El juez ordena exhumar los restos de dos fusilados del Valle de los Ca¨ªdos
La nieta de las v¨ªctimas acudi¨® a la v¨ªa civil para recuperar los cad¨¢veres de sus parientes del monumento franquista
Un juez ha ordenado desenterrar, identificar y entregar a la familia los restos de dos hermanos de Calatayud (Zaragoza) fusilados por miembros de la Falange en los primeros meses de la Guerra Civil y supuestamente inhumados en 1959 en un columbario del Valle de los Ca¨ªdos. El juzgado de Primera Instancia n¨²mero 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) ha reconocido ¡°el derecho a la digna sepultura¡± de Manuel Lape?a Altab¨¢s y su hermano Antonio Ramiro, cuya familia acudi¨® a la v¨ªa civil para recuperar sus restos, tras haberlo intentado a trav¨¦s de las jurisdicciones penal y contencioso administrativa.
Manuel Lape?a, inspector veterinario y abuelo de la demandante, y su hermano menor Antonio, herrero de profesi¨®n, fueron detenidos en julio de 1936 en Villarroya de la Sierra, localidad cercana a Calatayud. Su familia se encontraba entre los fundadores del sindicato anarquista CNT en la comarca. Seg¨²n su nieta, Manuel fue "sacado" de la c¨¢rcel por miembros de la Falange y fusilado en el barranco de la Bartolina, en las afueras de la localidad, y supuestamente enterrado en una fosa com¨²n del mismo paraje. Su hermano, que consigui¨® escapar en un primer momento, cometi¨® el error de entregarse a las fuerzas franquistas y, tras un breve periodo en prisi¨®n, fue asesinado en la tapia del cementerio bilbilitano e inhumado en un enterramiento colectivo.
En 1959, el Ministerio de Gobernaci¨®n, antecedente del Ministerio del Interior, traslad¨® al Valle de los Ca¨ªdos los restos de varias fosas comunes, entre ellas las de la zona de Calatayud, para enterrarlos junto a la que posteriormente ser¨ªa la tumba de Franco. Existe una certificaci¨®n del abad benedictino de Cuelgamuros de que los restos procedentes de esa comarca se encuentran probablemente en un columbario concreto, en el tercer piso de la Cripta del Sepulcro. La familia de las dos v¨ªctimas ha esgrimido este documento en sus reclamaciones judiciales por las v¨ªas penal y contencioso administrativa, que no han puesto en duda su validez.
El juez entiende que existen ¡°indicios¡± que ¡°determinan¡± que ¡°los restos cadav¨¦ricos de los familiares de la solicitante se encuentran en el Valle de los Ca¨ªdos (¡) sin que se les haya procurado b¨²squeda, identificaci¨®n y digna sepultura¡±. El magistrado recuerda las dificultades que entra?a esta identificaci¨®n. En el Valle de los Ca¨ªdos se encuentran sepultados al menos 33.847 personas pertenecientes a ambos bandos de la Guerra Civil. De la zona de Calatayud fueron enterrados 81 restos en nueve cajas, cada una de ellas con los restos de nueve personas registradas en 1959 como ¡°desconocidos¡±.
El PP dice ahora que es ¡°de justicia¡± recuperar los restos de fusilados
Preguntado por la decisi¨®n del juez y si cre¨ªa que Patrimonio Nacional deber¨ªa autorizar ahora la exhumaci¨®n, el portavoz del PP, Pablo Casado, ha asegurado: ¡°En Espa?a cualquier familia que busque a sus seres queridos va a contar con el apoyo de todas las instituciones. Es de justicia y ser¨ªa insoportable vivir sin tener los restos de un familiar querido y m¨¢s a¨²n cuando las nuevas t¨¦cnicas lo permiten¡±.
La ONU, no obstante, ha reprendido en varias ocasiones al Gobierno de Rajoy precisamente por no ayudar a los familiares de las v¨ªctimas del franquismo que a¨²n yacen en fosas y cunetas a recuperar los restos. De hecho, el Ejecutivo?ha eliminado las partidas presupuestarias que la ley de memoria hist¨®rica destinaba a las asociaciones para la localizaci¨®n y exhumaci¨®n de fusilados.
Preguntado por esa contradicci¨®n, Casado ha mantenido que la ley de Zapatero pretend¨ªa ¡°dividir a los espa?oles¡± y que la mayor parte de su presupuesto se destinaba a divulgaci¨®n y no a la b¨²squeda de v¨ªctimas. En cualquier caso, el portavoz popular ha aprovechado la pregunta para reivindicar la Transici¨®n y c¨®mo ¡°todas las fuerzas pol¨ªticas, incluido el partido comunista, se pusieron de acuerdo para pasar p¨¢gina¡±.
El magistrado menciona un informe de Patrimonio Nacional llevado a cabo en 2011 en el que se informa de que en 1990 se llevaron a cabo movimientos de restos desde el piso primero de la Cripta del Sant¨ªsimo a la Cripta del Pilar. El juez afirma desconocer el ¡°origen¡± y la ¡°legalidad¡± de dicho informe, pero subraya que estos movimientos no afectaron a la Cripta del Sepulcro, donde se encuentran los restos. Sin embargo, en los pisos 3? a 5? de dicha cripta surge un problema t¨¦cnico: una serie de columbarios dispuestos a modo de muro obstruyen el acceso. El juez sostiene que estas cajas que taponan el paso pueden ser trasladadas ¡°de la misma forma que ya lo han sido otros restos del cementerio¡±.
El abogado Eduardo Ranz, que ha representado a la familia de las dos v¨ªctimas, conf¨ªa ahora en la buena fe de Patrimonio Nacional, de quien depende el Valle de los Ca¨ªdos, para proceder a la exhumaci¨®n e identificaci¨®n con ADN de los restos de los hermanos Lape?a Altab¨¢s. Esta misma semana Ranz realizar¨¢ la petici¨®n, a la que adjuntar¨¢ el auto, para que comience el ¡°trabajo cient¨ªfico¡±, para el que propondr¨¢n el concurso de forenses de ¡°prestigio incluso internacional¡±. Seg¨²n el letrado, ser¨ªa ¡°temerario¡± que Patrimonio Nacional se opusiera a esta petici¨®n una vez ha sido ordenada por un juez y es firme, ya que la Fiscal¨ªa no ha recurrido.
Ranz lamenta que el Gobierno, en una reforma de 2015, haya eliminado el art¨ªculo del C¨®digo Civil sobre la perpetua memoria que ha permitido este procedimiento legal.
La decisi¨®n judicial ya ha suscitado resquemores. La Asociaci¨®n de Defensa del Valle de los Ca¨ªdos pidi¨® ayer a Patrimonio Nacional que se abstenga de "tocar y manipular los restos de cualquier persona inhumada en los osarios de la Bas¨ªlica" en la b¨²squeda de los hermanos Lape?a Altab¨¢s. La asociaci¨®n exige que si se procede a una "manipulaci¨®n" de los restos de otros enterrados se notifique previamente a sus familias para evitar un delito de "profanaci¨®n", informa Natalia Junquera.
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