Acuamed present¨® 45 millones en sobrecostes d¨ªas antes del 20-D
Arcadio Mateo llev¨® al consejo de administraci¨®n reclamaciones de obras ahora investigadas
Al consejo de administraci¨®n de Acuamed no le dio tiempo a hacer su habitual reuni¨®n mensual en enero pasado. El d¨ªa 18 la Guardia Civil entr¨® a registrar la sede madrile?a de la empresa p¨²blica por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y se destap¨® la Operaci¨®n Frontino: un millonario esc¨¢ndalo de corrupci¨®n con contratos ama?ados y obras hidr¨¢ulicas infladas. En diciembre, en cambio, el consejo se reuni¨® no una, sino dos veces. El und¨¦cimo punto del d¨ªa, presentado por el director general de Acuamed, Arcadio Mateo, fue la "aprobaci¨®n, si procede, de las reclamaciones presentadas por los adjudicatarios de contratos".
Se trataba de dos reclamaciones que sumadas supon¨ªan 45 millones de euros por encima del presupuesto vigente: la de Acciona, como contratista de la desaladora de Torrevieja; y la de la UTE, liderada por FCC, que se encarga de la descontaminaci¨®n de Flix. Los consejeros, entre los que hay representantes de tres ministerios (Hacienda, Agricultura y Presidencia), se enteraban as¨ª, nueve d¨ªas antes de las elecciones generales del 20 de diciembre y sin que el tema se hubiera tratado en reuniones previas, de que estas dos grandes obras pod¨ªan acabar costando, si ellos lo aprobaban ¡ªno lo hicieron¡ª, 45 millones de euros m¨¢s. Estas obras est¨¢n entre las siete que investiga Velasco.
La reuni¨®n, presidida por la vicepresidenta del consejo, Liana Ardiles (directora general del Agua), se produjo el 11 de diciembre. Pese al enunciado del punto del orden del d¨ªa, no lleg¨® a someterse a votaci¨®n la adopci¨®n de ning¨²n acuerdo con respecto a las millonarias reclamaciones, seg¨²n el acta de la reuni¨®n, a la que ha tenido acceso EL PA?S. Para entonces, la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ya hab¨ªa pedido informaci¨®n en varias ocasiones a Acuamed sobre obras que consideraba sospechosas, entre ellas la de Flix. Y hab¨ªan pasado casi dos a?os desde que Francisco Valiente, exdirector de Ingenier¨ªa y Construcci¨®n de Acuamed, denunciara las presuntas irregularidades y se iniciara la investigaci¨®n. Pasaban los meses y el consejo de administraci¨®n no tomaba medidas.
Los consejeros conocen la reclamaci¨®n de Acciona un a?o y un mes despu¨¦s de que esta empresa la presentara. El dossier sobre la obra de la desaladora de Torrevieja llega en noviembre de 2014. Incluye una descripci¨®n y valoraci¨®n de trabajos reclamados por un importe de 17,5 millones de euros, sin IVA, lo que supon¨ªa un 8% de incremento sobre el presupuesto vigente. Tras recibir el dossier, Acuamed encarg¨® ¡ªseg¨²n el acta, a "la unidad responsable del contrato"¡ª un informe para analizar la reclamaci¨®n. Concluy¨® que deber¨ªa estimarse por los sobrecostes no previstos en el contrato y derivados de "la excepcional duraci¨®n de las obras" por un importe de 7,7 millones de euros. La obra de Torrevieja, planificada como la mayor desaladora de Europa, ten¨ªa que haberse terminado en diciembre de 2008, pero no concluy¨® hasta setiembre de 2013. La empresa siempre ha defendido que esos retrasos, de los que no tuvo la culpa, generaron los sobrecostes. Acciona sigue reclamando esa cantidad a Acuamed.
El caso de Flix es algo m¨¢s complicado y entra de lleno en el n¨²cleo de la supuesta compensaci¨®n ilegal que describe el juez en el auto con el que envi¨® a prisi¨®n sin fianza a la c¨²pula de Acuamed. Los consejeros son informados de que los contratistas del proyecto para eliminar la contaminaci¨®n qu¨ªmica en el embalse de Flix reclaman 45,3 millones de euros por haber incurrido en gastos debidos a modificaciones del contrato. Tambi¨¦n de que ¡°la unidad responsable del contrato¡±, cuyo responsable no se especifica en el acta, admit¨ªa 36,8 millones de euros.
