La Guardia Civil acusa a tres cargos del PP de ser el nexo entre la trama P¨²nica y el ¡®caso Taula¡¯

Un nuevo informe de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso P¨²nica vincula por primera vez formalmente la investigaci¨®n de la trama de corrupci¨®n presuntamente dirigida por Francisco Granadas con las pesquisas instruidas en un juzgado de Valencia por la supuesta financiaci¨®n irregular del PP de la ciudad de Valencia en la etapa de Rita Barber¨¢. El escrito, al que ha tenido acceso EL PA?S, se?ala a tres cargos de los populares como la conexi¨®n entre ambas causas. Se trata del actual concejal del PP en Valencia Alberto Mendoza Segu¨ª, del ex teniente de alcalde Miquel Dom¨ªnguez ¨Cactual diputado no adscrito en las Cortes Valencianas- y del jefe de prensa de Rita Barber¨¢, Julio Valero Lluesma.

Para la Unidad Central Operativa (UCO) la presunta implicaci¨®n de todos ellos en ambos casos demuestra la estrecha relaci¨®n de ambas pesquisas, por lo que solicita al juez de la Audiencia Nacional, Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, que remita el informe de P¨²nica que los implica al instructor del caso Taula, en el que permanecen imputados los dos primeros. El Tribunal Superior de Justicia, que se hizo cargo de la investigaci¨®n sobre el tercero en su condici¨®n de aforado, sobresey¨® la causa contra ¨¦l en febrero.

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Aquel informe del caso P¨²nica, adelantado por EL PA?S el pasado 3 de julio, conclu¨ªa que el PP de la ciudad de Valencia recurri¨® en el verano de 2014 a los servicio del experto inform¨¢tico Alejandro de Pedro ¨Cuno de los principales implicados en la trama P¨²nica- para neutralizar las cr¨ªticas que recib¨ªa en la red el partido durante la ¨¦poca de la fallecida alcaldesa Rita Barber¨¢. La Guardia Civil conclu¨ªa en el mismo que dichos trabajos de reputaci¨®n ¡®online¡¯ fueron supuestamente pagados con dinero p¨²blico tras camuflarlos como inclusiones de publicidad del consistorio en un diario digital del propio De Pedro, cuya empresa factur¨® al menos 9.335 euros al Ayuntamiento en 2014.

La UCO detallaba entre otras irregularidades que el se?alado como inform¨¢tico de la P¨²nica gener¨® contenidos para las autoridades municipales valencianas incluso antes de haber firmado contrato y que entre los trabajos se incluy¨® el intento de manipular una encuesta de la web del peri¨®dico Levante sobre el proyecto de reforma urban¨ªstica de la barriada del Cabanyal.

Entre los presuntos implicados en estos hechos, el documento se?alaba a los tres cargos del PP, a los que acusaba de los delitos de fraude y malversaci¨®n. En el nuevo informe, fechado el pasado 12 de julio, la UCO recuerda el papel presuntamente jugado por cada uno de ellos en el fraude. As¨ª, se?ala que el concejal Alberto Mendoza ¡°se habr¨ªa prestado como interlocutor¡± entre De Pedro y el jefe de prensa de Barber¨¢, Julio Valero, ¡°articulando la contrataci¨®n¡± de Madiva Editorial y Publicidad SL, la empresa de De Pedro, para el supuesto desv¨ªo de fondos con los que ¡°mejorar la imagen institucional de la corporaci¨®n municipal en las redes sociales¡±. De Miquel Dom¨ªnguez, hoy parlamentario regional y entonces teniente de alcalde, asegura que fue el encargado de conseguir que se aprobase el expediente de contrataci¨®n que sirvi¨® para camuflar los pagos.

La Guardia Civil destaca ahora que este informe ¡°pone de manifiesto determinadas cuestiones que datan de los a?os 2013 a 2015 y que presuntamente revelar¨ªan tanto la implicaci¨®n de dichas personas en los hechos relacionados con su formaci¨®n pol¨ªtica como la relaci¨®n que exist¨ªan entre los actores de forma previa a los hechos investigados¡± en el caso Taula, ¡°as¨ª como las capacidades, jerarqu¨ªa y autonom¨ªa de unos y otros en la toma de determinadas decisiones, lo que se considera de inter¨¦s para ambos procedimientos judiciales¡±.

Por todo ello piden que el informe de P¨²nica sea trasladado al sumario de Valencia ya que considera que ¡°ayudar¨ªa a su esclarecimiento¡± del caso Taula. En una de las piezas separadas de esta causa se investiga la participaci¨®n de los tres cargos se?alados por el PP por un presunto delito de blanqueo de capitales durante la campa?a electoral de las municipales de 2015. En concreto, la existencia de una pr¨¢ctica de pagos irregulares al grupo municipal que generaban dinero negro y que luego fue supuestamente lavado mediante el llamado procedimiento del pitufeo, por el que concejales y otros miembros del grupo Popular del consistorio ingresaron 1.000 euros cada uno en la cuenta del partido como si fueran donaciones propias.