Desahucio err¨®neo por orden judicial
El ministerio solo admiti¨® un 16% de las casi 9.000 denuncias contra juzgados por funcionamiento defectuoso
¨C¡°El auto dice que es el 1? B y es el 1? B¡¡±, ¨Csentenci¨® el funcionario de la comisi¨®n judicial de desahucios.
Meses antes Artemio recibi¨® en su casa un aviso del juzgado de que iba a desahuciarle. Contact¨® con el ¨®rgano judicial y le alert¨® del equ¨ªvoco. Su piso no deb¨ªa nada a nadie. Un funcionario le coment¨® entonces a Artemio ¡°que har¨ªa constar en la car¨¢tula del expediente¡± el n¨²mero correcto del piso afectado, ¡°para que, cuando vaya la comisi¨®n judicial, no se equivoque¡±, le indic¨®.
Su piso era el 1? B, y el afectado, el moroso con el banco, el bajo B. Ambas viviendas se hallan en el n¨²mero 3 de la plaza Obrero Castro L¨®pez, en Granada, seg¨²n describe Artemio en la denuncia que interpuso ante el Consejo del Poder Judicial por el grave error judicial que padeci¨®. Al funcionario debi¨® olvid¨¢rsele la anotaci¨®n en la car¨¢tula, ya que el 11 de noviembre de 2013 Artemio perdi¨® durante casi un d¨ªa su casa (y m¨¢s cosas) por orden del Juzgado de Primera Instancia 11 de Granada. Fue una actuaci¨®n ¡°incomprensible y brutal¡±, refiere.
Ni por lo m¨¢s remoto imagin¨® Artemio E.M.E., un profesor de instituto de Granada, que la justicia irrumpir¨ªa en su casa como una apisonadora, sin estar ¨¦l
El propio secretario del juzgado le visit¨® en su casa para pedirle disculpas y ordenar que se le devolviera todo lo arrebatado. Pero ya era tarde: ¡°los operarios hab¨ªan tirado al vertedero sus enseres personales: ropa, zapatos, herramientas, ¨²tiles de limpieza, colchones, s¨¢banas, etc¨¦tera¡±. Artemio tas¨® ¡°los da?os y perjuicios¡± del err¨¢tico desahucio ¡°en 36.332 euros¡±. El Consejo del Poder Judicial le ha dado la raz¨®n y sostiene que debe ser indemnizado porque la comisi¨®n de desahucios se equivoc¨® de casa sin realizar una m¨ªnima averiguaci¨®n, y pese a la alerta vecinal.
El de Artemio no es un error aislado. El Ministerio de Justicia es muy restrictivo a la hora de pagar por errores judiciales. Justicia no ha podido facilitar los millones que tiene que desembolsar para reparar errores judiciales. Desde el a?o 2000, se han presentado 8.800 reclamaciones por funcionamiento anormal de la justicia. De ellas, solo ha estimado como indemnizables 1.420 casos. El ministerio no especifica en su estad¨ªstica los desahucios err¨¢ticos, los incluye dentro del ep¨ªgrafe ¡°otros¡± errores. 213 quejas y reclamaciones constan entre los a?os 2006 y 2015 bajo ese ep¨ªgrafe, seg¨²n datos del Ministerio de Justicia. Aproximadamente la mitad fueron lanzamientos err¨¢ticos.
Otro ejemplo en el que la justicia mostr¨® su faz m¨¢s ciega y sorda, obviando asimismo la alerta vecinal, lo padeci¨® Roberto F. F. Por orden del Juzgado n¨²mero 4 de Le¨®n, el 29 de julio de 2014, la comisi¨®n de desahucios irrumpi¨® en su casa de Pola de Gord¨® y se la puso patas arriba. Sin estar ¨¦l presente, le cambiaron las cuatro cerraduras de su vivienda. Vigilaban seis guardias civiles. Roberto acudi¨® corriendo al juzgado y al banco, escritura en mano, y logr¨® que le dieran las llaves de las nuevas cerraduras. 3.000 euros en da?os.
A un funcionario del juzgado se le olvid¨® anotar el n¨²mero correcto del piso que iba a ser desahuciado
Horst Otto E. E. pidi¨®, por su lado, al ministerio 500 euros de los gastos del viaje (y rotura de la puerta) que tuvo que realizar desde Alemania tras avisarle un vecino de que le hab¨ªan desahuciado de su casa de Alcudia (Baleares) por orden de un juzgado de Inca. La afectada era otra casa, no la suya. Los vecinos tambi¨¦n alertaron del error, pero la comisi¨®n hizo o¨ªdos sordos.
Jos¨¦ Mar¨ªa L. H. lleg¨® a su casa cansado de trabajar. Y al ir a abrir la puerta vio ¡°dos cortes de 30 cent¨ªmetros cada uno al lado de la cerradura¡±, y sus llaves no entraban. Asustado, fue al cuartel de la Guardia Civil de Arges (Toledo), donde le informaron m¨¢s tarde que hab¨ªa sido desahuciado por el juzgado 4 de Toledo. ¡°Pero si mi casa no era, es la colindante¡±, les dijo a los guardias. 629 euros le cost¨® una nueva puerta. Denunci¨® el caso en los tribunales y gan¨®. El Ministerio de Justicia, al tratarse de una sentencia judicial, le ha pagado sin m¨¢s tr¨¢mites.
