Los silenciados por la ¡®ley mordaza¡¯
La defensora del pueblo refleja en su informe anual casos de mala aplicaci¨®n de la norma y el Gobierno se abre a cambiarla
Un fotoperiodista denunciado por resistencia a la autoridad porque no quiso borrar sus fotos por orden de la Guardia Civil. Una ciudadana sancionada por participar en una manifestaci¨®n aprobada por la delegaci¨®n del Gobierno en la que se reclamaba una renta para personas sin ingresos y que no se expulsara a los inquilinos de pisos sociales que no pod¨ªan hacer frente a los alquileres. O un periodista que public¨® en Twitter fotos de una detenci¨®n. Justo en la misma semana en la que el Gobierno ha mostrado su disposici¨®n a negociar modificaciones en la pol¨¦mica Ley de Seguridad Ciudadana, la defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha subrayado en su informe anual algunos ejemplos de sanciones que considera injustificadas. Son los silenciados por la ley mordaza.
¡°Fue una cobertura habitual de sucesos. Un accidente laboral. Subo a un talud buscando un sitio para sacar la imagen. El guardia civil me pide que baje. Casi me mato¡ y cuando llego abajo, me recibe con la placa en la mano, todo muy teatral¡±, cuenta Miguel ?ngel Valdivielso, fotoperiodista del Diario de Burgos, que a continuaci¨®n recuerda el di¨¢logo que se establece inmediatamente:
-Borre usted ahora mismo las im¨¢genes.
-Las fotos no me pertenecen, son de mi medio de comunicaci¨®n. No puedo borrarlas. Si quiere requisar el equipo, es la autoridad, pero yo no puedo borrarlas.
-Si no las borra, le denuncio por desobediencia¡ leve.
¡°Y me lo repiti¨® tres o cuatro cinco veces¡±, cuenta Valdivielso, que destaca la comprensi¨®n y la buena sinton¨ªa que ha tenido desde entonces con la Guardia Civil. ¡°Lo reflejaron en el atestado porque hab¨ªa m¨¢s de diez testigos. ?C¨®mo no me voy a negar? Fue una aplicaci¨®n perversa de la Ley, para un supuesto para el que no est¨¢ pensada por el legislador¡±.
La defensora del pueblo tambi¨¦n critica ese uso justo cuando el Gobierno se ha abierto a modificar su pol¨¦mico texto, de 2015. El PP y Ciudadanos se comprometieron en su pacto de investidura a modificar la Ley. El PSOE registr¨® en diciembre una propuesta que est¨¢ pendiente de llevar al pleno del Congreso. Y el PNV registr¨® otra en enero que modifica 44 preceptos del texto en vigor y que el Ejecutivo, por boca de Juan Ignacio Zoido, el ministro del Interior, ha calificado de ¡°un buen punto de partida¡± para la reforma.
¡°Entendemos que contiene algunas propuestas que pueden contribuir a mejorar t¨¦cnicamente el texto legal¡±, dijo en el Senado el titular de Interior, que no ve con tan buenos ojos la propuesta socialista porque esta propone volver al texto vigente en 2011 y negociar con todos los grupos una nueva norma ampliada, consensuada y actualizada. ¡°Otras merecen una consideraci¨®n m¨¢s detenida, pero constituye un buen punto de partida¡±, a?adi¨® Zoido sobre la propuesta del PNV.
Casos que recoge el informe
"El ejercicio de un derecho constitucional no puede nunca ser objeto de sanci¨®n", sostiene Soledad Becerril en su informe, en el que destaca dos tipolog¨ªas de casos afectados por la Ley de seguridad ciudadana.
Sanciones que afectan al derecho de reuni¨®n. La defensora afea una multa por una manifestaci¨®n legalmente convocada en Zaragoza. "La resoluci¨®n sancionadora dictada por la Delegaci¨®n del Gobierno en la Comunidad Aut¨®noma de Arag¨®n no hac¨ªa ning¨²n juicio de proporcionalidad, ni motivaba la constitucionalidad de la sanci¨®n impuesta, ni siquiera consideraba la posibilidad de que se hubiese producido una limitaci¨®n o afectaci¨®n de un derecho fundamental", escribe. Del mismo modo, critica que se identificara a una docena de ciudadanos por concentrarse sin permiso, cuando la Ley entiende que solo se considera reuni¨®n a partir de la coincidencia con el mismo objetivo de m¨¢s de 20 personas. "Se ha sugerido a la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa que ponga en conocimiento de los funcionarios policiales que procedieron a la identificaci¨®n de los participantes en la concentraci¨®n que deben ajustar en todo momento su actuaci¨®n a los principios b¨¢sicos recogidos en dicha norma", escribe la defensora sobre la Constituci¨®n. "Dicha Sugerencia ha sido aceptada".
