Denunciados un millar de prostitutas y clientes tras un a?o de ¡®ley mordaza¡¯
Las infracciones van desde la ¡°exhibici¨®n obscena¡± a la desobediencia a la autoridad
Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han denunciado a 999 prostitutas y clientes desde que hace un a?o entr¨® en vigor la Ley de Seguridad Ciudadana, m¨¢s conocida como ley mordaza. Madrid acapara la mitad de estas denuncias por la colonia Marconi, donde ejercen unas 400 mujeres. Sin embargo, la cifra real de denuncias que ata?e a la prostituci¨®n -una actividad alegal- supera ese millar porque Interior registr¨® 17.367 infracciones administrativas por desobediencia a la autoridad, algunas de las cuales fueron impuestas a meretrices. Pero el ministerio no desglosa el n¨²mero de multas vinculadas a la prostituci¨®n.
Entre la corriente abolicionista de pa¨ªses como Suecia y Francia y la legalista que apuesta por regular la prostituci¨®n en Holanda, Dinamarca o Alemania, el Gobierno se acerc¨® con la ley mordaza a los primeros, aunque al ralent¨ª y con la excusa de que muchas ciudades ya regulaban esta actividad. Pero mientras que el llamado modelo n¨®rdico opta por estrechar el cerco sobre los clientes porque considera v¨ªctimas a las mujeres, Espa?a sanciona por igual a clientes y meretrices hasta con 600 euros. El primer problema de esta norma es que aumenta la marginalidad, que desprotege a las prostitutas, m¨¢s vulnerables ante clientes y mafias cuanto m¨¢s aisladas, y que siempre pierden en la negociaci¨®n con el usuario, cada vez m¨¢s apresurada, sobre las medidas de protecci¨®n, las tarifas y los servicios.
Durante este a?o de vigencia de la ley, la polic¨ªa y la Guardia Civil han multado a 632 ¡°demandantes de servicios sexuales retribuidos¡± por situarse cerca de colegios y parques infantiles o por poner en riesgo la seguridad vial, y a 367 prostitutas por ¡°actos de exhibici¨®n obscena¡±. En paralelo a estas cifras figura el grueso de denuncias por desobediencia o resistencia a la autoridad (17.367), utilizado por los agentes para penalizar a las meretrices cuando estas no obedecen sus ¨®rdenes, por muy arbitrarias que estas sean, seg¨²n censuran los colectivos en defensa de las trabajadoras del sexo.
Hasta julio de 2015 la prostituci¨®n era una actividad solo regulada por las normativas municipales, siempre pol¨¦micas por las reacciones encontradas que genera entre los vecinos, usuarios y prostitutas. El Gobierno incluy¨® en la pol¨¦mica ley mordaza tres art¨ªculos (36.6, 36.11 y 37.5) que pueden regular la prostituci¨®n en caso de conflictos graves. Sin embargo, el uso ha sido muy desigual y mientras que Madrid acumula 499 denuncias, Valencia 180 y Andaluc¨ªa 97, otras comunidades como Catalu?a presentan dos denuncias y Pa¨ªs Vasco y La Rioja ninguna propuesta de sanci¨®n. Por el contrario, Andaluc¨ªa registra 4.589 denuncias por desobediencia a la autoridad y Madrid 2.156, entre las cuales figuran prostitutas como denunciadas.
La catedr¨¢tica de Derecho Penal de la Universidad de Granada, Mar¨ªa Luisa Maqueda, es muy cr¨ªtica con los efectos de la norma. ¡°La ley es canalla, es un avance brutal del Estado m¨¢s autoritario. Una estrategia perfectamente trazada que no repara en el da?o e indefensi¨®n de las trabajadoras del sexo. El efecto es la clandestinidad y que est¨¦n muy acosadas. Presentan problemas con la custodia de los ni?os, pero sobre todo de defensa contra los clientes¡±.
