Puigdemont hace gestos en busca del apoyo de Colau
La ¨²ltima versi¨®n de la 'ley de ruptura' suaviza aspectos espinosos para los Comunes
Los retoques, omisiones y a?adidos de la ¨²ltima versi¨®n de la Ley de Transitoriedad Jur¨ªdica de la Generalitat tienen como objetivo ampliar el apoyo a la causa independentista, muy particularmente entre las bases de Catalunya en Com¨², el partido de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Adem¨¢s de detallar un proceso constituyente ¡°de base ciudadana¡±, el texto elimina o suaviza asuntos espinosos del primer borrador como la preeminencia de la lengua catalana, mientras que deja intactas las referencias a la pobreza energ¨¦tica y el derecho a la vivienda.
Adem¨¢s de ser m¨¢s breve, el nuevo texto es sensiblemente m¨¢s abstracto que la versi¨®n publicada en mayo por EL PA?S. Con ello, adem¨¢s de intentar evitar el rechazo de los sectores poco convencidos sobre la independencia, buscan dar mayor libertad de acci¨®n a los parlamentarios en el futuro y, de paso, reducir fricciones dentro del propio bloque independentista. En este sentido destaca que los 15 art¨ªculos que inicialmente regulaban el r¨¦gimen ling¨¹¨ªstico de la Catalu?a independiente se han quedado en uno solo.
En la primera versi¨®n del borrador se establec¨ªa el catal¨¢n como ¨²nica ¡°lengua propia de Catalu?a¡± mientras que se dotaba al castellano de un ¡°reconocimiento especial¡±. Lo que gener¨® m¨¢s alarma entre sectores no catalanohablantes era que los funcionarios estatales que decidieran ingresar en la Administraci¨®n de la Generalitat tendr¨ªan la obligaci¨®n de aprender el catal¨¢n, para lo que se les otorgaba ¡°un periodo transitorio suficiente¡± para poder acreditar un conocimiento.
Cuesti¨®n ling¨¹¨ªstica
Nada de esto figura en el nuevo documento, que zanja el asunto en un solo art¨ªculo, el n¨²mero 24, que garantiza que nadie podr¨¢ ser ¡°discriminado¡± por ¡°razones ling¨¹¨ªsticas¡± y que todo el mundo podr¨¢ ejercer ¡°el derecho de opci¨®n en relaci¨®n con las lenguas catalana, aranesa y castellana¡±. Se remite a ley de pol¨ªtica ling¨¹¨ªstica de 1998, que blindaba aspectos como la inmersi¨®n ling¨¹¨ªstica en las escuelas, que fue aprobada por amplia mayor¨ªa del Parlament y que no fue recurrida por el Gobierno de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar. Para dejar claro que se quiere ladear la espinosa cuesti¨®n ling¨¹¨ªstica el texto insiste en que se garantizan los derechos ling¨¹¨ªsticos vigentes ¡°en el momento de entrada en vigor de esta ley¡±. Con otras palabras: las lenguas ser¨¢n tratadas en la eventual futura rep¨²blica de la misma manera que en la actual autonom¨ªa.
Los redactores del nuevo borrador han sido cuidadosos para que los asuntos m¨¢s relevantes para los llamados comunes no se hayan visto diluidos. De esta forma, el art¨ªculo 23 reza que se reconoce el derecho a la protecci¨®n social, ¡°especialmente en lo relacionado con la infancia, ante situaciones de pobreza, incluida la pobreza energ¨¦tica, de riesgo de exclusi¨®n social por falta de alojamiento digno, malnutrici¨®n y otras privaciones de condiciones b¨¢sicas de vida¡±. En ning¨²n momento se especifica c¨®mo se garantizar¨¢n estos derechos m¨¢s all¨¢ de una gen¨¦rica alusi¨®n a que ¡°todas las personas tienen la obligaci¨®n de contribuir al sostenimiento de los gastos p¨²blicos seg¨²n su capacidad econ¨®mica¡±.
Pensiones y prestaciones
El otro segmento de poblaci¨®n que los independentistas intentan tranquilizar con el nuevo borrador es el de los pensionistas y receptores de prestaciones sociales. El texto realza la idea de que no var¨ªan las condiciones para acceder a estas retribuciones y que se reconocen tambi¨¦n ¡°los periodos de cotizaci¨®n del sistema de Seguridad Social realizados en el territorio de Catalu?a, a efectos de carencia y de c¨¢lculo, as¨ª como de otros Estados de acuerdo con el derecho de la Uni¨®n Europea¡±. En este punto, de nuevo, no se especifica c¨®mo se sufragar¨¢n tales derechos.
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