Sexo, drogas y corrupci¨®n en la polic¨ªa local de Palma

Palizas a prostitutas, connivencia con bandas de carteristas, droga requisada que se revend¨ªa despu¨¦s, elevadas sanciones a locales por infracciones inexistentes, alcohol y sexo gratis a cambio de avisar de las inspecciones, amenazas y cambios de destino a quienes trataban de revelar las irregularidades.

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Cap¨ªtulos como estos han sido denunciados por decenas de testigos ante el magistrado del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 12 de Palma, Manuel Penalva, y el fiscal anticorrupci¨®n Miguel ?ngel Subir¨¢n, que investigan desde hace casi tres a?os un caso de presunta corrupci¨®n en el seno de la polic¨ªa municipal de Palma. Las pesquisas han destapado una trama, amparada seg¨²n el juez por mandos policiales y responsables pol¨ªticos, de trato de favor empresarios y de acoso y derribo mediante multas y sanciones a quienes no aceptaban los chantajes. El caso ha llevado a pasar por la c¨¢rcel a m¨¢s de una quincena de agentes del cuerpo, de los que seis permanecen todav¨ªa en prisi¨®n preventiva.

El juez ha levantado de forma parcial el secreto de las actuaciones, que arrojan m¨¢s de 24.000 folios con informes de la Guardia Civil y Hacienda, transcripciones de pinchazos telef¨®nicos entre los agentes investigados y decenas de testimonios de empresarios extorsionados por la presunta trama corrupta y de trabajadoras de clubes de alterne a los que supuestamente acud¨ªan gratis polic¨ªas y pol¨ªticos a cambio de avisar de las inspecciones y archivar denuncias.

El juez implica a pol¨ªticos del ¨¢mbito local que ten¨ªan responsabilidades en el Ayuntamiento, salpicando de lleno al actual presidente del PP palmesano. Jos¨¦ Mar¨ªa Rodr¨ªguez es un hist¨®rico y veterano dirigente del partido, que intent¨® ser alcalde de Palma, fue consejero de Interior en el Gobierno de Jaume Matas y logr¨® alcanzar la Delegaci¨®n del Gobierno en Baleares. Un cargo al que se vio obligado a renunciar en 2012 cuando el juez Jos¨¦ Castro le imput¨® en una pieza separada del caso Palma Arena que investigaba facturas falsas vinculadas a la publicidad de las elecciones auton¨®micas de 2007.

El juez Penalva acusa a este l¨ªder popular de ser "el art¨ªfice en la sombra¡± del organigrama corrupto que se pretend¨ªa crear "mediante turbias maniobras". Seg¨²n se desprende de las declaraciones de los testigos recogidas en el sumario, Rodr¨ªguez se reun¨ªa en la sede del PP palmesano con el entonces concejal de Turismo, ?lvaro Gij¨®n, y algunos de los agentes investigados en la trama para dise?ar una nueva estructura policial en la que ¡°¨²nicamente se incorporar¨ªan personas afines al PP¡±. Otro de los testimonios recogidos en la causa apunta que los empresarios que no se somet¨ªan a las finalidades de Rodr¨ªguez eran presionados a trav¨¦s de grupos policiales ¡±a base de inspecciones y de denuncias injustificadas¡±.

Sexo a cambio de archivar denuncias

Las narraciones de empresarios y trabajadores presuntamente extorsionados y de polic¨ªas locales que denunciaron las pr¨¢cticas ilegales de sus compa?eros revelan cap¨ªtulos de coacciones, amenazas y palizas. M¨¢s de diez mujeres, cuya identidad ha sido protegida por seguridad, narran ante el juez y el fiscal el calvario sufrido en los locales de alterne en los que trabajaban y que eran visitados casi a diario por los agentes implicados en la trama, que supuestamente obten¨ªan sexo, alcohol y, en ocasiones, hasta droga gratis a cambio de avisar de inspecciones y archivar actas de infracci¨®n.

Uno de los establecimientos de alterne se abr¨ªa a las cinco de la tarde "solo para pol¨ªticos" seg¨²n narra una testigo, que asegura que todas las j¨®venes que trabajan en el local "sab¨ªan que se entregaban sobres con dinero a pol¨ªticos, agentes locales y guardias civiles". Las mujeres afirman que algunos de los empresarios organizaban fiestas privadas en fincas, en las que ten¨ªan que acostarse con los asistentes, "alcaldes de Mallorca, jefes de polic¨ªa y cargos pol¨ªticos". Una testigo relata que en una de las ocasiones hab¨ªa una menor de edad que fue obligada a prostituirse.

El fiscal Subir¨¢n tambi¨¦n acusa a los agentes de tener una aut¨¦ntica red de empresas paralelas a su trabajo como polic¨ªas y amenazar a los due?os de los locales si no contrataban sus servicios. Suministraban personal de limpieza, m¨¢quinas expendedoras, agentes de seguridad, sistemas de vigilancia y seguros a numerosos establecimientos a los que, seg¨²n algunos testigos, los agentes implicados ten¨ªan acceso libre y gratuito. Unos servicios que costaban caro a quienes no pasaban por el aro. Un solo local de alterne recibi¨® 25 inspecciones en 12 d¨ªas, mientras que el establecimiento contiguo, que contrat¨® los servicios de los agentes, no sufri¨® ninguna.

El caso lleva tres a?os instruy¨¦ndose en los Juzgados de Palma y tanto el juez Penalva como el fiscal Subir¨¢n fueron autorizados por la Direcci¨®n General de la Guardia Civil a llevar armas, despu¨¦s de que ambos lo solicitaran al sentirse amenazados y temer por su integridad a ra¨ªz de las ¨®rdenes de prisi¨®n dictadas contra un gran n¨²mero de agentes. El fiscal denunci¨® seguimientos, el robo de objetos personales y el allanamiento de su domicilio.