Consensos t¨¦cnicos sobre financiaci¨®n auton¨®mica

En los pr¨®ximos meses se discutir¨¢ el futuro de la financiaci¨®n auton¨®mica. A pesar de que la simple menci¨®n de este tema puede disuadir a una amplia parte de la ciudadan¨ªa de la lectura de este art¨ªculo, debemos ser conscientes de que est¨¢ en juego nada menos que el sostenimiento de las principales pol¨ªticas p¨²blicas. En todos los Estados de tipo federal existe una tensi¨®n entre la necesidad de asegurar la autonom¨ªa los gobiernos subcentrales y garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios fundamentales. Aunque no es la ¨²nica, el sistema de financiaci¨®n es una de las principales herramientas para lograr un equilibrio entre ambos objetivos.

La Red de Investigadores en Financiaci¨®n auton¨®mica y Descentralizaci¨®n financiera en Espa?a (RIFDE) acaba de hacer p¨²blico un informe titulado La nivelaci¨®n interterritorial y la estimaci¨®n de las necesidades de gasto, en el que se hace un diagn¨®stico del sistema actual y se discuten los objetivos e instrumentos de una posible reforma. Uno de los rasgos que quiz¨¢ hace m¨¢s interesante este informe es precisamente que en ¨¦l se observan importantes consensos t¨¦cnicos, pero tambi¨¦n discordancias que ponen de manifiesto la transcendencia de las decisiones en esta materia.

Para empezar, existe un claro consenso en que un primer reto de la reforma del sistema vigente ¨Caprobado en 2009 y pendiente de revisi¨®n desde 2014- es hacer m¨¢s transparente el complejo panorama actual del mecanismo de nivelaci¨®n. Como es sabido, este es uno de los dos pilares de la financiaci¨®n auton¨®mica, fundamentado en la idea de solidaridad y equidad en el acceso a los servicios p¨²blicos fundamentales (el otro es la capacidad tributaria, como concreci¨®n del principio constitucional de autonom¨ªa financiera). Parece claro que la vigente nivelaci¨®n necesita ser repensada porque en este momento se entrecruzan fondos e instrumentos que desdibujan los objetivos iniciales, produciendo agravios comparativos y una percepci¨®n de cierta arbitrariedad, lo que suele ser fuente de conflictos.

Aunque no se prev¨¦ que este asunto sea pac¨ªfico entre los pol¨ªticos, los expertos s¨ª est¨¢n de acuerdo en que para reformar en profundidad el sistema es necesario eliminar, de forma m¨¢s o menos gradual, la cl¨¢usula del statu quo, por la cual cada nuevo modelo siempre aseguraba la financiaci¨®n que hasta ese momento hab¨ªan dispuesto las comunidades aut¨®nomas. Tambi¨¦n existe acuerdo sobre la necesidad de corregir el desequilibrio vertical entre ingresos y gastos que favorece al gobierno central, en contra de las comunidades aut¨®nomas. De igual modo, una mayor¨ªa considera necesario afinar la actual f¨®rmula de estimaci¨®n de recaudaciones normativas por tributos cedidos y de necesidades de gasto por habitante (lo que t¨¦cnicamente se conoce como ¡°habitantes ajustados¡±).

En el informe de RIFDE tambi¨¦n se defiende la incorporaci¨®n de las dos comunidades aut¨®nomas de r¨¦gimen foral a la financiaci¨®n del mecanismo com¨²n de nivelaci¨®n, as¨ª como la clarificaci¨®n del papel de Canarias como regi¨®n ultraperif¨¦rica europea. Asimismo, se plantea la conveniencia de que el organismo que haga el trabajo t¨¦cnico cuente con una amplia participaci¨®n auton¨®mica, con el prop¨®sito de asegurar la perduraci¨®n del modelo que se decida.

Con todo, existe una mayor discrepancia sobre cu¨¢l debe ser el alcance de la nivelaci¨®n. Aunque son mayor¨ªa quienes piensan que el mecanismo debe garantizar el acceso en igualdad a los servicios p¨²blicos fundamentales (sanidad, educaci¨®n y servicios sociales esenciales), otros expertos, en general provenientes de comunidades aut¨®nomas con renta y capacidad fiscal por debajo de la media, consideran que deber¨ªa alcanzar la totalidad de los servicios descentralizados. Otro controversia ata?e al llamado criterio de ¡°no reordenaci¨®n¡± entre territorios, esto es, a si la clasificaci¨®n en t¨¦rminos de recursos por habitante debe ser la misma antes y despu¨¦s de que se aplique el sistema de financiaci¨®n. Este criterio es defendido sobre todo por los expertos de comunidades aut¨®nomas con renta per c¨¢pita superior a la media, particularmente, desde Catalu?a.

El debate es dificultoso, debido en parte a la elevada complejidad del sistema. Sin embargo, algunos consensos t¨¦cnicos no deber¨ªan caer en saco roto, para no estar siempre empezando desde cero.

Roberto Fern¨¢ndez Llera y Elo¨ªsa del Pino Matute son miembros de la Red de Investigadores en Financiaci¨®n auton¨®mica y Descentralizaci¨®n financiera en Espa?a (RIFDE)