Protecci¨®n de Datos avisa de multas de hasta 600.000 euros a los miembros de las mesas del refer¨¦ndum
La agencia estatal considera que el uso y cesi¨®n de los datos del censo infringe la normativa sobre ficheros personales
La Agencia Estatal de Protecci¨®n de Datos ha advertido este viernes a los ciudadanos catalanes llamados a formar las mesas electorales del refer¨¦ndum ilegal de autodeterminaci¨®n del pr¨®ximo domingo que se exponen a sanciones de hasta 600.000 euros por posibles infracciones por el manejo fraudulento y cesi¨®n a terceros del censo electoral. En una nota, la agencia recuerda que los integrantes de las mesas no tendr¨ªan la consideraci¨®n de miembros de un ¨®rgano electoral, al estar la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional, sino que recibir¨ªan los datos del censo como ciudadanos particulares.
¡°La utilizaci¨®n por parte de esas personas del denominado censo, aunque se entregase en formato papel, se estar¨ªa llevando a cabo, en consecuencia, a t¨ªtulo particular¡±, se?ala Protecci¨®n de Datos. Estos ciudadanos llamados a conformar las mesas ¡°estar¨ªan realizando, en su propio nombre, varios tratamientos de datos sin contar con legitimaci¨®n para ello, afectando a m¨¢s de 5,5 millones de personas, seg¨²n el censo electoral de 2015¡±.
El organismo estatal explica dos posibles tratamientos ilegales de los datos del censo. ¡°Por una parte, se?alar, en su caso, qui¨¦nes habr¨ªan depositado su papeleta, qui¨¦nes no habr¨ªan participado en la votaci¨®n¡±, afirma. La segunda conducta ilegitima consistir¨ªa ¡°en el traslado a un tercero, al t¨¦rmino de la jornada, de la lista individualizada de las personas que han votado y las que no lo han hecho¡±.
La Agencia se?ala que ¡°el tratamiento y la cesi¨®n de datos sin consentimiento suponen una vulneraci¨®n de los art¨ªculos 6 y 11 de la Ley Org¨¢nica de Protecci¨®n de Datos¡±. Y a?ade: ¡°En el caso de que se produjeran estas infracciones, los miembros de las mesas podr¨ªan ser sancionados, por cada una de ellas, ?tipificadas en las letras b) y k) del art¨ªculo 44.3 de la LOPD? con multas de 40.001 a 300.000 euros¡±.
La entidad estatal, ¨®rgano independiente de la Administraci¨®n que se relaciona con el Gobierno a trav¨¦s del Ministerio de Justicia, ha lanzado este aviso, seg¨²n la nota, ¡°ante las consultas recibidas por parte de ciudadanos sobre su designaci¨®n como miembros de las mesas electorales¡±. El organismo recuerda que tras la suspensi¨®n por el Constitucional de la Ley del Refer¨¦ndum, aprobada por el Parlament en la sesi¨®n expr¨¦s del 6 de septiembre, y la disoluci¨®n de la Sindicatura Electoral catalana, que ha dejado sin efecto todas sus resoluciones, las mesas electorales no han llegado a formarse v¨¢lidamente.
La Generalitat dice que ella es la ¨²nica responsable de los datos
La Autoridad Catalana de Protecci¨®n de Datos ha respondido a la nota de la agencia estatal con un comunicado en el que asegura que las personas que formen parte de las eventuales mesas electorales el 1 de octubre ¡°no son responsables del tratamiento de los datos personales¡±. Seg¨²n esta entidad auton¨®mica, la condici¨®n de responsable ¡°la ostenta la administraci¨®n electoral correspondiente¡± y sobre ella recaer¨ªan las eventuales responsabilidades derivadas del tratamiento de datos personales.
El comunicado se?ala tambi¨¦n que la ¡°administraci¨®n electoral competente¡± para el refer¨¦ndum ¡°forma parte de la Generalitat de Catalu?a¡±, y que el control del tratamiento de datos personales por cualquier ¨®rgano y/o instituci¨®n vinculada a la Generalitat corresponde a la Autoridad Catalana de Protecci¨®n de Datos, de acuerdo con el art¨ªculo 156 del Estatuto de Autonom¨ªa y la ley catalana de 2010 que cre¨® el organismo.
Por ello, se?ala la entidad auton¨®mica, la Agencia Estatal no podr¨ªa ¡°en ning¨²n caso¡± imponer multas a los miembros de las mesas electorales, ni tampoco es competente para exigir eventuales responsabilidades.
Seg¨²n la Ley del Refer¨¦ndum, suspendida por el Tribunal Constitucional, la autoridad electoral es la Sindicatura Electoral Catalana junto con las secciones y mesas electorales y el Govern de la Generalitat. La sindicatura qued¨® disuelta despu¨¦s de que sus miembros renunciaran al cargo despu¨¦s de que el Constitucional les impusiera multas coercitivas diarias de 12.000 euros. Todas sus resoluciones quedaron revocadas antes de tal renuncia.
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