Las 15 toneladas de papel que ocultan el bot¨ªn de Granados

El pasado 16 de mayo, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se desplazaron a la nave del Pol¨ªgono Industrial de Valgrande, en Alcobendas (Madrid) que sirve de sede a la empresa de almacenaje Iron Mountain Espa?a SA. Iban con un mandamiento de registro firmado por el entonces titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n 6, Eloy Velasco, para requisar toda la documentaci¨®n que custodiase dicha compa?¨ªa sobre los 22 consorcios urban¨ªsticos y las obras del Plan Prisma de la empresa p¨²blica Arpegio, de cuyos millonarios fondos se sospecha que el presunto cabecilla de la trama P¨²nica, Francisco Granados, obtuvo la mayor parte de su bot¨ªn. Sin embargo, aquel d¨ªa los agentes se volvieron con la manos vac¨ªas, pero no porque no encontraran lo que buscaban, sino porque el volumen en papel de aquella informaci¨®n era de tal magnitud que su traslado a dependencias policiales era, literalmente, imposible.

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As¨ª lo recogen diversos documentos incorporados al sumario y a los que ha tenido acceso EL PA?S, entre ellos dos cartas remitidas por los responsables de la empresa contratada por el Ejecutivo regional de guardar esta documentaci¨®n. En la primera de estas misivas, remitida un d¨ªa despu¨¦s del registro, se detallaba que toda ocupaba 1.164 cajas de tama?o A5 con un peso total de aproximaba a las 15 toneladas. Los responsables de la mercantil apuntaban que "para su mejor organizaci¨®n" y consulta, se necesitar¨ªa una superficie "de unos 200 metros cuadrados de f¨¢cil acceso y lo suficientemente di¨¢fana para poder maniobrar con los palets por ella". Solo su traslado a otro lugar llevar¨ªa "lo menos" dos semanas y costar¨ªa 9.000 euros, m¨¢s impuestos, a?ad¨ªa la carta.

Con estas cifras, la Guardia Civil dio instrucciones para que no se remitiera a sus instalaciones esa documentaci¨®n. Adem¨¢s, la investigaci¨®n de esta parte del sumario corre a cargo de la Intervenci¨®n General de la Administraci¨®n del Estado (IGAE, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda). Desde el juzgado tambi¨¦n comunicaron a Iron Mountain que tampoco se enviara a la Audiencia Nacional. La empresa propuso entonces "facilitar" a los responsables de las pesquisas "una sala" en el centro de custodia que Iron Mountain tiene en el Pol¨ªgono La Olvera, de Ribatejada (Madrid), donde se encuentran f¨ªsicamente las 1.164 cajas, y que la Audiencia Nacional enviara all¨ª "su propia fotocopiadora" para poder hacer copia de la documentaci¨®n que considerara relevante para la causa. Eso s¨ª, siempre en presencia de una persona de la compa?¨ªa para cumplir, recalcaban, con "las altas medidas de seguridad" que esta asegura aplicar para garantizar la confidencialidad de sus clientes.

La respuesta de la Audiencia Nacional no se hizo esperar. El mismo d¨ªa que llegaba la misiva, desde el juzgado se daban ¨®rdenes por fax a Iron Mountain para que las 15 toneladas de informaci¨®n en papel permanecieran en sus almacenes a disposici¨®n de los investigadores y que a partir de ese momento no se permitiera "el acceso a dicha documentaci¨®n a persona ajena a este juzgado". Tambi¨¦n solicitaba a la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n que "a la mayor urgencia posible" indicase al juez instructor "c¨®mo llevar a efecto el examen de la documentaci¨®n". La empresa se daba poco despu¨¦s por enterada, aunque tambi¨¦n comunicaba que cualquier "servicio en relaci¨®n con dichas cajas", se lo facturar¨ªa "abiertamente al cliente", en referencia a la Comunidad de Madrid.

Entre esa documentaci¨®n, los investigadores esperan encontrar, no solo pruebas sobre los supuestos ama?os que permitieron presuntamente a Granados enriquecerse, sino tambi¨¦n datos sobre la supuesta financiaci¨®n de PP, PSOE e IU. En un escrito de Anticorrupci¨®n, desvelado el pasado 2 de junio por EL PA?S, se destacaba que al saltar de la Consejer¨ªa de Transporte a la de Presidencia en 2004, Granados estableci¨® en su departamento una estructura "a la carta" para poder controlar, entre otros, los fondos del plan de inversiones p¨²blicas Prisma que gestionaba la empresa p¨²blica del suelo, Arpegio, y la venta de suelo que se realizaba a trav¨¦s de los consorcios urban¨ªsticos.

En total, 3.000 millones de euros bajo su control. "Esto le permiti¨® conseguir, a trav¨¦s de comisiones entregadas por los empresarios beneficiarios de las adjudicaciones, ingentes cantidades de dinero p¨²blico", destacaba aquel escrito de la fiscal¨ªa. Un "bot¨ªn", como lo calificaba Anticorrupci¨®n, del que supuestamente se beneficiaron "todos los participantes en los hechos", incluidos ediles de los tres principales partidos de la regi¨®n -PP, PSOE e IU- de los ayuntamientos donde estaban los consorcios urban¨ªsticos.