El Gobierno pagar¨¢ 1.824 millones a la industria de armamento en 2017

El Ministerio de Defensa pagar¨¢ 1.824,4 millones de euros a la industria militar el a?o pr¨®ximo. As¨ª se deduce del acuerdo adoptado el pasado viernes por el Consejo de Ministros por el que se reprograman las anualidades de 18 Programas Especiales de Armamento (PEAs) cuya factura global asciende a casi 30.000 millones hasta el a?o 2030. El acuerdo determina que los pagos previstos para la anualidad de 2016 (716,7 millones) se trasladen al pr¨®ximo ejercicio, por lo que el monto correspondiente a 2017 se incrementa hasta los 1.824,4 millones.

Los beneficiarios de este dinero son empresas del sector de Defensa como Airbus, Navantia o Santa B¨¢rbara, fabricantes del avi¨®n de transporte A400M, las fragatas F-100 o el carro de combate Leopardo, entre otros 15 programas de armamento.

El Ministerio de Defensa ten¨ªa previsto aprobar este a?o un cr¨¦dito extraordinario de casi 1.000 millones para atender estos compromisos, como ya hizo entre 2012 y 2015. Sin embargo, la prolongada interinidad del Gobierno en funciones y, sobre todo, las dos sentencias del Tribunal Constitucional que declararon ilegal el recurso al decreto ley para atender dichos pagos, como se hizo en los cuatro a?os anteriores, impidieron realizar el desembolso comprometido.

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El Gobierno solo tiene dos alternativas: incluir esta partida en el presupuesto ordinario de Defensa o presentar un proyecto de ley que se tramite en paralelo. Cualquiera de las dos f¨®rmulas deber¨¢ superar la resistencia de Hacienda ¡ªen un ejercicio en el que habr¨¢ que realizar dr¨¢sticos recortes para reducir el d¨¦ficit del 4,6 al 3,1% del PIB¡ª y, adem¨¢s, conseguir el apoyo mayoritario de un Congreso en el que el PP est¨¢ en franca minor¨ªa.

La inclusi¨®n en el presupuesto ordinario supondr¨¢ que la partida de Defensa crezca en un solo a?o casi un 33%, pasando de menos de 6.000 a casi 8.000 millones de euros, lo que resulta muy dif¨ªcil de digerir por la opini¨®n p¨²blica. En realidad, lo que las sentencias del Constitucional han hecho es obligar a Defensa a desnudarse y aflorar el gasto real, ya que hasta ahora su presupuesto solo reflejaba dos tercios del total, mientras que el resto se a?ad¨ªa a lo largo del ejercicio con cr¨¦ditos extraordinarios y ampliables para atender los contratos de armamento y las operaciones en el exterior.

Se da la paradoja de que el PP justific¨® el recurso al decreto ley para hacer pagos multimillonarios a la industria militar (4.300 millones desde 2012) con el argumento de que el Gobierno socialista hab¨ªa dejado la factura sin pagar. Ahora ha sido el PP el que se ha dejado pendiente la factura de 2016, un a?o en permanente campa?a electoral, y la ha pasado a 2017. Las empresas podr¨ªan reclamar intereses de demora, pero es dudoso que la industria militar se enzarce en esta guerra: el Gobierno puede eximirle temporalmente de la obligaci¨®n de devolver los anticipos recibidos o penalizarla por los retrasos e incumplimientos en la entrega del armamento. La opacidad de este negocio facilita cualquier forma de compensaci¨®n.