La Audiencia Nacional estudiar¨¢ la legalidad de la mina de uranio de Salamanca
El tribunal admite a tr¨¢mite un recurso contra la autorizaci¨®n que dio el Ministerio de Industria
La Audiencia Nacional ha admitido a tr¨¢mite un recurso contencioso administrativo contra la decisi¨®n del Ministerio de Industria de autorizar el pol¨¦mico proyecto de una mina de uranio en Salamanca. Industria concedi¨® hace unos meses el permiso previo de instalaci¨®n radiactiva a la planta de fabricaci¨®n y residuos, que dos colectivos ecologistas recurrieron. El proyecto de la minera Berkeley, en una zona despoblada cercana a Portugal, pretende abrir la que ser¨ªa la ¨²nica explotaci¨®n a cielo abierto de uranio de toda Europa.?
La Audiencia Nacional va a estudiar la legalidad de la autorizaci¨®n previa que el Ministerio de Industria concedi¨® a Berkeley en septiembre pasado. El proyecto de la empresa australiana consiste en extraer el mineral de uranio y tratarlo?en una instalaci¨®n que se construir¨ªa a pocos metros de la mina, entre los peque?os municipios de Retortillo y Villavieja de Yeltes. La ¨²ltima planta de fabricaci¨®n de concentrados de uranio en Espa?a dej¨® de funcionar en 2003.?
El proyecto es controvertido no solo por su repercusi¨®n medioambiental sino tambi¨¦n por la participaci¨®n en ¨¦l de Manuel Lamela, exalto cargo del exministro de Agricultura, Miguel Arias Ca?ete. Lamela ha asesorado a Berkeley ante la Comisi¨®n Europea, que en mayo de 2015 emiti¨® un dictamen favorable al proyecto. Se trata de un documento llamado "parecer", que no es vinculante, y que en el caso de la mina de Salamanca iba firmado por Arias Ca?ete.
Lamela se inscribi¨® en el registro comunitario de lobbies en diciembre de 2014. El parecer positivo de la Comisi¨®n es de mayo de 2015, pero el texto con la informaci¨®n sustancial (como la inversi¨®n) se mantiene secreto porque, seg¨²n ha explicado un portavoz, la compa?¨ªa no ha dado permiso para que se revele. Berkeley lo niega y asegura que s¨ª lo ha autorizado.
Enviar los expedientes
La Audiencia Nacional ya ha requerido al Ministerio de Industria que le env¨ªe los expedientes administrativos del proyecto y que notifique a la empresa que se inicia el pleito para que se persone como demandada, seg¨²n el decreto de admisi¨®n, firmado el pasado 22 de abril, al que tuvo acceso EL PA?S.
Como el proyecto de Berkeley se considera instalaci¨®n radiactiva de primera categor¨ªa, la tramitaci¨®n sigue los mismos pasos que con una nueva central nuclear. Por ahora tiene la autorizaci¨®n previa de Industria, que es lo que han recurrido Equo y Ecologistas en Acci¨®n.?
¡°Vamos a argumentar que la declaraci¨®n de impacto ambiental positiva que le dio la Junta de Castilla y Le¨®n no vale porque la evaluaci¨®n de un proyecto como este la tiene que hacer el Estado¡±, explic¨® el abogado de ambos grupos, Manuel Serrano.
¡°Tambi¨¦n alegaremos que, como el proyecto se desarrolla a pocos metros de Portugal, era obligatorio consultarle¡±, a?adi¨®. ¡°Con esta admisi¨®n a tr¨¢mite conseguimos que Berkeley no adquiera derechos y esperar a que un nuevo Gobierno pueda rectificar¡±, se?al¨® Serrano.
Varios eurodiputados espa?oles han preguntado a la Comisi¨®n Europea por este proyecto, tanto por su cercan¨ªa a espacios naturales protegidos como por el papel que ha jugado el ahora comisario europeo Arias Ca?ete.?
investigacion@elpais.es
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