Mientras, fuentes de Interior destacan que durante la tramitaci¨®n de la ley se reunieron con diversos colectivos como la asociaci¨®n de vecinos afectada por la colonia Marconi de la capital y la asociaci¨®n contra la explotaci¨®n sexual Apramp, y que ¡°se tuvo en cuenta sus sugerencias¡±. Apramp acudi¨® en 2014 como representante de la Red Espa?ola contra la Trata de Personas, para solicitar a Interior que retirara del entonces anteproyecto de ley ¡°toda menci¨®n al ejercicio de la prostituci¨®n¡±, seg¨²n refleja el documento con sus aportaciones, remitido al Ministerio de Justicia en marzo de 2014.
Clarisa Velocci, portavoz de la asociaci¨®n Genera, con sede en Barcelona, censura que las sanciones hayan afectado a las prostitutas. ¡°La ley se explic¨® de manera capciosa y perversa diciendo que se multar¨ªa a los clientes. Y eso no es cierto. De hecho se criminaliza una vez m¨¢s a las mujeres. Son soluciones simplistas para situaciones complejas¡±. Velocci ve la norma ¡°poco ¨¦tica e inveros¨ªmil¡± en un Estado de Derecho. ¡°A v¨ªctimas de trata el Estado puede multarlas. No solo no las apoya, sino que vulnera sus derechos. La pregunta es clara: ?Qu¨¦ derecho tiene un polic¨ªa a decirle a una persona que no est¨¦ parada en un sitio? Hay polic¨ªas que han multado a mujeres en pijama que bajaban al locutorio¡±, comenta con asombro.
Desde el colectivo Hetaira en Madrid, su portavoz Elisa Arenas hace hincapi¨¦ en el efecto perjudicial que supone acercarse a la marginalidad: ¡°Enviar a las trabajadoras del sexo a que se vayan a lugares m¨¢s lejanos aumenta la posibilidad de agresiones, que aparezcan chulos y mafias. Aquellas mujeres que trabajan coaccionadas no ven en la polic¨ªa un aliado para denunciar¡±. Arenas censura los ¡°mensajes contradictorios¡± tras el anuncio de que la multa ser¨ªa para el cliente y ahora las mujeres est¨¢n siendo ¡°castigadas¡±. La delegada del Gobierno en Madrid, Concepci¨®n Dancausa, les anunci¨® que las multas para prostitutas no prosperar¨ªan, seg¨²n Arenas, una promesa incumplida a tenor de los hechos.
Ignacio Pardo, del colectivo Cats en Murcia, incide en las cr¨ªticas: "Es la trampa de la ley mordaza, que dijo que no iba a ir contra la prostituta, la mayor¨ªa de denuncias son por desacato a la autoridad. Criminaliza a la trabajadora del sexo tanto o m¨¢s que al cliente".
De momento las denuncias se circunscriben a la v¨ªa administrativa. En 2012 la Polic¨ªa Local de M¨¢laga denunci¨® a una prostituta por desobediencia tras ser advertida dos veces de que estaba infringiendo la ordenanza de convivencia de la ciudad andaluza. Sin embargo, la Audiencia de M¨¢laga anul¨® la multa de 60 euros que le hab¨ªa impuesto un juez porque la mujer no hab¨ªa desobedecido a la autoridad, sino que sencillamente hab¨ªa incumplido una orden relacionada con una ordenanza municipal.
