La Fiscal¨ªa ve sediciosa la resoluci¨®n independentista del Parlament

La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional considera que la resoluci¨®n independentista aprobada por el Parlamento de Catalu?a el 9 de noviembre y anulada por el Tribunal Constitucional el 2 de diciembre tiene, por s¨ª misma, "relevancia penal" por un posible delito de sedici¨®n. As¨ª lo estima el ministerio p¨²blico en un recurso contra la decisi¨®n del juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata de archivar una denuncia contra el Ayuntamiento de Sant Cugat del Vall¨¨s (Barcelona) por aprobar una moci¨®n de apoyo a la resoluci¨®n secesionista del Parlament, aprobada por los votos de Junts pel S¨ª y la CUP.

Uno de los argumentos del juez De la Mata para archivar la denuncia sobre la moci¨®n independentista de Sant Cugat era que la Fiscal¨ªa no hab¨ªa actuado contra los parlamentarios que aprobaron la resoluci¨®n del 9-N. En su escrito, la Fiscal¨ªa dirigida por Javier Zaragoza recuerda que la Audiencia Nacional no es competente para investigar y enjuiciar a aforados ¡ªlos parlamentarios catalanes tienen todos esta condici¨®n¡ª. Y tambi¨¦n tiene en cuenta que los diputados auton¨®micos, de acuerdo con el Estatuto de Autonom¨ªa catal¨¢n, gozan de "inmunidad e inviolabilidad absoluta por el voto y las opiniones emitidas en el ejercicio de su cargo".

Sin embargo, a rengl¨®n seguido a?ade: "lo que no quiere decir que la resoluci¨®n aprobada el 9 de noviembre carezca de relevancia penal". Para que se pudiera perseguir penalmente a los parlamentarios catalanes por la resoluci¨®n secesionista, "ser¨ªa preciso que se les privara" del acta "en los casos y con las formalidades previstas por la legislaci¨®n vigente", afirma la Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional.

El recurso del ministerio p¨²blico, firmado por el fiscal Daniel Campos, hace una proyecci¨®n penal de las consideraciones que hizo el Tribunal Constitucional sobre la resoluci¨®n independentista del Parlament. Cuando el Constitucional dice que el Parlament "desconoce y vulnera las normas constitucionales que residencian en el pueblo espa?ol la soberan¨ªa nacional" y que hace "una manifiesta negaci¨®n del vigente ordenamiento constitucional", el fiscal hace la siguiente traducci¨®n: "Se est¨¢ describiendo una conducta que podr¨ªa encajar sin mayores esfuerzos en el tipo penal de la sedici¨®n".

La fiscal¨ªa entra tambi¨¦n al fondo de la moci¨®n del Ayuntamiento de Sant Cugat de "apoyo y adhesi¨®n" a la resoluci¨®n "palmariamente ilegal" del Parlament. Otro de los argumentos de De la Mata para archivar la denuncia contra este municipio es que las opiniones est¨¢n amparadas por el derecho fundamental a la libertad de expresi¨®n. El ministerio p¨²blico rebate esta idea: la moci¨®n de apoyo y adhesi¨®n a la resoluci¨®n "palmariamente ilegal" del Parlament "trasciende con creces el ¨¢mbito de la libertad ideol¨®gica o de expresi¨®n" y se suma a un "acto de radical insumisi¨®n a la Constituci¨®n".

Seg¨²n la fiscal¨ªa, las mociones de apoyo a la resoluci¨®n del Parlament, aprobadas en decenas de municipios catalanes gobernados por partidos nacionalistas, no son un hecho aislado, sino que "forman parte de una estrategia planificada y concertada", lo que les da una "gravedad mucho mayor" y puede situarse "ante los perfiles de un contexto sedicioso". Se trata, seg¨²n el ministerio p¨²blico, de "crear una situaci¨®n de hecho" de "incumplimiento contumaz de la legalidad constitucional" como "paso necesario" para obtener la independencia de Catalu?a al margen de las v¨ªas legales. "Esa suma de acuerdos institucionales (¡­) puede acarrear graves consecuencias antijur¨ªdicas por cuanto afectan al n¨²cleo esencial del marco de convivencia dise?ado por la Constituci¨®n", afirma el fiscal, que aprecia que en el caso de Sant Cugat se dan "todos los elementos del tipo penal" de la sedici¨®n ¡°en su fase preparatoria¡±.

El fiscal rechaza el archivo "precipitado" de la denuncia contra el Ayuntamiento de Sant Cugat decretado por el juez De la Mata. "No parece muy adecuado que el instructor realice un juicio de fondo" sin haber practicado "las diligencias m¨ªnimas y necesarias" para precisar si el apoyo municipal a la moci¨®n "obedece a un simple posicionamiento ideol¨®gico" o "como todo apunta (¡­) se trata de una acci¨®n concertada con otros ayuntamientos y organizaciones para favorecer, provocar y conseguir el incumplimiento generalizado del ordenamiento jur¨ªdico".

En su recurso, el fiscal recuerda que otros tres jueces de la Audiencia Nacional ¡ªSantiago Pedraz, Ismael Moreno y Fernando Andreu¡ª han dado tr¨¢mite a al menos cuatro denuncias formuladas contra los Ayuntamientos de Girona, La Seu d¡¯Urgell (Lleida), Igualada (Barcelona), gobernadas por CiU, y Celr¨¤ (Girona), con alcalde de la CUP, que tambi¨¦n aprobaron mociones de apoyo a la resoluci¨®n inconstitucional del Parlament. Fuentes de la Audiencia Nacional afirman que siguen llegando denuncias contra otros municipios por resoluciones similares.