El Tribunal de Cuentas condena a Alfonso Alonso y Javier Maroto a pagar 393.000 euros

Alfonso Alonso, ministro de Sanidad en funciones y presidente del PP vasco, y el vicesecretario nacional de Sectorial de este partido, Javier Maroto, han sido condenados por el Tribunal de Cuentas de Espa?a a pagar?393.000 euros por contratar el alquiler de unas oficinas en Vitoria a un precio muy superior al del mercado. Los hechos se produjeron en 2007, cuando Alonso era el alcalde de Vitoria y Maroto el delegado de Hacienda.

Los dirigentes del PP han anunciado en una nota que van a recurrir. Recuerdan adem¨¢s que no se trata de un caso de corrupci¨®n y critican a la ponente de la sentencia a la que cuestionan porque fue designada "directamente por el PSOE a propuesta de IU". "El Tribunal de Cuentas es una jurisdicci¨®n administrativa, no judicial, y quien firma la sentencia es una consejera de Cuentas de naturaleza administrativa, no jueza", explican.

Los hechos son los siguientes. El local hab¨ªa sido adquirido por?Gonzalo Ant¨®n (un conocido empresario que presidi¨® el Club Deportivo Alav¨¦s y que dirige varios restaurantes, entre ellos el afamado Zaldiaran) apenas un a?o antes por 2,7 millones y el contrato le iba a reportar 7,6. Las condiciones de ese contrato generaron tal esc¨¢ndalo en la ciudad que la oposici¨®n ¡ªel PP gobernaba en minor¨ªa¡ª constituy¨® una comisi¨®n de investigaci¨®n, cuyas conclusiones se hicieron p¨²blicas en abril de 2014. Una de ellas propon¨ªa la remisi¨®n del contrato al Tribunal de Cuentas del Estado, tras constatar que perjudicaba a las arcas p¨²blicas.

El empresario compr¨® la lonja en enero de 2006 y, a finales de ese mismo a?o, ya negociaba su venta con el Ayuntamiento. Alonso y Ant¨®n firmaron el contrato en febrero de 2007 por un precio final de alquiler de 7,6 millones de euros, y por un plazo de 20 a?os. Curiosamente la petici¨®n inicial de la propiedad era de 10 a?os. Los m¨¢s de siete millones se divid¨ªan en 6,1 millones de euros por el alquiler y 1,5 millones de euros por las obras de acondicionamiento que coste¨® el presupuesto p¨²blico.

En total, tres veces el precio de compra de la lonja y, adem¨¢s, con una cl¨¢usula de blindaje. Si se romp¨ªa el contrato, el Ayuntamiento deb¨ªa pagar los 20 a?os ¨ªntegros. Las sospechas de que el precio estaba pactado al margen del mercado y las advertencias de los servicios municipales se dispararon cuando se conocieron varios correos electr¨®nicos en los que, apenas un mes antes de la firma, Ant¨®n escribi¨® alarmado al Ayuntamiento porque la propuesta que hab¨ªa recibido de Hacienda ¡ªel concejal de Hacienda era el actual alcalde Javier Maroto¡ª no reflejaba la cantidad mensual negociada. Sin embargo, incorporaba subidas anuales del precio de entre tres y nueve puntos sobre el IPC. ?Por qu¨¦? Porque el informe de los t¨¦cnicos municipales aconsejaba un alquiler de 10.000 euros y el empresario propon¨ªa 18.500. Para equipararse lo antes posible, las subidas anuales eran del IPC m¨¢s un 9%.

Esas condiciones, precios y blindaje, fueron modificadas cuando salt¨® el esc¨¢ndalo al hacerse p¨²blico el contrato en 2014. Maroto y Ant¨®n revocaron el blindaje y rebajaron el precio. El PP siempre ha manejado la tesis de que el asunto est¨¢ prescrito.? El Tribunal de Cuentas no lo cree as¨ª. En febrero de 2015 impuso una fianza conjunta de medio mill¨®n de euros a Alonso, Maroto y al resto de ediles de aquel Gobierno municipal ¡ªtambi¨¦n investigados en esta causa¡ª por el presunto "perjuicio" causado a las arcas p¨²blicas con este contrato. Y esta ma?ana les ha condenado definitivamente.