Polop: el asesinato del alcalde, en manos de un jurado
El concejal que sucedi¨® a Alejandro Ponsoda se enfrenta a 25 a?os de c¨¢rcel por encargar su muerte
El 19 de octubre de 2007, sobre las 21.20 horas, Alejandro Ponsoda Bou, alcalde de Polop de la Marina, una poblaci¨®n alicantina de unos 4.500 habitantes situada a las faldas del monte Ponoig, era acribillado a tiros cuando aparcaba su coche en el garaje de casa. Una de las balas qued¨® alojada en la cabeza y acab¨® con su vida ocho d¨ªas m¨¢s tarde en la habitaci¨®n de un hospital. Tras su muerte, a Ponsoda (PP) le sucedi¨® en el cargo Juan Cano: su teniente de alcalde, un ambicioso empleado de banca que controlaba el urbanismo local. Un pol¨ªtico un tanto oscuro. Con un car¨¢cter totalmente opuesto al de su antecesor, que se hab¨ªa granjeado el cari?o generalizado de sus vecinos y obtenido cuatro victorias electorales consecutivas con mayor¨ªa absoluta. Cano se enfrenta ahora, casi una d¨¦cada despu¨¦s, a una petici¨®n de 25 a?os de c¨¢rcel como presunto inductor de un crimen pol¨ªtico que arroja a¨²n hoy m¨¢s sombras que certezas. Un crimen sobre el que un jurado popular deber¨¢ emitir un veredicto en los pr¨®ximos meses.
La fiscal¨ªa acaba de presentar su escrito de acusaci¨®n provisional. En ¨¦l describe el ¡°rencor¡± que Cano guardaba a Ponsoda como el germen del complot criminal que se fragu¨® en un club de alterne de la vecina Finestrat, el Mesalina, para eliminar al alcalde. Un concili¨¢bulo que reun¨ªa a otros seis variopintos personajes: el due?o y el gerente del propio burdel, un empresario local del sector del calzado, dos matones checos y un narcotraficante extreme?o. Con la prostituci¨®n y el tr¨¢fico de drogas, la cara oculta del mundo nocturno de Benidorm y sus alrededores, como paisaje de fondo.
Esa teor¨ªa, sin embargo, se sustenta con alfileres. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil construy¨® el edificio de indicios que llevaron al arresto de Cano y los otros seis acusados en 2009 sobre unos cimientos algo inestables: el testimonio de un portero con un turbio historial que tiene la condici¨®n de testigo protegido. El juicio, para el que a¨²n no hay fecha, pondr¨¢ punto y final a un episodio de la cr¨®nica negra reciente que concit¨® la atenci¨®n medi¨¢tica de todo el pa¨ªs, apenas ocho meses despu¨¦s de la muerte a tiros de otro alcalde, Miguel Grima (PP), en Fago (Huesca).
Los siete encausados llegar¨¢n a esa vista oral, que se prev¨¦ larga y compleja, en libertad provisional. El procedimiento, dirigido por un juzgado de Villajoyosa, ha sufrido un sinf¨ªn de vaivenes y ha estado durante largos periodos totalmente paralizado. La causa pareci¨® por momentos abocada a un callej¨®n sin salida. La debilidad de las pruebas llev¨® a uno de los jueces que han llevado el caso a exculpar, con el respaldo de la fiscal¨ªa, a los tres presuntos autores materiales del crimen: Robert Franek, Radim Rakowski y Ra¨²l Montero Trevejo. Las dos pistolas utilizadas para matar a Ponsoda nunca fueron localizadas. Y no hay huellas ni pruebas biol¨®gicas que sit¨²en a estos sospechosos en el escenario del crimen.
El ministerio p¨²blico se plante¨® en su d¨ªa dar un giro a su estrategia y acusar ¨²nicamente de un delito de conspiraci¨®n para el asesinato a Cano, el empresario Salvador Ros y a los responsables del club Mesalina, Pedro Hermosilla y Ariel Gatto. Pero esa alternativa choc¨® con la Audiencia Provincial de Alicante, que estim¨® un recurso de la familia de la v¨ªctima para que todo siguiera como hasta entonces.
Tesis incriminatoria
La fiscal¨ªa se ha visto as¨ª obligada a mantener la tesis incriminatoria inicial de la UCO. Para Cano y los otros tres presuntos inductores e intermediarios del asesinato, reclama ahora penas de 25 a?os de c¨¢rcel, y para los presuntos sicarios eleva su petici¨®n a los 27 a?os. Seg¨²n el escrito de acusaci¨®n, Cano guardaba ¡°rencor¡± al alcalde Ponsoda porque pensaba que no le hab¨ªa apoyado cuando el PP le releg¨® al d¨¦cimo puesto de las listas para las elecciones municipales de 2003, lo que hac¨ªa imposible su reelecci¨®n. Era el castigo de la c¨²pula provincial del partido a unas ¡°supuestas grabaciones en las que solicitaba dinero a un empresario¡±. Cano pas¨® cuatro a?os fuera del Ayuntamiento, pero trat¨® de seguir controlando el urbanismo de Polop a trav¨¦s de una gerencia que no prosper¨® por la oposici¨®n del entonces titular del ¨¢rea, Juan Andr¨¦s Llorens.
Ya en 2007, el acusado logr¨® presidir el comit¨¦ local del PP que deb¨ªa aprobar las listas para los comicios y se situ¨® a s¨ª mismo como n¨²mero dos, lo que le permiti¨® regresar a la corporaci¨®n como primer teniente de alcalde y, de nuevo, como edil de Urbanismo. Es durante el verano de ese mismo a?o cuando Cano y Salvador Ros se ¡°conciertan¡±, presuntamente, con los responsables del Mesalina para liquidar a Ponsoda, movidos, seg¨²n la fiscal del caso, por ¡°la animadversi¨®n que sent¨ªan hacia ¨¦l por raz¨®n de su cargo de alcalde¡±.
Los presuntos conspiradores buscaron a un individuo de los bajos fondos, un portero de clubes nocturnos con fama de mercenario en ?frica, el mismo testigo protegido que ahora puede llevarles a la c¨¢rcel, y le ofrecieron 35.000 euros por cometer el crimen. Pero ¨¦l rechaz¨® la oferta y los implicados tuvieron que recurrir a otros tres sicarios, Montero Trevejo, Rakowski y Franek, a quienes conoc¨ªan por frecuentar los locales de alterne en la zona o trabajar en algunos de ellos como porteros y ¡°que ten¨ªan f¨¢cil acceso al mercado ilegal de armas¡±. La fiscal¨ªa concluye que los tres presuntos matones ejecutaron el plan acordado previamente en el burdel. Los abogados de la defensa, en cambio, creen que la causa no deber¨ªa haber llegado ni siquiera a juicio.
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