Cada ciudad regula con sus normas
Desde que Barcelona inici¨® las ordenanzas municipales sobre prostituci¨®n en 2006, muchas otras ciudades copiaron su modelo con peque?as modificaciones. Entre los gobiernos regionales, en 2012 la Generalitat, a trav¨¦s de su entonces consejero de Interior, Felip Puig, busc¨® un subterfugio para multar a mujeres y a clientes que negociaban o practicaban servicios sexuales en la calle. Modific¨® la ley de carreteras, y aleg¨® que la prostituci¨®n en los arcenes pod¨ªa suponer un peligro. Con esos argumentos, los Mossos d'Esquadra impusieron ese a?o 252 sanciones. Pero la cifra se ha ido reduciendo paulatinamente, hasta el punto de que el dispositivo bautizado como arc¨¦n, que ten¨ªa el objetivo de que las mujeres se fuesen de las carreteras catalanas, ha dejado de ser una prioridad. Tanto es as¨ª, que hoy el Gobierno catal¨¢n no facilita los datos de multas, que considera residuales. Adem¨¢s, el departamento no logr¨® cobrar casi ninguna de las sanciones, solo las pocas que se impusieron a los clientes. En esta regi¨®n, uno de los primeros municipios en multar a prostitutas y clientes fue La Jonquera (Girona), pero finalmente dejaron de multar porque no resultaba efectivo: ni se cobraban las multas ni se iban las mujeres.
En Barcelona tambi¨¦n existe una norma municipal para sancionar la prostituci¨®n en la calle. ¡°Barajamos quitar los dos art¨ªculos de la ordenanza de civismo que permiten multar a las mujeres y a los clientes¡±, cuenta Laura P¨¦rez, concejal de Feminismos y LGTBI. La edil considera que la medida perjudica la situaci¨®n socioecon¨®mica de las mujeres, que se ven atadas a una deuda que no pueden pagar e incluso sometidas a chantajes de los clientes. Adem¨¢s, a?ade, no se reduce la cifra de prostitutas en la calle, precariza su trabajo y puede suponer un atentado contra los derechos humanos cuando, sin saberlo, los agentes multan a v¨ªctimas de tr¨¢fico de seres humanos que est¨¢n siendo explotadas. Por todo ello, multar el intercambio de servicios sexuales en la calle ha dejado de ser una prioridad de la Guardia Urbana.
En Andaluc¨ªa, el Ayuntamiento de Sevilla aprob¨® en 2010 el Plan de Acci¨®n Integral para promover la erradicaci¨®n de la trata, la prostituci¨®n y otras formas de explotaci¨®n sexual. El texto fija multas de hasta 3.000 euros a las personas que soliciten, negocien o acepten, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en espacios situados a menos de doscientos metros de centros docentes o educativos u otros con afluencia de menores, y se incluyen tambi¨¦n lugares con una importante influencia de p¨²blico o espacios vulnerables como escasez de iluminaci¨®n, v¨ªas de circulaci¨®n, o puntos de dif¨ªcil huida. Una pol¨ªtica sancionadora dirigida exclusivamente a los clientes.
En Granada, la normativa incluye infracciones leves, de hasta 750 euros, a aquella persona que solicite, negocie o acepte servicios sexuales retribuidos fuera de zonas residenciales, centros educativos y comerciales. Una multa que puede llegar a ser muy grave si esta actividad se realiza a menos de 200 metros de este per¨ªmetro marcado. La implantaci¨®n del r¨¦gimen sancionador se limit¨® en 2014 a una recaudaci¨®n que no super¨® los 500 euros.
En M¨¢laga, las normas relativas a la de convivencia se enmarcan igualmente en una ordenanza c¨ªvica aprobada en 2015 en la que se proh¨ªbe la realizaci¨®n de pr¨¢cticas sexuales a una distancia inferior a 200 metros de zonas habitadas. Se considera falta leve la aceptaci¨®n de servicios sexuales en v¨ªa p¨²blica (sanci¨®n de hasta 750 euros) y se tipifica como grave la solicitud o demanda de servicios sexuales retribuidos (sanci¨®n de 750 a 1.500 euros).
Por ¨²ltimo, el Ayuntamiento de Algeciras aprob¨® en 2013 una ordenanza que persigue al cliente que contrata estos servicios en la calle, con multas que van de los 700 a los 1.500 euros. Adem¨¢s, establece zonas sensibles en parques o edificios p¨²blicos, donde las multas llegan al m¨¢ximo.
Con informaci¨®n de Rebeca Carranco, Jes¨²s A. Ca?as y ?ngeles Lucas.
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