El Congreso empieza el proceso para desmontar la reforma laboral
La izquierda, nacionalistas e independentistas han dado un paso para revertir las leyes aprobadas en solitario por el PP
El Congreso ha dado este martes dos pasos decisivos, aunque no definitivos, para revertir dos leyes aprobadas en solitario por el PP la pasada legislatura: izquierda y nacionalistas e independentistas han admitido a tr¨¢mite una modificaci¨®n de la reforma laboral y la derogaci¨®n de la potestad del Tribunal Constitucional para inhabilitar directamente a quien incumpla sus resoluciones. La primera la ha presentado el PSOE y la segunda PNV y PDECat (antigua Converg¨¨ncia). Podemos las ha apoyado y Ciudadanos se ha abstenido en la reforma laboral y ha votado contra la del Constitucional.
Las dos proposiciones de ley cuyo tr¨¢mite ha aprobado este martes el pleno del Congreso, con el rechazo y el malestar del PP, empiezan ahora el largo procedimiento legislativo con posibilidades de enmiendas y paso por comisi¨®n, pleno y Senado. En el mejor de los casos, estar¨¢n listas a mediados de 2017.
La de la reforma laboral tiene una amenaza a?adida porque fue vetada inicialmente por el Gobierno por afectar al Presupuesto, la Mesa del Congreso rechaz¨® el bloqueo y est¨¢ pendiente de que La Moncloa decida finalmente llevarlo al Tribunal Constitucional, que podr¨ªa anularla en el futuro por vicio de procedimiento.
Como ocurri¨® con la paralizaci¨®n de la Lomce, el Gobierno podr¨ªa verse tambi¨¦n forzado a negociar y buscar un acuerdo que evite la derogaci¨®n total y para que solo se matice el legado normativo de la mayor¨ªa absoluta. Algo parecido suceder¨¢ con la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza: el PSOE quiere tramitar una proposici¨®n de ley de reforma y el Gobierno, ante lo inevitable, da signos de querer cerrar un acuerdo que salve algunos aspectos de la ley. El PP solo puede ralentizar la aprobaci¨®n definitiva de estas reformas que, en principio, pueden suscitar acuerdo entre izquierda (PSOE y Podemos) y nacionalistas e independentistas.
Lo que hace la proposici¨®n de ley es a?adir dos p¨¢rrafos al primer apartado del Estatuto de los Trabajadores, que habla de subcontrataciones. Con ellos se obliga a los empresarios (contratista y subcontratistas) a mantener para los empleados de estos ¨²ltimos las mismas condiciones laborales que en la firma principal. Para ello se impone la aplicaci¨®n del convenio que rija en la empresa principal o "las que tendr¨ªan que aplicarse si fueran trabajadores contratados directamente por dicho empresario principal".
Esta redacci¨®n es la v¨ªa por la que se ponen l¨ªmites a uno de los cambios que trajo la reforma laboral. Con ella se dio prioridad en la aplicaci¨®n a los convenios de empresa frente a los sectoriales, esto ha permitido que muchas empresas dedicadas a la subcontrataci¨®n, ofrezcan vendan sus servicios a otras exclusivamente a base de reducir el coste de la mano de obra firmando convenios con sueldos m¨¢s bajos. Esto ha provocado que haya sectores y trabajos (camareras de piso o kellys, empleos agr¨ªcolas, log¨ªstica) en los que se est¨¢n pagando sueldos muy bajos en largas jornadas laborales. En muchos casos han sido los propios tribunales quienes han echado abajo esos convenios por falta de legitimidad en la negociaci¨®n. Pero este cambio legal, pr¨¢cticamente el mismo que se produjo en los a?os noventa ante una situaci¨®n similar tras la entrada en Espa?a de las Empresas de Trabajo Temporal, pondr¨ªa l¨ªmites a la situaci¨®n sin necesidad de que llegue a los jueces.
Reforma del Constitucional
La del Tribunal Constitucional supone eliminar la reforma que hizo el PP en solitario para hacer frente al proceso soberanista y perseguir con un procedimiento espec¨ªfico a quien no cumpla sus resoluciones hasta inhabilitarle. La iniciativa admitida a tr¨¢mite es del PNV, aunque el PDECat present¨® otra parecida. Para Aitor Esteban (PNV) se trata de ¡°devolver de nuevo al sentido com¨²n algo que no deber¨ªa haberse modificado nunca¡± y para Francesc Homs (PDECat) ¡°no se deber¨ªa haber permitido convertir al Constitucional en un ¨®rgano pol¨ªtico que inhabilita unilateralmente a cargos elegidos democr¨¢ticamente¡±.
El PSOE lo ha apoyado por considerar que es coherente con su posici¨®n de rechazo en 2015 y por ser un instrumento innecesario e inconveniente.
El texto del PNV incluye la derogaci¨®n del recurso previo para estatutos que pactaron PP y PSOE, por eso los socialistas anunciaron que evitar¨¢n con enmiendas la aprobaci¨®n de este apartado. En todo caso, Antonio Hernando, portavoz del PSOE, ha anunciado su voluntad de buscar un acuerdo con el PP y el Gobierno, para reconstruir la situaci¨®n provocada en 2015 cuando Mariano Rajoy rompi¨® el consenso para aprobar la reforma en solitario. El socialista no ha aclarado si ese consenso es condici¨®n imprescindible para que el PSOE la apoye al final del tr¨¢mite, por lo que a¨²n no est¨¢ garantizado c¨®mo y cu¨¢ndo se aprobar¨¢.
El Gobierno ha reaccionado con virulencia al apoyo del PSOE a la proposici¨®n. Para la vicepresidenta Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, y el ministro de Justicia, Rafael Catal¨¢, ¡°deshacer lo andado no tiene ning¨²n sentido¡±. Los dos han apelado al consenso, aunque su reforma se aprob¨® en su momento solo con el voto del PP.?
La v¨ªa excepcional para obedecer al Constitucional
En 2015 el PP cambi¨® en solitario la Ley Org¨¢nica del Tribunal Constitucional para darle la capacidad de sancionar directamente con multa o inhabilitaci¨®n a quien no cumpla sus resoluciones. Antes eran los tribunales ordinarios los que ejecutaban y sancionaban el incumplimiento y el Constitucional solo pod¨ªa imponer multas. La proposici¨®n admitida propone volver a esa situaci¨®n.
En el caso de la Generalitat y la presidenta del Parlament de Catalu?a, el Gobierno ha preferido la v¨ªa penal en el Tribunal Superior de Justicia y el Supremo por la condici¨®n de aforados de los afectados. Es decir, renunci¨® a aplicar la v¨ªa que aprob¨® de forma urgente y en solitario, lo que supone admitir que hay otras v¨ªas para hacer cumplir resoluciones del Constitucional.
El PSOE lo consider¨® inconstitucional, pero no lleg¨® a recurrirlo. El tribunal aval¨® la reforma.
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