La reforma para que el fiscal dirija las investigaciones penales, aparcada por la corrupci¨®n

La corrupci¨®n y, m¨¢s concretamente, la gesti¨®n de la Operaci¨®n Lezo ha afectado directamente a la imagen de la Fiscal¨ªa hasta el punto de arruinar una de las reformas que parec¨ªa m¨¢s realizable en el inicio de la legislatura: la del proceso penal para que los fiscales puedan instruir los sumarios. PP y PSOE compart¨ªan la idea de modificar la ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX. Fuentes del Gobierno, del PSOE y de la carrera fiscal asumen que la imagen ha quedado tan tocada que ser¨¢ imposible a corto plazo abordar esa reforma.

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La paralizaci¨®n de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es uno de los efectos colaterales del esc¨¢ndalo destapado con la Operaci¨®n Lezo. Seg¨²n Juan Carlos Campo, portavoz socialista en la Comisi¨®n de Justicia, ¡°estos hechos aconsejan una prudencia m¨¢s exquisita que la necesaria¡±. Es decir, que el PSOE no ve condiciones para afrontar esa compleja reforma para buscar un sistema en el que los fiscales asuman la instrucci¨®n, sometidos siempre al criterio de un juez de garant¨ªas.

El ¨²ltimo Gobierno del PSOE, con Campo como secretario de Estado, lleg¨® a enviar al Congreso un proyecto de ley en el que se abordaba esta reforma radical, pero no fue posible tramitarlo por el fin de la legislatura. La instrucci¨®n de los fiscales ha sido una reivindicaci¨®n hist¨®rica de muchos juristas utilizando la referencia del resto de pa¨ªses europeos y para evitar disfunciones que se producen ahora en cooperaci¨®n jur¨ªdica internacional, por la diferencia de competencias entre fiscales espa?oles y jueces y fiscales europeos.

Luego, el Gobierno de Mariano Rajoy encarg¨® a un grupo de expertos, encabezados por el ahora presidente de la sala segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, un proyecto en el que el PP, por primera vez, asum¨ªa la instrucci¨®n de los fiscales.

Rafael Catal¨¢ aparc¨® en la anterior legislatura esa reforma y ahora pretend¨ªa impulsarla, seg¨²n explic¨® desde su toma de posesi¨®n. Incluso, dej¨® claro que le gustaba el proyecto que impuls¨® el Gobierno de Jos¨¦ Luis Rodr¨ªguez Zapatero y que ve¨ªa opciones de presentar una propuesta antes de verano. Ahora, esos plazos se alargan sin fin y quedan supeditados a los trabajos de una subcomisi¨®n parlamentaria que ni siquiera se ha puesto en marcha.

En su ¨²ltima comparecencia en el Congreso, el ministro de Justicia habl¨® de esa subcomisi¨®n y se?al¨®: ¡°Estamos deseando que empiece ya, que empiecen las comparecencias de todas las instituciones, personas y juristas que sus se?or¨ªas decidan puedan aportar luz en estos debates, y que tengamos un proyecto compartido, porque la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no va a ser un proyecto del Ministerio de Justicia ni de este Gobierno, o lo es de esta C¨¢mara o lo es de la mayor¨ªa de las fuerzas parlamentarias o no ser¨¢¡±.

En todo caso, la reforma procesal requiere un cambio del Estatuto Fiscal para asegurar que no est¨¦ condicionado por el Ejecutivo. El ministro, en su ¨²ltima comparecencia, se limit¨® a asegurar que las ¨®rdenes a los fiscales deb¨ªan ser en todo caso por escrito. No obstante, ahora ya es posible cuando se plantea un art¨ªculo 27, es decir, el mecanismo que los fiscales tienen para hacer frente a ¨®rdenes que consideran improcedentes. De hecho, la orden de Manuel Moix, fiscal jefe Anticorrupci¨®n a sus subordinados era escrita y solo fue retirada ante la rebeli¨®n de la casi totalidad de la plantilla.

