La soledad de las v¨ªctimas
El caso de Sevilla muestra c¨®mo el poder institucional protege a los acosadores
La condena a 6 a?os y 9 meses de prisi¨®n a un profesor catedr¨¢tico de la Universidad de Sevilla por tres delitos continuados de abusos sexuales y uno de lesiones permite plantear una serie de reflexiones. La primera es que el acoso sexual es una realidad en las universidades espa?olas. Hoy en d¨ªa nadie puede negar esta realidad salvo que quiera mentir.
La segunda reflexi¨®n es: si el acoso y el abuso sexual son una realidad, ?qu¨¦ factores contribuyen a que los acosadores violenten a sus v¨ªctimas? Ser¨¢ mediante la transformaci¨®n de estos factores propiciatorios que se pueda prevenir y dar una respuesta adecuada a los casos de acoso sexual. El an¨¢lisis del caso de la Universidad de Sevilla permite poner sobre la mesa los elementos centrales para responder esta pregunta. Se puede decir que es un caso paradigm¨¢tico en cuanto a ver qu¨¦ tipo de contexto tolera y favorece el abuso sexual. Lo novedoso de este caso ha sido la condena del responsable de acoso. En otros casos similares al de Sevilla, o no ha habido respuesta institucional o la responsabilidad penal ha prescrito por falta de actuaci¨®n o por falta de denuncia, de forma que el victimario no ha respondido por sus actos.
Veamos algunos de estos factores de los que hablo.
En la Universidad, como en otras instituciones, el acoso se produce en muchas ocasiones en un ambiente de tolerancia hacia al acosador. Incluso de apoyo. En el caso de Sevilla, distintas profesoras y profesores, tambi¨¦n personal de administraci¨®n, apoyaban al catedr¨¢tico ahora condenado. ?Por qu¨¦ le daban apoyo?
Al igual que ocurre en el caso de Sevilla, casi siempre se trata de un acosador que tiene poder acad¨¦mico, que ejerce poder torticeramente, que se siente arropado por las estructuras de poder institucional, que ¡®tiene amigos¡¯ en el Rectorado, que negarle algo puede resultar un problema. Esto quiere decir que la vida profesional y acad¨¦mica de las personas acosadas est¨¢ bajo el poder abusador de quien est¨¢ ejerciendo violencia sobre ellos.
Se produce pues una tolerancia interesada hacia el acosador, y esto lo sabe y aprovecha. El acosador se siente seguro. Para las v¨ªctimas, esta situaci¨®n constituye un desamparo. Esto hace que sea muy dif¨ªcil denunciar. Las v¨ªctimas prefieren en muchas ocasiones marcharse de la Universidad, renunciar a una beca o a un contrato, apartarse¡ por entender que si no lo hacen se enfrentan a un sistema de poder que no les protege.
El caso de Sevilla evidencia esta realidad. Durante tiempo las v¨ªctimas fueron tratadas como precio a pagar para contentar al mandar¨ªn de turno. Este ejercicio de poder sobre las v¨ªctimas tambi¨¦n se extiende sobre las personas que dan apoyo a las v¨ªctimas. En la Universidad, solidarizarte con la v¨ªctima, especialmente si el acosador es una persona que detenta poder institucional, puede acarrear consecuencias negativas. Es lo que se ha comenzado a llamar, acoso sexual de segundo orden. Esta realidad hace que muchas personas ¡®no quieran meterse en l¨ªos¡¯.
Lo llamativo de esta situaci¨®n es que los empleados p¨²blicos tienen la obligaci¨®n de proteger, de ayudar, de evitar situaciones como las que se describen. Es inaceptable en t¨¦rminos legales, y morales, la omisi¨®n del deber de ayuda, del deber de denuncia. Y sin embargo se dan estas situaciones porque, en parte, las relaciones de poder en la Universidad se siguen ejerciendo de forma arbitraria, de forma injusta.
Las personas que denuncian, y quienes les dan apoyo, pagan un precio, se enfrentan en muchas ocasiones a un aut¨¦ntico calvario. En ocasiones el precio a pagar es muy elevado. Esto mismo ha sido ya documentado en los casos de denuncias por corrupci¨®n. Quienes denunciaron casos de corrupci¨®n explican que en muchas ocasiones fueron perseguidos, perdieron su trabajo, tuvieron que cambiar de ciudad¡ ?C¨®mo es posible si ten¨ªan raz¨®n e intentaban que se cumpliera la ley? Pues es posible porque se enfrentaban a entramos de poder organizado. Era posible porque hab¨ªa quien ten¨ªa inter¨¦s en mantener y proteger las relaciones de corrupci¨®n. Ante esta realidad, la Plataforma por la honestidad present¨® hace unas semanas un anteproyecto de ley para mejorar la lucha contra la corrupci¨®n. Se propone mejorar la protecci¨®n de la persona que denuncia, que el denunciante no pierda su puesto de trabajo, que no se tenga que trasladar de lugar residencia, etc¡ y tambi¨¦n proteger a su entorno social de apoyo.
El caso de la Universidad de Sevilla muestra c¨®mo se estructuran las relaciones de poder institucional que protegen, disimulan, dilatan las actuaciones¡ en beneficio de los acosadores y en contra de las v¨ªctimas y del buen gobierno de la misma Universidad. Es un ejemplo de actuaci¨®n irresponsable. La Universidad, en vez de aplicar su capacidad de inspecci¨®n y sanci¨®n basada en el derecho administrativo sancionador, tard¨® tiempo en reaccionar, dilat¨® las actuaciones, busc¨® componendas para enfriar el tema. No es el ¨²nico equipo rectoral que lo ha hecho.
La mejora de la Universidad que conocemos requiere de actuaciones responsables p¨²blicas, pero tambi¨¦n de la actuaci¨®n responsable de los empleados p¨²blicos y del conjunto de la comunidad universitaria. En estos temas, como en otros, no existe neutralidad posible: o se est¨¢ con quien respeta y protege, o se da cobertura de forma directa o indirecta a quienes abusan.
Antonio Madrid P¨¦rez es profesor y coordinador de Filosof¨ªa del Derecho en la Universidad de Barcelona.
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