El Audi destrozado. El juzgado 2 de Valdemoro orden¨® en octubre de 2004 el decomiso de un Audi de alta gama en el marco de una operaci¨®n antidroga. El veh¨ªculo era de una persona que nada ten¨ªa que ver con la operaci¨®n, y quien durante a?os pidi¨® insistentemente al juzgado su devoluci¨®n, sin ¨¦xito. El juez se lo entreg¨® para su uso a la Guardia Civil antidroga. Diez a?os despu¨¦s, la Audiencia de Madrid orden¨® por fin devolv¨¦rselo. Pero el coche ya no exist¨ªa. Estuvo a?os estacionado pr¨¢cticamente en la calle, tras cansarse los agentes de ¨¦l. Los cacos le robaron piezas. Estaba tan deteriorado que la Delegaci¨®n del Gobierno en Madrid orden¨® su destrucci¨®n en febrero de 2010.? Su due?o pide 21.000 euros de indemnizaci¨®n. El Poder Judicial le ha dado la raz¨®n.
Cuando el juez yerra y le da el dinero al moroso. Conseguir tras meses o a?os que un inquilino pague por fin sus deudas, aunque sea gracias a la intervenci¨®n del juez, resulta alentador siempre y cuando el juzgado no se equivoque y entregue el dinero que forzosamente ha consignado el moroso al propio moroso. Tras dos a?os de pleito, Jes¨²s ?ngel P. C. consigui¨® que el juez obligase a su inquilino a consignar los 28. 300 euros que le adeudaba en rentas y otros gastos. Un funcionario del Juzgado 1 de Ferrol, con la firma del juez, escribi¨® lo siguiente en un mandamiento de pago, una vez concluido el proceso: ¡°que el dinero que ha sido ingresado (consignado) en esta cuenta por Pepo Ferrol, S.L.¡± sea entregado ¡°a Pepo Ferrol¡±, el moroso.
Entiende Jes¨²s ?ngel que se le ¡°ha privado¡±, por ¡°un funcionamiento defectuoso de la Justicia¡±, de ¡°un dinero que ya ten¨ªa en su poder por el pago del deudor¡± y que, en lugar de ¡°hacer lo procedente, d¨¢rselo a su leg¨ªtimo due?o¡± se le ha entregado ¡°al propio deudor¡±, con la desgracia de que el dinero se evapor¨® en manos del deudor y ya no se pudo ¡°recuperar¡±. ¡°Fue un proceder an¨®malo¡±, seg¨²n lo define el Consejo en un informe en el que da la raz¨®n al denunciante.
Un caso parecido denunci¨® la firma Laura Otero, S. A. El asunto lo llev¨® el Juzgado 2 de Castuera (Badajoz). Hab¨ªa una sentencia que dec¨ªa que la firma Garc¨ªa Le¨®n Exonra deb¨ªa pagar a Laura Otero, S. A., 30.000 euros. El juez hab¨ªa logrado trabarle el dinero de unas cuentas. Bastaba entregarlo al acreedor. Pero se equivoc¨® y libr¨® un ¡°mandamiento de pago a favor de Garc¨ªa Le¨®n Exontra¡±. Corr¨ªa mayo de 2014. Cuando advirti¨® el entuerto, el juez intent¨® recuperarlo, pero tambi¨¦n era tarde. El procurador dijo que hab¨ªa dado al cliente los 30.000 euros y que este no hab¨ªa vuelto a dar se?ales de vida (ni del dinero).
investigacion@elpais.es
221 encarcelados o detenidos injustamente
La tipolog¨ªa de errores judiciales es tan variada como da?ina para los damnificados: dilaciones excesivas e il¨®gicas en la tramitaci¨®n de los procesos (causa que sustenta el mayor porcentaje de denuncias), destrucci¨®n, p¨¦rdida o deterioro de objetos decomisados en operaciones por los jueces; personas obligadas a viajar a otras ciudades, pag¨¢ndose de sus bolsillos los gastos, para acudir como testigos a juicios que se suspenden sin previo aviso, o usuarios (y de esto hay muchos casos) que denuncian un delito o falta y cuyos culpables quedan totalmente absueltos porque prescribe la infracci¨®n sin que haya habido juicio, por inacci¨®n del juez. Y lo que es peor: tambi¨¦n hay numerosos casos de personas llevadas a prisi¨®n siendo inocentes. Justicia no ha podido facilitar los datos sobre los millones que paga en indemnizaciones por errores judiciales.
Entre 2003 y 2015, un total de 221 personas han estado privadas de libertad injustamente, 110 por detenci¨®n sin causa con calabozo incluido y 111 encarceladas pese a que eran inocentes, por confusi¨®n de identidad, dejaci¨®n del juzgado o deficiente instrucci¨®n. Uno es de estos casos es, por ejemplo, el de Dolores V¨¢zquez, la mujer que estuvo presa m¨¢s de un a?o tras ser condenada en un juicio plagado de irregularidades por el asesinato de Roc¨ªo Wanninkhof ? en octubre de 1999, en Mijas (M¨¢laga). Y todo porque hab¨ªa mantenido una relaci¨®n l¨¦sbica con su madre. Un jurado la conden¨® sin pruebas en el marco de un crimen rodeado de un espectacular despliegue medi¨¢tico.
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