Catal¨¢ asegur¨® que ¡°de acuerdo con este enfoque de una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, sin duda es preciso tambi¨¦n modificar y promover la reforma del Estatuto fiscal, un nuevo estatuto que, entre otras cuestiones, concilie el principio de autonom¨ªa con el principio de unidad de actuaci¨®n como una garant¨ªa de la seguridad jur¨ªdica en el que se remarque la imparcialidad y el exclusivo sometimiento a la ley del ministerio fiscal, que prevea la potestad normativa del ministerio fiscal y su singularizaci¨®n presupuestaria, que proh¨ªba las ¨®rdenes verbales y que las ¨®rdenes generales establezcan que se publiquen de una manera oficial, que otorgue mayor protagonismo al Consejo Fiscal y a las juntas de la fiscal¨ªa, que facilite, dentro de ese principio de jerarqu¨ªa, la discrepancia jur¨ªdica mediante mecanismos transparentes o que regule el m¨¦rito y la capacidad para el acceso a los puestos discrecionales".

A?adi¨® que "estas dos reformas, el nuevo Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, deber¨ªan caminar en paralelo". Es decir, quedar¨¢n subordinados a la subcomisi¨®n parlamentaria.

Ciudadanos tiene previsto presentar en las pr¨®ximas semanas una proposici¨®n de ley de reforma del Estatuto fiscal para que, por ejemplo, el Fiscal General pueda ser destituido por el Congreso. Esa propuesta tampoco podr¨ªa estar aprobada antes de final de a?o.

Podemos tampoco ve posible que el fiscal en estas condiciones pueda asumir la instrucci¨®n. En su programa electoral defend¨ªan "revisar el sistema de nombramiento del Fiscal General del Estado" y "reformar el Estatuto Org¨¢nico del Ministerio Fiscal para introducir mecanismos que doten a la Fiscal¨ªa de autonom¨ªa (org¨¢nica y funcional) con relaci¨®n al poder ejecutivo".

Campo, portavoz de Justicia del PSOE, asegura que "ontol¨®gicamente la instrucci¨®n tienen que llevarla los fiscales, los que promueven la acci¨®n penal, pero la sospecha que se cierne sobre el fiscal en casos llamativos hace que los mecanismos de prevenci¨®n se hiperbole".

Su tesis es que es preciso cambiar el Estatuto fiscal "para que no pasen cosas como las que est¨¢n pasando. La confiabilidad de la ciudadan¨ªa en la actuaci¨®n de las altas c¨²pulas de la fiscal¨ªa hace que esa sospecha no alimente la necesidad de cambios. Los jueces est¨¢n cumpliendo el papel constitucional y es una pena porque carrera fiscal tiene personas extraordinariamente preparados que podr¨ªan hacerlo, pero las sospechas por las actuaciones que espero que se disipen aconsejan una prudencia m¨¢s exquisita que la necesaria".

Para ?lvaro Garc¨ªa, presidente de la Uni¨®n Progresista de Fiscales (UPF) "podemos ver la botella medio llena o medio vac¨ªa, lo sucedido evidencia las necesidades y las costuras del sistema, en este momento totalmente inadecuado para otorgar la investigaci¨®n al fiscal, desde ese punto de vista puede ser positivo, estamos a tiempo de remediarlo".

"Lo que es desastroso para nosotros es la p¨¦rdida de confianza de la sociedad en la Fiscal¨ªa como instituci¨®n, debemos recuperar la credibilidad perdida y resaltar el trabajo diario de todos los fiscales en todos los lugares de Espa?a, nuestra funci¨®n se legitima tambi¨¦n socialmente, y a ello nos tenemos que poner todos, en especial quienes nos dirigen, y en ello han de empe?arse tambi¨¦n quienes tienen la capacidad de cambiar las leyes, o de transmitir a la opini¨®n publica lo que hacemos y quienes somos", asegura.