Una juez reprende a Fomento por negarse a investigar la muerte de cuatro narcos

Una juez de Algeciras (C¨¢diz) ha advertido a tres altos cargos adscritos al Ministerio de Fomento de que les imputar¨¢ un delito de desobediencia si no investigan el accidente de una patrullera de Vigilancia Aduanera y una semirr¨ªgida en el que murieron cuatro supuestos narcotraficantes el pasado noviembre.

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La Comisi¨®n de Investigaci¨®n de Accidentes Mar¨ªtimos (CIAIM), adscrita a Fomento, rechaz¨® hace un mes investigar el grave accidente por considerarlo ¡°una persecuci¨®n policial¡± sin buques civiles implicados, por lo que exced¨ªa sus competencias regladas por ley. Ante la negativa para colaborar con la justicia, la titular del Juzgado de Instrucci¨®n 1 de Algeciras, Bel¨¦n Barranco, ha ordenado que declaren el 19 de abril por videoconferencia el presidente, vicepresidente y secretario de dicha comisi¨®n, para as¨ª asegurarse de que realizar¨¢n el informe pericial del siniestro ¡°en el tiempo m¨¢s breve posible¡±.

La fiscal¨ªa rechaz¨® los argumentos del organismo de Fomento y ha cargado con dureza al recordar su obligaci¨®n como ente del Gobierno: ¡°[Esta comisi¨®n] desconoce las m¨¢s elementales normas del comportamiento que debe respetar cualquier instituci¨®n u organismo p¨²blico en sus relaciones con la Administraci¨®n de Justicia¡±. Tras el respaldo de la fiscal¨ªa, la magistrada tambi¨¦n ha advertido a los altos cargos de que ser¨¢n responsables de las posibles consecuencias econ¨®micas en caso de que la investigaci¨®n judicial incurra por su culpa en ¡°dilaciones indebidas¡±, ¡°dada la brevedad de plazos de la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal¡±, reza la providencia de la juez del 7 de marzo.

A las 16.30 del pasado 3 de noviembre y tras el aviso del helic¨®ptero de Vigilancia Aduanera, la patrullera ?guila IV avist¨® y se aproxim¨® a una planeadora con tres motores de 350 caballos pero sin fardos de hach¨ªs a bordo. Cuando navegaban en paralelo, esta cruz¨® por delante de la patrullera para huir hacia aguas marroqu¨ªes y se produjo la colisi¨®n entre ambas embarcaciones, seg¨²n el relato de los agentes adscritos al Ministerio de Hacienda. La patrullera pas¨® por encima de la semirr¨ªgida de los narcos, que fallecieron en el acto y sin caer al mar. Las narraciones de los cinco efectivos ante la Guardia Civil coinciden en una maniobra ¡°totalmente contraria a la l¨®gica¡± para ¡°cortar la proa¡± de la patrullera. Ning¨²n presunto narcotraficante ¡ªtres espa?oles de 24, 25 y 43 a?os y un marroqu¨ª de 23 a?os¡ª sobrevivi¨® al choque y no hay grabaci¨®n del siniestro porque las c¨¢maras de v¨ªdeo estaban apagadas al ser de d¨ªa.

En su investigaci¨®n, la Polic¨ªa Judicial del Instituto Armado aleg¨® ante la magistrada que carec¨ªa de medios para dilucidar c¨®mo se produjo exactamente el accidente a tenor del estado de las embarcaciones, desde entonces retenidas a la espera de su examen pericial. De ah¨ª que la juez acudiera a la comisi¨®n de Fomento, cuyo pleno aprob¨® rechazar la petici¨®n de la justicia. Cuatro meses despu¨¦s del suceso, la investigaci¨®n est¨¢ estancada.

¡°Esta comisi¨®n persigue la seguridad del transporte mar¨ªtimo y no tenemos nada que decir en una persecuci¨®n policial. Analizamos accidentes entre buques civiles y no buques de Estado, no vamos a dilapidar recursos que no va a redundar en los objetivos de la comisi¨®n¡±, arguye su secretario, Francisco Mata. Este, junto al presidente Jes¨²s Panadero y el vicepresidente Fernando Yllescas, explicar¨¢n a la juez sus argumentos dentro de un mes.

La Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, en su art¨ªculo 265 establece: ¡°La CIAIM realizar¨¢ sus investigaciones de la manera m¨¢s eficaz y r¨¢pida posible, colaborando en su caso, con las autoridades judiciales¡±. En paralelo, el Real Decreto 800/2011, que regula el funcionamiento de la comisi¨®n, detalla: ¡°Una recomendaci¨®n sobre seguridad no puede dar lugar en ning¨²n caso a la presunci¨®n de culpa o de responsabilidad y la elecci¨®n del contenido y el estilo del informe se han efectuado sin intenci¨®n de que este pueda ser utilizado en un procedimiento judicial¡±. Es decir, sus conclusiones no pueden servir de base para acusaciones penales.

En cualquier caso, el fiscal matiza en su escrito que pese a que el accidente no est¨¦ entre sus competencias, ¡°algo ya de por s¨ª discutible¡±, a los miembros de la comisi¨®n no les corresponde decidir ¡°ni tienen cualificaci¨®n alguna para hacerlo¡±. ¡°Cualquier organismo p¨²blico est¨¢ sujeto a la obligaci¨®n legal de colaborar con la Administraci¨®n de Justicia (¡­) nada impedir¨ªa al ¨®rgano instructor considerar a la comisi¨®n el organismo id¨®neo para efectuar la prueba pericial solicitada, su composici¨®n y su neutralidad¡±.

El pleno de la comisi¨®n consensu¨® el 21 de febrero que es un ¨®rgano independiente de la justicia y que se rige de acuerdo con su propia normativa reguladora, la Ley de Puertos del Estado. Ahora el secretario de la comisi¨®n insiste y rebate la mayor: ¡°La juez deber¨ªa pedir a peritos o dirigirse a los colegios oficiales de Marina Mercante para saber si las maniobras fueron correctas (¡­) Cuando llegue la providencia del juzgado consultaremos con los servicios jur¨ªdicos del ministerio para ver qu¨¦ hacer¡±, se?ala.

La comisi¨®n recibe unas 300 notificaciones de accidentes al a?o, de las que investigan alrededor de 40. No es la primera vez que esta comisi¨®n pone peros a la justicia. El pesquero Nuevo Pepita Aurora se hundi¨® en el Estrecho de Gibraltar en 2007, llev¨¢ndose la vida de ocho marineros. Tras la negativa inicial, la comisi¨®n acept¨® elaborar el informe sobre el siniestro exigido por la justicia, seg¨²n fuentes del caso.