Rivera acord¨® con Rajoy proteger al m¨¢ximo a los funcionarios en Catalu?a

En todas las conversaciones recientes, que son m¨¢s de las conocidas, el l¨ªder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha trasladado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, su enorme preocupaci¨®n por la situaci¨®n particular de los funcionarios en Catalu?a ante el desaf¨ªo separatista. Rajoy ha convenido con Rivera que el Ejecutivo central les dar¨¢ la m¨¢xima protecci¨®n ante iniciativas unilaterales o ilegales de la Generalitat, como el refer¨¦ndum de independencia que se pretende. Rivera ha comunicado esa inquietud hace unos d¨ªas a la vicepresidenta.

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Un alto cargo de La Moncloa del entorno cercano a Rajoy precisaba hace unos d¨ªas que el presidente del Gobierno y el l¨ªder de Ciudadanos hablan m¨¢s de lo que se piensa, que ya no necesitan intermediarios como en otra ¨¦poca en la que su relaci¨®n era mala y escasa, pero que esa conexi¨®n no se comunica por los recelos de Rivera a que se le vea como un socio previsible del PP. Su visi¨®n pol¨ªtica es en muchos asuntos diferente, por la distancia generacional y de actitud, pero en el problema con Catalu?a apenas han encontrado discrepancias graves. Fuentes de la direcci¨®n de Ciudadanos han remarcado as¨ª que uno de los temas que Rivera siempre le recuerda a Rajoy en sus charlas es que hay que preparar una buena cobertura legal y pol¨ªtica para los funcionarios en Catalu?a ante lo que pueda suceder.

Albert Rivera mantuvo hace meses una reuni¨®n de trabajo con el presidente del CSIF, Miguel Borra, el sindicato mayoritario en la Administraci¨®n del Estado, y ¨¦ste le resumi¨® las dudas y preocupaciones que llevan meses envi¨¢ndoles numerosos funcionarios verbalmente y en privado. Son las mismas inquietudes que los representantes sindicales le han indicado a la portavoz hasta ahora de la funci¨®n p¨²blica en la gestora del PSOE, Mar¨ªa Jes¨²s Serrano, y las que llevaron en su agenda a la cita que mantuvieron en La Moncloa con la vicepresidenta, Soraya S¨¢enz de Santamar¨ªa, el pasado 10 de mayo. Los funcionarios quieren despejar las posibles inc¨®gnitas sobre su futuro y sobre todo pretenden conocer qu¨¦ les podr¨ªa pasar si reciben una orden de un superior para cumplir una instrucci¨®n que pueda ir en contra de la Constituci¨®n, el estatuto de autonom¨ªa o la ley de la funci¨®n p¨²blica.

Fuentes de la c¨²pula de Ciudadanos remachan que Rivera reiter¨® esa necesidad de ocuparse de los funcionarios en la conversaci¨®n que desarroll¨® con la vicepresidenta cuando ¨¦sta le llam¨® el 19 de mayo para anticiparle que iba a comparecer tras el Consejo de Ministros para invitar a Puigdemont a que acudiera a explicar su plan independentista al Congreso. Rivera volvi¨® a requerir m¨¢s protecci¨®n a los funcionarios.

El mensaje de Santamar¨ªa

Santamar¨ªa ya hab¨ªa oficializado ante el representante sindical su mensaje de tranquilidad en el sentido de que el ejecutivo no va a dejar a nadie desamparado y le deriv¨® a otra cita, que se celebr¨® este 24 de mayo, con el delegado del Gobierno en Catalu?a, Enric Millo. Ese d¨ªa EL PA?S adelant¨® los planes de la Generalitat en su ley de Transitoriedad Jur¨ªdica donde se detallan los pasos para la ruptura expr¨¦s y unilateral con el resto de Espa?a. Incluido el traspaso directo de los funcionarios auton¨®micos y locales (casi 300.000) y con algunas condiciones de los 27.800 de la administraci¨®n del Estado. Esa posibilidad alarm¨® al CSIF y fue el monotema del encuentro. De todos esos contactos los delegados sindicales se han quedado con la novedad por parte del Gobierno de que ¡°hasta ahora hab¨ªan estado expectantes ante los comportamientos de la Generalitat pero ahora ante cada acci¨®n habr¨¢ una reacci¨®n¡±. Y tambi¨¦n con la oportunidad de abrir una v¨ªa de di¨¢logo permanente con el secretario de Estado de Administraciones P¨²blicas, Roberto Berm¨²dez de Castro.

Los servicios jur¨ªdicos de CSIF elaboraron un informe en septiembre de 2015, que han entregado a todos sus interlocutores, con el protocolo de instrucciones b¨¢sicas para los funcionarios: recoger todas las ordenes por escrito; dejar constancia ante los jefes de cualquier posible ilegalidad e interponer recursos legales; y no acatar esos mandatos y ponerlos en conocimiento de las respectivas inspecciones.