Empleo admite que tambi¨¦n dio ayudas para los ERE sin concurso p¨²blico

El Ministerio de Empleo pag¨® por concesi¨®n directa y sin concurso p¨²blico 218 millones para prejubilaciones de trabajadores afectados por ERE entre 2001 y 2011. El Gobierno ha reprochado estas subvenciones de manera recurrente a la Junta de Andaluc¨ªa desde que en 2011 naci¨® el caso ERE. El primer juicio de esta macrocausa, que analiza el fondo dotado con 855 millones, sentar¨¢ en el banquillo en diciembre a los expresidentes Manuel Chaves y Jos¨¦ Antonio Gri?¨¢n.

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El departamento que dirige F¨¢tima B¨¢?ez ha admitido los pagos directos para solventar grandes crisis empresariales a lo largo de una d¨¦cada en un informe dirigido a la juez instructora del caso ERE, Mar¨ªa N¨²?ez, firmado por el director general de Empleo, Javier Thibault. El matiz llamativo es que durante el ¨²ltimo lustro, tanto B¨¢?ez como el resto de dirigentes del PP han censurado estas subvenciones que la Junta andaluza otorg¨® asimismo sin publicidad y por concesi¨®n directa, tild¨¢ndolas de corrupci¨®n por estar encaminadas a favorecer a empresarios afines al PSOE.

Empleo arguye ahora que su procedimiento para dar ayudas directas estaba amparado por una orden ministerial de 1995. Un argumento que coincide con las defensas del caso ERE, que alegan que el sistema de subvenciones estaba recogido en la Ley de Presupuestos andaluza. El PP est¨¢ personado en la macrocausa como acusaci¨®n popular y combate la tesis que defiende la legalidad de las ayudas para los ERE.

¡°No se aporta ninguna documentaci¨®n relativa a concursos p¨²blicos de adjudicaci¨®n de ayudas al no haberse celebrado ninguno en el periodo citado [2001-2011]¡±, reza el escrito. El Ministerio solo regul¨® dicha concesi¨®n de ayudas p¨²blicas por Real Decreto de noviembre de 2013. Justo un a?o antes, la Junta andaluza modific¨® su normativa para ayudas que paliaran crisis empresariales, tras el estallido del caso ERE y resultar imputada la c¨²pula de la Consejer¨ªa de Empleo.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, autoriz¨® en 2003 ¡ªcomo delegado del Gobierno en Andaluc¨ªa¡ª el pago de 34 de los 218 millones para el expediente m¨¢s caro del fondo de los ERE, que ascendi¨® a 172 millones. El ERE benefici¨® a 802 mineros de la Faja Pir¨ªtica de Huelva, para cuyas p¨®lizas la Junta andaluza aport¨® en paralelo 138 millones. Por dicho expediente est¨¢n ahora imputadas las anteriores secretaria general de Empleo Carmen de Miguel y la directora de Trabajo Soledad C¨®rdova, ambas entonces bajo el mando del exministro Eduardo Zaplana. Este intent¨® desmarcarse de las irregularidades en 2012 ante la comisi¨®n de investigaci¨®n del Parlamento andaluz: ¡°El Gobierno en las p¨®lizas no tiene nada que ver. Es una misi¨®n de t¨¦cnicos¡±.

Aseguradoras y consultoras

Adem¨¢s de la concesi¨®n directa, en su informe del pasado 18 de septiembre Empleo reconoce que tampoco se cercior¨® de que los precios pagados a las aseguradoras y consultoras por gestionar las ayudas estuvieran ajustados a precio de mercado. Y esta tramitaci¨®n de subvenciones tampoco se sac¨® a concurso p¨²blico, sino que altos cargos del ministerio designaron a dedo aseguradoras como Vitalicio, Estrella o BBVA. Por ¨²ltimo, el Gobierno concede que ning¨²n organismo estatal realiz¨® ¡°comprobaci¨®n alguna respecto del coste de la p¨®liza de seguros¡±. La anterior instructora del caso, Mercedes Alaya, achac¨® a la Junta andaluza la ausencia de concurso p¨²blico para elegir la consultora, cuya tramitaci¨®n carec¨ªa a menudo de documentos administrativos.

La juez N¨²?ez mantiene abierta una pieza dedicada en exclusiva a las sobrecomisiones por 66 millones que la Junta abon¨® a las aseguradoras y consultoras. ¡°Esos organismos carec¨ªan de una atribuci¨®n normativa espec¨ªfica que les habilitara para determinar si el coste de la p¨®liza era o no el adecuado¡±, admite Thibault en su escrito.

El informe incluye un listado con las 220 ayudas concedidas entre 2001 y 2011, adem¨¢s de la empresa receptora y el tomador de la p¨®liza ¡ªla propia empresa o el colectivo de trabajadores prejubilados¡ª. Entre las firmas, adem¨¢s de la miner¨ªa onubense destacan Sintel con 40 millones, Astilleros de Santander con seis, Avanzit Telecom con 8,3 y Torraspapel con 3,2.

El Gobierno aclara que durante esa ¨¦poca cualquier empresa, con una mera memoria explicativa, pod¨ªa optar a que Empleo le concediera la ayuda laboral de manera directa. La juez exigi¨® esta documentaci¨®n al Gobierno tras la petici¨®n realizada por la defensa del exdirectivo de la consultora Vitalia Antonio Albarrac¨ªn en la pieza de la Faja Pir¨ªtica.

En dicha pieza, junto a los dos ex altos cargos del Gobierno de Aznar figuran tambi¨¦n como investigados seis ex altos cargos de la Junta, 10 sindicalistas, dos mediadores y cinco trabajadores. En un atestado previo, la Guardia Civil acus¨® a la Administraci¨®n central de ¡°utilizar presuntamente de forma voluntaria y de manera totalmente arbitraria los listados de las edades bonificadas confeccionadas por los comit¨¦s de empresa¡±. Es decir, las listas con los mineros que pod¨ªan acogerse al ERE y abandonar las galer¨ªas con una paga de las Administraciones se inflaron para que aumentaran los beneficiados.