El gasto para formaci¨®n en Andaluc¨ªa no pas¨® por los interventores

Los interventores de la Junta de Andaluc¨ªa no detectaron el menoscabo de fondos p¨²blicos en los cursos de formaci¨®n, que de momento se eleva a 72 millones seg¨²n el Ejecutivo auton¨®mico, por la fragilidad de la normativa, que imped¨ªa su revisi¨®n. Esta ma?ana se ha iniciado la comisi¨®n de investigaci¨®n de los cursos de formaci¨®n en el Parlamento andaluz a la que acudir¨¢n 69 personas, entre ellas 34 pol¨ªticos. La interventora de la Junta en C¨¢diz, Nieves Chao, ha subrayado c¨®mo la normativa de control impuesta por el Gobierno andaluz para el reparto de 3.000 millones en ayudas para la formaci¨®n en la ¨²ltima d¨¦cada era "muy mejorable".

"?Se ha hecho algo bien? ?En algo se ha cumplido la norma?". A esta sorprendente pregunta de la diputada Elena Cort¨¦s, Chao respondi¨® de manera escueta y gr¨¢fica: "No lo s¨¦". La explicaci¨®n a este desconocimiento reside en la norma, que impide a la Intervenci¨®n examinar los justificantes del gasto de los cursos de formaci¨®n. Los interventores solo certificaban si las empresas cumpl¨ªan los requisitos para obtener las subvenciones. La norma imped¨ªa que los justificantes de gastos de las empresas llegaran a los interventores, que solo recib¨ªan un certificado de la Junta. Esta norma a¨²n pervive.

El ¨²nico cambio adoptado por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) lleg¨® en 2012, cuando impuso el control financiero permanente, que obliga a una fiscalizaci¨®n anual y cuenta con una unidad de control interno en el propio SAE. Pero el problema de fondo permanece.

Tanto Chao como el interventor en Almer¨ªa, Juan Jos¨¦ Castillo, han confirmado a los 10 diputados de cinco grupos (PSOE, PP, IU, Ciudadanos y Podemos) que no detectaron el "menoscabo" de fondos p¨²blicos en las subvenciones. "Los expedientes est¨¢n vivos, no han prescrito (...) Todo es revisable y el da?o todav¨ªa no se ha producido", ha matizado Castillo. Hasta 2012 la Junta fue incapaz por falta de funcionarios de revisar la enorme cantidad de ayudas, y esa revisi¨®n la lleva a cabo desde hace un a?o la Consejer¨ªa de Econom¨ªa, que peina 5.300 expedientes y en los que de momento ha detectado 72 millones que los empresarios y sindicatos deben devolver a la Administraci¨®n al incumplirse la normativa.

Tras criticar la norma que les impidi¨® detectar el fraude, los interventores incidieron en la falta de personal y su escasa preparaci¨®n para fiscalizar expedientes. En Almer¨ªa por ejemplo son solo siete funcionarios para revisar m¨¢s de 20.000 expedientes cada a?o, entre ellos los de la formaci¨®n, situaci¨®n que provoca un continuo "atasco". "Ustedes han sido enga?ados por los pol¨ªticos", censur¨® la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero

Mientras Castillo detect¨® irregularidades -que provocaron "errores" de tipo administrativo- y la delegaci¨®n de la Junta sigui¨® sus sugerencias, Chao propuso a la delegaci¨®n de la Junta en C¨¢diz una serie de recomendaciones para cambiar la detecci¨®n del fraude. Como el Ejecutivo ignor¨® a la interventora en C¨¢diz, tuvieron como consecuencia la emisi¨®n de un informe de actuaci¨®n desde la Intervenci¨®n, un aviso para que el Gobierno hiciera caso de sus recomendaciones.

"Los interventores han dicho que no se cumpl¨ªa la ley por parte del Servicio Andaluz de Empleo y la legislaci¨®n dejaba mucho que desear. Las exoneraciones imped¨ªan el seguimiento. Si fuera por el PSOE, aqu¨ª no ha pasado nada, pero hay 18 juzgados investigando", censur¨® el diputado de Podemos Juan Ignacio Yag¨¹e. Cort¨¦s matiz¨® que "a los interventores se les ha impedido fiscalizar que el dinero se gastara correctamente".