Reclamaci¨®n "ilegal"
El juez Velasco define en su auto esta reclamaci¨®n como "ilegal" y recuerda que los "directivos de Acuamed" la apoyaron, pero que los t¨¦cnicos la negaron. Seg¨²n el instructor, para justificar los ficticios millones reclamados, se certificaron unidades de obra no ejecutadas en expedientes paralelos y se inventaron conceptos extraordinarios que no exist¨ªan con documentaci¨®n falsa. Todo ello para "compensar a FCC siguiendo instrucciones emanadas desde la superioridad", contin¨²a el magistrado, que considera que los directivos de Acuamed quisieron inflar el presupuesto de Flix para compensar a FCC por otra de sus obras, la de la desaladora de Bajo Almanzora, inundada en 2012 y para la que se pact¨® pagar a medias entre Administraci¨®n y contratista la reparaci¨®n. Un acuerdo del que fue informado incluso el entonces ministro de Agricultura, Miguel Arias Ca?ete, y que nunca lleg¨® a materializarse.
La descontaminaci¨®n de Flix y los sobrecostes que supuestamente origin¨® la complicada tarea de eliminar 700.000 metros c¨²bicos de residuos t¨®xicos tuvieron m¨¢s consecuencias dentro de Acuamed. Las diferencias de criterio de varios t¨¦cnicos con la direcci¨®n de Acuamed en cuanto a los gastos en los que efectivamente hab¨ªa incurrido la empresa costaron el puesto a dos de estos t¨¦cnicos y sanciones a dos m¨¢s. Un informe interno de auditor¨ªa sobre Flix permiti¨® al consejo de administraci¨®n de Acuamed despedir a las dos ingenieras responsables de las obras de descontaminaci¨®n, Gracia Ballesteros y Azahara Peralta, en una reuni¨®n celebrada el 30 de julio de 2015.
Seg¨²n el acta de la reuni¨®n, los consejeros fueron informados a la vez del resultado del informe, que describ¨ªa "debilidades e incumplimientos" supuestamente atribuibles a estas responsables, y de la propuesta de las medidas disciplinarias que resultaban de ese informe: los despidos. La decisi¨®n se aprob¨® por unanimidad. El consejo lo presid¨ªa ese d¨ªa Pablo Saavedra, secretario de Estado de Medio Ambiente y, como tal, n¨²mero dos del Ministerio de Agricultura.
Trabajadoras represaliadas
Lo que no recoge el acta es que las dos ingenieras llevaban meses neg¨¢ndose a cumplir las ¨®rdenes que Arcadio Mateo y Gabriela Ma?ueco (directora de Construcci¨®n, el puesto que ten¨ªa Francisco Valiente hasta que lo despidieron), ambos encarcelados ahora por orden del juez Velasco, les daban para que aceptaran beneficiar a determinados contratistas o para firmar sobrecostes. Rebelarse les cost¨® el puesto.
El informe con el que la direcci¨®n de Acuamed justific¨® sus despidos lo elabor¨® un Comit¨¦ de Control Interno creado en noviembre de 2014 ¡ªpoco despu¨¦s de que la Fiscal¨ªa empezara a pedir documentaci¨®n sobre obras concretas¡ª que ¨²nicamente hizo ese trabajo y cuyos miembros escog¨ªa la direcci¨®n de Acuamed. Uno de los integrantes de ese comit¨¦ era Javier G¨®mez, detenido y encarcelado tambi¨¦n por pertenecer a la trama, seg¨²n el juez.
De la segunda reuni¨®n de diciembre no hay constancia documental. A preguntas de EL PA?S, el ministerio asegura que no tiene el acta, pero se?ala que las reclamaciones no fueron aprobadas. Siguen, por tanto, pendientes de pago, y bajo investigaci¨®n en la Audiencia Nacional.
El consejo estuvo meses ignorando la denuncia
2 de abril de 2014
8 de mayo de 2014
14 de octubre de 2014
29 de enero de 2015
3 de febrero de 2015
30 de julio de 2015
Las acusaciones eran muy graves, pero pasaban los meses y la empresa p¨²blica segu¨ªa ignor¨¢ndolas. El an¨¢lisis de las actas del consejo de administraci¨®n de Acuamed permite comprobar c¨®mo las denuncias que el exdirector de Ingenier¨ªa y Construcci¨®n de la empresa p¨²blica, Francisco Valiente, present¨® a los consejeros fueron pasando de reuni¨®n en reuni¨®n sin que llegaran a abordarse.
El consejo de administraci¨®n acord¨® "por unanimidad" el cese de Valiente el 2 de abril de 2014. Ese d¨ªa lo preside Liana Ardiles porque Federico Ramos de Armas, presidente de Acuamed por ser secretario de Estado de Medio Ambiente, ha excusado su presencia. El quinto punto del d¨ªa es "Informaciones relativas al personal directivo de la sociedad". Toma la palabra el director general, Arcadio Mateo del Puerto, hoy encarcelado como presunto cabecilla de la trama de malversaci¨®n de la Operaci¨®n Frontino. Propone el cese de Valiente por "p¨¦rdida total de confianza por parte de la empresa".
