas que existen es qu¨¦ pasa con las ¨®rdenes judiciales de demolici¨®n que pesan sobre algunas edificaciones ilegales, regularizadas por el anulado PGOU de 2010 y el sistema de compensaciones que se estableci¨® para la normalizaci¨®n de hasta 16.500 viviendas construidas durante la era GIL fuera de planeamiento.

Las resoluciones del Supremo han desconcertado a las Administraciones y preocupan a los promotores, motivo por el que Fiscal, Bernal y el delegado de la Junta en M¨¢laga, Jos¨¦ Luis Ruiz Espejo, se han reunido tambi¨¦n este lunes con representantes del sector empresarial para explicarles la hoja de ruta que se ha dise?ado sobre el asunto.

Seg¨²n el consejero, no se descarta ni se da nada por hecho para intentar abordar la situaci¨®n. Una de las posibilidades que ha citado es plantear una normativa con rango de ley que permita afrontar la situaci¨®n de las 16.500 viviendas irregularidades que vuelven a quedar en el limbo tras la anulaci¨®n del PGOU.

El Ayuntamiento de Marbella ha establecido una agenda de trabajo para los pr¨®ximos d¨ªas que incluye encuentros con colectivos empresariales, expertos en urbanismo, arquitectos y promotores, adem¨¢s de la apertura de una oficina de atenci¨®n a los inversores.

Mientras la Junta y el Ayuntamiento han fijado las primeras l¨ªneas de actuaci¨®n para hacer frente a la crisis que han abierto las sentencias del Supremo, el parlamentario andaluz del PP y concejal en Marbella, F¨¦lix Romero, ha pedido al Gobierno andaluz que impulse un instrumento legislativo que evite la ejecuci¨®n de las sentencias de demolici¨®n que existen sobre algunas viviendas irregulares. El PP estaba en el gobierno local en 2010, cuando se aprob¨® el PGOU, y Romero ha justificado que no se respondiera a esas ¨®rdenes de ejecuci¨®n de los tribunales porque exist¨ªa un plan que amparaba los inmuebles. El edil ha reclamado ¡°cobertura legal y jur¨ªdica¡± para los compradores de buena fe.