La corrupci¨®n intermedia del ¡®caso Fitonovo¡¯, a juicio

El juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata ha concluido este viernes la investigaci¨®n del caso Fitonovo o Madeja, el gran ¡°caso testigo¡± de la corrupci¨®n de t¨¦cnicos y funcionarios de escala intermedia, y ha dictado el procesamiento de 66 personas en cinco piezas separadas. La causa afecta principalmente a ayuntamientos, diputaciones y delegaciones territoriales del Ministerio de Fomento en Andaluc¨ªa, aunque tambi¨¦n se extiende a otras regiones de Espa?a como Canarias y Extremadura.

La trama corrupta se centra en la consultora medioambiental Fitonovo, cuyos directivos supuestamente obten¨ªan contratos p¨²blicos gracias a una red de funcionarios a los que sobornaban de manera continuada con fondos de una caja b que generaron con facturas falsas. En la primera pieza, los sobornos de mayor cuant¨ªa los percibieron el ingeniero de la demarcaci¨®n de carreteras de Fomento en Huelva Alfonso Mart¨ªn Barroso y el jefe de servicio de Movilidad de la Diputaci¨®n de Sevilla Carlos Manuel Podio Lora. El primero recibi¨® de Fitonovo, seg¨²n los autos, 67.336 euros entre 2003 y 2008 por supuestamente certificar trabajos no realizados por la empresa. El segundo se benefici¨® de regalos y trabajos en su finca por valor de 111.882 euros, de acuerdo con el juez De la Mata. La suma total de los sobornos de los 12 imputados en esta pieza asciende a 254.000 euros.

La segunda pieza tiene como escenario el Ayuntamiento de Algeciras (C¨¢diz). Los directivos de Fitonovo, encabezados por Jos¨¦ Antonio Gonz¨¢lez Baron, entregaron supuestamente 279.360 euros entre febrero de 2010 y septiembre de 2011 al concejal de Urbanismo y posterior alcalde Diego Tom¨¢s S¨¢nchez Rull, del PSOE. A cambio, obtuvieron el contrato para construir y explotar un polideportivo en la ciudad.

El Ayuntamiento de Sevilla ocupa la tercera pieza. Fitonovo supuestamente pag¨® al director de V¨ªa P¨²blica Domingo Enrique Casta?o 303.000 euros por el concurso de los riegos del Parque de Mar¨ªa Luisa, uno de los m¨¢s importantes de la ciudad, en 2005. La empresa tambi¨¦n gan¨® tres lotes de un macrocontrato de 48 millones de euros de mantenimiento de parques y jardines de la capital de Andaluc¨ªa. Entre las contraprestaciones figuran la realizaci¨®n de obras en la Agrupaci¨®n Local Macarena del PSOE, por 6,839 euros, y el pago de 155.000 a Izquierda Unida tras la adjudicaci¨®n 11 contratos para instalar c¨¦sped artificial en campos de f¨²tbol, siendo primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos.

La cuarta fase afecta a funcionarios del ente p¨²blico Administraci¨®n de Infraestructuras Ferroviarias (Adif). El director de Operaciones y gerente de mantenimiento de C¨®rdoba, Enrique Jos¨¦ Finch, obtuvo unos sobornos entre 2003 y 2012 por 1,03 millones de euros por favorecer un macrocontrato de prevenci¨®n de incendios en las l¨ªneas convencionales y de alta velocidad. Su compa?ero Jos¨¦ Antonio Garc¨ªa Pascual, de Zaragoza, percibi¨® otros 100.400 euros por facilitar contratos de Fitonovo, seg¨²n la investigaci¨®n. Otro gerente de mantenimiento, Antonio Rodr¨ªguez Jurado, de Sevilla supuestamente obtuvo 428.000 euros por el mismo concepto.

La quinta y ¨²ltima pieza corresponde al Gobierno de Canarias, a la Junta de Extremadura y a la Junta de Andaluc¨ªa. En las islas, el consejero de Obras P¨²blicas del Cabildo de Lanzarote, Sergio Mach¨ªn percibi¨® supuestamente 24.000 euros. En Extremadura, el jefe de conservaci¨®n de Carreteras Jos¨¦ Mar¨ªa Pizarro obtuvo comisiones por 66.050 euros. En Andaluc¨ªa, el funcionario de la Consejer¨ªa de Fomento de la Junta Francisco Cazorla firm¨®, seg¨²n la investigaci¨®n, certificaciones por obras de poda en la autov¨ªa A-92, que cruza la comunidad de este a oeste y se llev¨® pagos por valor de 44.362 euros.

De la Mata recuerda que los directivos de Fitonovo y los funcionarios supuestamente corruptos causaron un ¡°grave da?o al inter¨¦s p¨²blico, por cuanto pervirtieron numerosos procedimientos de contrataci¨®n en detrimento de las arcas¡± p¨²blicas. Tambi¨¦n vulneraron el ¡°orden socioecon¨®mico al perjudicar a las sociedades que de forma legal pretenden participar en la contrataci¨®n, pero que no tienen posibilidad de resultar adjudicatarias al estar en franca desventaja por las pr¨¢cticas corruptas de la trama".