Javier Moya, director de los servicios jur¨ªdicos, habla acto seguido y dice que esa es raz¨®n suficiente para rescindir un contrato de alta direcci¨®n como el suyo y que, en caso de que Valiente presente una demanda judicial, "la indemnizaci¨®n ser¨ªa peque?a al llevar ¨²nicamente un a?o en la empresa".
Entonces la secretaria del consejo, Isabel Bonelli, abogada del Estado, informa de que ese mismo d¨ªa ha recibido un requerimiento notarial con documentaci¨®n para ser distribuida entre los miembros del consejo. Es la denuncia de Valiente a partir de la cual la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n y el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco inician sus pesquisas y ordenan detener y encarcelar a directivos de Acuamed y de grandes empresas constructoras.
"No habiendo sido posible su valoraci¨®n jur¨ªdica y t¨¦cnica, dado el escaso tiempo disponible", se?ala el acta, los consejeros se dan por enterados, pero aplazan la cuesti¨®n hasta la siguiente reuni¨®n. Los documentos que presuntamente demuestran los falsos sobrecostes y las actuaciones en beneficio de las constructoras no se estudian. En cambio, el cese de Valiente se aprueba por unanimidad.
El siguiente consejo de administraci¨®n, el 8 de mayo de 2014, aprueba nombrar a Gabriela Ma?ueco Pfeiffer (hoy encarcelada junto con otros tres directivos de Acuamed) como nueva directora de Ingenier¨ªa y Construcci¨®n en sustituci¨®n de Valiente. Y examina la documentaci¨®n del denunciante. El director de la asesor¨ªa jur¨ªdica dice: "No se han apreciado consecuencias jur¨ªdicas de relevancia en la documentaci¨®n estudiada, al tratarse de afirmaciones sin respaldo documental alguno". La secretaria del consejo, abogada del Estado como ¨¦l, estuvo de acuerdo.
Solo un consejero, Ricardo de Alfonso L¨®pez, representante del Ministerio de Hacienda, intervino para "mostrar su preocupaci¨®n" porque pudieran existir partes de alguna obra que pudiera ser certificada sin que realmente se hubiera certificado. Arcadio Mateo habl¨® justo despu¨¦s para tranquilizar al consejo. Dijo que iba a encargar (a Ma?ueco) un informe t¨¦cnico que lo aclarar¨ªa todo.
Pasan los meses. El 14 de octubre de 2014 Mateo entrega a los consejeros el informe t¨¦cnico elaborado por Ma?ueco y les informa de que la Fiscal¨ªa les ha solicitado informaci¨®n. Pese a contar con abogados del Estado dentro de la organizaci¨®n, encargan al despacho G¨®mez-Acebo y Pombo que les asesore.
En noviembre vuelve a tratarse la cuesti¨®n de las supuestas irregularidades. Mateo asegura que las actuaciones a las que se refiere la denuncia presentada ante la Fiscal¨ªa "no son las mismas" que las del escrito que Valiente entreg¨® mediante notario a Acuamed. Asegura que solo coinciden dos obras. El consejo acuerda la puesta en marcha del Comit¨¦ de Control Interno (CCI).
En enero de 2015 el consejo decide que la primera obra que audite el CCI sea la descontaminaci¨®n de Flix. Mateo informa de que no tienen respuesta de la Fiscal¨ªa a la documentaci¨®n que enviaron dos meses antes. Una consejera, Pilar V¨¢zquez, abogada del Estado, formula preguntas concretas sobre algunas de las obras investigadas: la desaladora del Bajo Almanzora, la de Carboneras, las obras de La Rambla Gallinera o la desaladora de Muchamiel. El acta no especifica qu¨¦ fue lo que pregunt¨® ni qu¨¦ respuesta recibi¨®.
El consejo aprueba el plan de actuaciones del CCI para 2015. Estudiar¨¢ cuatro obras: Flix, laminaci¨®n y prevenci¨®n de avenidas en el r¨ªo Serpis, desaladora de ?guilas y la interconexi¨®n Carboneras-Cuevas de Almanzora. Es decir, ninguna de las que Pilar V¨¢zquez menciona en la reuni¨®n anterior del consejo.
En los meses siguientes distintos trabajadores se niegan a participar en las supuestas irregularidades que se est¨¢n cometiendo. Son los "funcionarios probos" que menciona el juez Velasco en su auto de enero. "Si se negaban a la irregularidad" eran removidos de su cargo o incluso destituidos, asegura.
As¨ª sucede. El consejo de administraci¨®n se re¨²ne el 30 de julio de 2015, presidido por primera vez por Pablo Saavedra, reci¨¦n nombrado secretario de Estado de Medio Ambiente, y aprueba por unanimidad dos despidos y dos sanciones basados en el informe sobre Flix del CCI.
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