Andaluc¨ªa crea una oficina para prevenir y luchar contra la corrupci¨®n

Andaluc¨ªa abre oficina contra la corrupci¨®n. El decreto de creaci¨®n de esta medida, prevista en el acuerdo de investidura de Susana D¨ªaz con Ciudadanos, se ha publicado este mi¨¦rcoles. Contar¨¢ con una direcci¨®n independiente, que no podr¨¢ ser cesada y ser¨¢ elegida por un tribunal para cinco a?os (prorrogables solo una vez), una quincena de funcionarios y medio mill¨®n de euros para material inicial. Actuar¨¢ de oficio, a instancias de los grupos pol¨ªticos o por denuncia de cualquier ciudadano, a quien se le garantizar¨¢ el anonimato. "No queremos ni un solo resquicio por el que se cuele la corrupci¨®n", ha justificado la responsable del nuevo organismo, la consejera de Hacienda, Mar¨ªa Jes¨²s Montero. La oficina estar¨¢ plenamente operativa desde enero.

Las funciones de la oficina, cuyo tr¨¢mite comenz¨® hace un a?o y fue reclamada por Ciudadanos, ser¨¢n la prevenci¨®n, investigaci¨®n y resoluci¨®n de casos que no se ajusten a las normas. Si la infracci¨®n trasciende del ¨¢mbito administrativo, ser¨¢ elevado a los tribunales. Si puede resolverse dentro de las competencias previstas, se establecer¨¢n sanciones de acuerdo al r¨¦gimen de la Junta de Andaluc¨ªa, que prev¨¦ desde la amonestaci¨®n hasta la expulsi¨®n.

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Las investigaciones ser har¨¢n de oficio, seg¨²n el "mapa de riesgo" que elabore la oficina, a iniciativa de los grupos pol¨ªticos del Parlamento o a partir de la denuncia de cualquier ciudadano. A estos se les garantizar¨¢ el anonimato, pero tambi¨¦n se actuar¨¢ si se registra una denuncia sin identidad desde el principio, pero con indicios de ser veraz.

La oficina investigar¨¢, instruir¨¢ el caso y propondr¨¢ sanciones. Si detecta que la anomal¨ªa vulnera la legalidad y es susceptible de ser llevada a los tribunales, lo har¨¢. Si hay indicios de responsabilidad contable, tambi¨¦n se comunicar¨¢ de oficio a Hacienda.

Los investigados ser¨¢n tanto la administraci¨®n general como los entes instrumentales y cualquier entidad, p¨²blica o privada, que se haya beneficiado de un contrato o una subvenci¨®n p¨²blica. El objetivo es que cualquier euro p¨²blico sea susceptible de ser revisado por esta entidad.

La oficina ser¨¢ competente para requerir declaraci¨®n, testimonio y cualquier tipo de documentaci¨®n o acceso a archivos de toda ¨ªndole en el transcurso de la investigaci¨®n. La colaboraci¨®n ser¨¢ de obligado cumplimiento para todo el personal de la administraci¨®n y para quienes tengan relaci¨®n con ella, ya que el acceso a beneficios p¨²blicos se tendr¨¢ que someter tambi¨¦n a su labor inspectora.

Los investigadores podr¨¢n suspender cautelarmente los procedimientos cuestionados, adem¨¢s de fijar las sanciones o promover las modificaciones que sean necesarias para el cumplimiento de los objetivos de prevenci¨®n de la corrupci¨®n. De sus actuaciones, presentar¨¢n una memoria anual detallada sin la identificaci¨®n del origen de las instrucciones, si as¨ª lo ha solicitado el denunciante.

Para garantizar la autonom¨ªa de la direcci¨®n de la oficina, esta ser¨¢ independiente de la Administraci¨®n, aunque nominalmente est¨¦ adscrita a la consejer¨ªa de Hacienda. Sin embargo, ser¨¢ como la intervenci¨®n, con una persona responsable elegida por un tribunal que analice sus 15 a?os m¨ªnimos de experiencia y sus capacidades. A esta direcci¨®n se sumar¨¢ una quincena de trabajadores que opten a las plazas que se prevean en una relaci¨®n convencional de puestos de trabajo.