Sanciones que afectan a la libertad de informaci¨®n. Becerril cita tres sanciones a periodistas: a una representante de Catalunya R¨¤dio denunciada por desobediencia; a un reportero gr¨¢fico del Diario de Burgos denunciado por resistencia a la autoridad; y a un periodista de la revista Argia sancionado. La defensora advierte de que "la limitaci¨®n de los derechos fundamentales debe ser la m¨ªnima indispensable y, por ello, est¨¢ sometida al principio de proporcionalidad, al objeto de evitar sacrificios innecesarios o excesivos de los mismos, lo que exige que las resoluciones que apliquen los referidos l¨ªmites tengan una motivaci¨®n suficiente para poder controlar la proporcionalidad y la constitucionalidad de la medida aplicada. La falta o insuficiencia de la motivaci¨®n pueden llevar a la vulneraci¨®n del derecho sustantivo afectado".
Mientras las formaciones se ponen de acuerdo, Becerril recoge en su informe anual para 2016 ejemplos de sanciones que afectan a la libertad de informaci¨®n y tambi¨¦n al derecho de reuni¨®n, tanto con la ley actual como con la previa. As¨ª, por ejemplo refiere la falta de ¡°proporcionalidad¡± y ¡°motivaci¨®n¡± de la sanci¨®n impuesta a una ciudadana por supuestamente ¡°provocar al p¨²blico contra los agentes actuantes para alterar el orden p¨²blico¡± durante una concentraci¨®n de la plataforma solidaria Actur y Parque Goya, de Zaragoza.
¡°Con juicio penal solo fui yo, pero hubo multas administrativas a m¨¢s mujeres de las que est¨¢bamos all¨¢ concentradas¡±, cuenta la portavoz de ese colectivo Asun Gulina, sobre la denunciante, que no es ella. ¡°En esa plataforma hay gente muy desfavorecida, en paro, con problemas de desahucios, que en aquellos momento no cobraba el IAI [ingreso aragon¨¦s de inserci¨®n] y que sus ingresos eran cero, o que cobrando 426 euros con cuatro y cinco hijos ten¨ªan problemas de alquileres sociales¡±, recuerda. ¡°Nos organizamos para reivindicar que se acelerara el IAI, que no se echara a nadie de las viviendas sociales por no pagar el alquiler social, una renta social para la gente con cero ingresos¡¡± sigue esta excandidata de Zaragoza en Com¨²n. ¡°Cuando est¨¢bamos en el mostrador del IASS [Instituto Aragon¨¦s de Servicios Sociales], entraron polic¨ªas de un cuerpo antidisturbios, fueron quitando todas las hojas con las reivindicaciones. Pidieron documentaci¨®n a 27 o 28 personas¡±, a?ade. ¡°Un jubilado no llevaba la documentaci¨®n, amenazaron con que le iban a detener, le dio un ataque de ansiedad, y tuvieron que tumbarlo. A m¨ª me dijeron que lo que hac¨ªa era ilegal porque estaba con el m¨®vil intentando hacer un v¨ªdeo de c¨®mo dos polic¨ªas intentaban arrastrar al jubilado. Me lo met¨ª al bolso y punto pelota¡±.
A los pocos d¨ªas empezaron a llegar las denuncias. Y las multas. ¡°En este caso se sancion¨®, tras rechazar la prueba propuesta por la interesada, con base ¨²nicamente en la denuncia de los agentes policiales, sin analizar si la conducta sancionada se encontraba amparada en el ejercicio del derecho de reuni¨®n¡±, lamenta la defensora del pueblo, que esta semana entreg¨® su informe en el Congreso y el Senado. Dos C¨¢maras expectantes ante las negociaciones para cambiar la ley mordaza.
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