El Gobierno quiere que los altos cargos de la Justicia declaren sus bienes

El Gobierno de Mariano Rajoy no quiere encontrarse ni tener que lidiar con otro caso como el de Manuel Moix cuando tuvo que presentar el pasado 1 de junio su dimisi¨®n como fiscal jefe de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n tras descubrirse que participaba en una sociedad offshore en el para¨ªso fiscal de Panam¨¢ para la gesti¨®n de un chal¨¦ familiar en la sierra de Madrid. El Ministerio de Justicia estudia con la Fiscal¨ªa General del Estado y los otros ¨®rganos judiciales del m¨¢ximo nivel la f¨®rmula para exigir a futuros candidatos a ese puesto, y tambi¨¦n para otros responsables del mundo de la judicatura, la presentaci¨®n previa de una declaraci¨®n de bienes y patrimonio como la que ya registran altos cargos de la Administraci¨®n del Estado.

Los jueces y fiscales ya est¨¢n acogidos a un r¨¦gimen de incompatibilidades que les impiden ejercer cualquier actividad mercantil. Pero como la empresa de Moix no tiene actividad se interpret¨® que no hab¨ªa incurrido en incompatibilidad. Si Moix hubiera sido juez tendr¨ªa que haber comunicado la existencia de esta empresa de gesti¨®n del patrimonio al servicio de inspecci¨®n, porque as¨ª lo exige el estatuto de los jueces. Pero la norma que regula la carrera fiscal no incluye esta concreci¨®n, lo que ha permitido a Moix ejercer sin dar a conocer su sociedad. Por su parte, los vocales de la comisi¨®n permanente del Poder Judicial est¨¢n obligados a presentar una declaraci¨®n de bienes que se hace p¨²blica.

¡°?De los 2.500 fiscales que hay en Espa?a cuantos pueden tener una sociedad en Panam¨¢ para gestionar su chal¨¦?¡±. La pregunta nada ret¨®rica de un miembro del Gobierno de Rajoy se formula para destacar la desagradable sorpresa que se llevaron cuando el diario digital Infolibre inform¨® sobre la propiedad de una sociedad offshore en Panam¨¢ de la familia de Manuel Moix para ese cometido. No lo sab¨ªan y proclaman que el Fiscal General del Estado, Jos¨¦ Manuel Maza, su te¨®rico jefe superior, tampoco.

Fuentes oficiales del ejecutivo apuntaron que est¨¢n trabajando para reclamar al futuro relevo del propio Moix al frente de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, en una plaza que se convoc¨® oficialmente este pasado martes en el Bolet¨ªn Oficial del Estado, que deber¨ªa presentar en un registro p¨²blico una declaraci¨®n de bienes y patrimonio antes de acceder al puesto. En la convocatoria formal se demanda por ahora solo que en los pr¨®ximos 10 d¨ªas se env¨ªen solicitudes, curr¨ªculum y un proyecto.

En el ejecutivo defienden, para sustentar sus tesis, el precedente de que ese tipo de declaraciones de bienes ya son obligadas desde que se aprob¨® la Ley 3/2015, de 30 de marzo, para el ejercicio de los altos cargos de la Administraci¨®n General del Estado. El art¨ªculo 17 de esa norma especifica que se deber¨¢n presentar esas declaraciones en el Registro de Bienes y Derechos Patrimoniales en el plazo improrrogable de tres meses desde su toma de posesi¨®n y tras su cese.

El Gobierno estudia que ese control preventivo se pueda extender a las m¨¢s altas instancias judiciales del pa¨ªs, desde los presidentes de las audiencias provinciales, los presidentes de los tribunales superiores de justicia de cada autonom¨ªa, los vocales del Consejo General del Poder Judicial, los magistrados del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional y los m¨¢ximos representantes de las principales Fiscal¨ªas. El ejecutivo busca la f¨®rmula concreta de esa declaraci¨®n y cu¨¢l ser¨ªa el registro adecuado pero la idea es implantar ese m¨¦todo de transparencia en breve.