La doctrina ¡®Cristina¡¯

A trav¨¦s de los acusados [en el caso N¨®os], tenemos ante nosotros una ¨¦poca. La base econ¨®mica de ella: la burbuja inmobiliaria. La base pol¨ªtica: el abuso del dinero p¨²blico por tres administraciones del Partido Popular (Baleares, Valencia y Madrid) que va a dotar de un patrimonio a I?aki Urdangarin y a la infanta Cristina, contribuci¨®n a un virtual ¡°cepillo real¡±.

Y estampa de la ¨¦poca actual: un tribunal formado por tres magistradas de la Audiencia de Palma: Samantha Romero, presidenta y ponente; Roc¨ªo Mart¨ªn y Eleonora Moya. Se conocen la causa. Y tienen la formaci¨®n y la experiencia necesaria en corrupci¨®n para estar a la altura.

El primer obst¨¢culo no es balad¨ª. Quiz¨¢ no sean muchos, pero hay magistrados y magistradas con ambici¨®n intelectual y pasi¨®n por los retos que lo dar¨ªan todo por estar en su piel.

Porque se trata de poner orden all¨ª donde hay desorden, habida cuenta de que este tribunal inferior tiene la oportunidad de clarificar la orientaci¨®n jurisprudencial (overruling) que un tribunal superior, la sala segunda del Tribunal Supremo, adopt¨® en diciembre de 2007, en el caso de Emilio Bot¨ªn, el extinto presidente del Banco Santander, y que solo un mes despu¨¦s, en enero de 2008, rectific¨® a trav¨¦s de otra orientaci¨®n o nuevo overruling, en el caso del ex presidente del Parlamento Vasco Juan Mar¨ªa Atutxa.

Tanto el juez instructor, Jos¨¦ Castro, como la Audiencia Provincial, han llevado a la infanta Cristina al banquillo pese a los mismos argumentos o¨ªdos ayer. Ahora la fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa del Estado quieren sacarla del mismo, con el argumento de que son los ¨²nicos que pod¨ªan acusarla y que al abstenerse de hacerlo, una acusaci¨®n popular en solitario, como es el caso, no tiene legitimaci¨®n para salirse con la suya.

Agitan, pues, el fantasma de la doctrina Bot¨ªn que ahora se metamorfosear¨ªa en la doctrina Cristina.

La percepci¨®n del pueblo llano es que cuando la Sala Segunda del Supremo quer¨ªa salvar a Bot¨ªn cambi¨® de manera radical su orientaci¨®n jurisprudencial. Tampoco le result¨® f¨¢cil. El coste: siete votos particulares. Y cuando un mes despu¨¦s la misma sala volvi¨® a romper en el caso Atutxa con lo que hab¨ªa dicho, otros cinco volvieron a discrepar. Este guirigay, al que algunos se atreven a llamar jurisprudencia consolidada, es el que las tres magistradas de Baleares tendr¨¢n que deshacer.

Lo primero y hasta cierto punto sencillo es saber si el zapato de la infanta Cristina, por as¨ª decir, encaja en la horma de Bot¨ªn. La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional no acusaba por los delitos fiscales atribuidos al banco y s¨ª lo hac¨ªa una acusaci¨®n popular.

Pero he aqu¨ª la gran diferencia: la fiscal¨ªa y la Abogac¨ªa del Estado s¨ª acusan por delitos fiscales en el caso N¨®os. Acusan a Urdangar¨ªn, mas no a su socia en la sociedad Aizoon: la Infanta. En cambio, dicen que la Infanta se lucr¨® de los dineros apropiados, por lo que ser¨ªa part¨ªcipe a t¨ªtulo lucrativo. Seg¨²n el juez Jos¨¦ Castro y la Audiencia, ha sido cooperadora necesaria en dos delitos fiscales.

Las tres magistradas, dado que el caso ni siquiera se amolda a la horma de Bot¨ªn, tiene una salida: valorar en el juicio oral la prueba, o¨ªr las contradicciones, y resolver el guirigay jurisprudencial en la sentencia. Lo sabremos el 9 de febrero.