Juzgar¨¢n por malversaci¨®n a cuatro m¨¦dicos de un hospital p¨²blico

El procedimiento era sencillo y se hac¨ªa a plena luz del d¨ªa y con todos los trabajadores del departamento como testigos. Los m¨¦dicos pat¨®logos prescrib¨ªan en sus cl¨ªnicas privadas una biopsia o una citolog¨ªa a sus pacientes. Sus colaboradores, que tambi¨¦n simultaneaban la privada con la p¨²blica, trasladaban las muestras al hospital p¨²blico y se las dejaban a una t¨¦cnico de laboratorio para que esta hiciera los an¨¢lisis o se los encargara a alg¨²n otro auxiliar usando gratis las m¨¢quinas del centro. Los resultados volv¨ªan a la privada y se le cobraban al paciente o a la aseguradora. Beneficio neto, cero gasto.

El hospital p¨²blico del que se aprovecharon durante a?os estos m¨¦dicos es uno de los mayores de Espa?a, el Gregorio Mara?¨®n, en Madrid. Y su actuaci¨®n, seg¨²n la Fiscal¨ªa, consiste en un delito de malversaci¨®n que tuvo ¡°un alto coste para las arcas p¨²blicas¡±. El conocido como caso Mara?¨®n ir¨¢ a juicio ante el tribunal del juzgado, seg¨²n ha decidido la juez de instrucci¨®n que lleva desde 2015 investigando la presunta trama que usaba los recursos (m¨¢quinas y reactivos) del departamento de Anatom¨ªa Patol¨®gica de este centro.

Tras un detallado informe de dos inspectoras de la Consejer¨ªa de Sanidad madrile?a, el n¨²mero de investigados (figura que ha sustituido a la de imputado) se ha reducido a cuatro de los 12 que originalmente lo estuvieron: tres m¨¦dicos ¨Cun cuarto falleci¨® el a?o pasado¡ªy una t¨¦cnico de laboratorio. Seg¨²n ha determinado la investigaci¨®n, se pusieron de acuerdo para hacer 2.770 pruebas para la privada a costa de la p¨²blica solo entre 2012 y principios de 2015. Un perjuicio para el hospital que, seg¨²n la Consejer¨ªa de Sanidad, fue de 62.474 euros.

La jueza reconoce que la cantidad no es elevada, pero en un auto al que ha tenido acceso EL PA?S apunta al aut¨¦ntico perjuicio: mientras las m¨¢quinas trabajaban para el provecho de esos m¨¦dicos, no lo hac¨ªan para los pacientes p¨²blicos que esperaban resultado de una biopsia que les confirmara si ten¨ªan c¨¢ncer o no, o de qu¨¦ tipo o con qu¨¦ medicaci¨®n se les podr¨ªa tratar mejor.

Las m¨¢quinas de inmunohistoqu¨ªmica --tan costosas que generalmente los hospitales no las compran, sino que las tienen en leasing a cambio de comprar los reactivos-- se usaban para los hospitales privados Nuestra Se?ora del Rosario y San Rafael, donde trabajaban los implicados, dice la jueza, que concluye: ¡°Durante dicho uso las m¨¢quinas quedaron inservibles para el uso que ten¨ªan asignado, afectando a la prestaci¨®n de un servicio p¨²blico destinado a atender la salud de los pacientes de la sanidad p¨²blica¡±.

El pasado 4 de octubre la jueza llam¨® a declarar a 34 testigos, todos ellos m¨¦dicos, auxiliares o t¨¦cnicos del servicio de Anatom¨ªa Patol¨®gica del hospital. Entre ellos, Juan Carlos Mart¨ªnez, el pat¨®logo que destap¨® el esc¨¢ndalo llev¨¢ndolo a los medios de comunicaci¨®n al ver que la denuncia interna no funcionaba. Mart¨ªnez, que hab¨ªa llegado al centro en 2013 despu¨¦s de trabajar 25 a?os en otro hospital madrile?o, se sorprendi¨® al ver que las irregularidades se desarrollaban ante la mirada de todo el mundo --las tild¨® de ¡°vox p¨®puli en el centro¡±-- y decidi¨® denunciarlas. Mart¨ªnez se jubil¨® el a?o pasado.

Varios de los testigos certificaron que las pr¨¢cticas que se van a juzgar como malversaci¨®n exist¨ªan desde hace d¨¦cadas en el hospital, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas. La normalidad con la que se hac¨ªan pruebas de hospitales privados era tal que uno de los testigos describi¨® el pasado d¨ªa 4 una bronca entre los t¨¦cnicos de laboratorio que se desat¨® cuando un d¨ªa tres de las cuatro m¨¢quinas estaban ocupadas por los encargos de la privada y los trabajadores no daban abasto para hacer las pruebas de los pacientes p¨²blicos.

La relativamente baja cantidad malversada ha servido para que las defensas intenten el sobreseimiento de la causa. Argumentan en sus recursos que no hay delito porque no existe el ¡°grave perjuicio para la causa p¨²blica¡±. De hecho, la defensa de Emilio ?lvarez, el que fuera jefe del servicio, ya no trata de argumentar que los hechos no se produjeran, sino que aduce que la actividad normal del laboratorio ¡°en nada se vio afectada por ese supuesto uso irregular¡± y que la cantidad gastada ¡°supone un 0,002% (o a lo sumo, un 0,005%) del presupuesto total del Hospital Gregorio Mara?¨®n¡± en 2015, que ¡°ascendi¨® a la astron¨®mica cantidad de 494.397.336 euros¡±.

¡°La cuota supuestamente malversada es ¨ªnfima e insignificante¡±, insiste el recurso, sobre el que tiene que decidir la Audiencia Provincial de Madrid. La defensa de ?lvarez, que lleva el despacho Oll¨¦ Ses¨¦, ha intentado sacar de la causa a CC OO, que ejerce la acusaci¨®n popular.

La jueza cree que ¡°se aprecia base suficiente de la concurrencia de los elementos del delito investigado¡±, por lo que rechaza la petici¨®n de sobreseimiento de la defensa de Emilio ?lvarez, el que fue el m¨¢ximo responsable del departamento hasta su jubilaci¨®n el 30 de septiembre de 2014. Pat¨®logo de prestigio, investigador y docente en la Universidad Complutense, fue condecorado por Ignacio Gonz¨¢lez, entonces presidente de la Comunidad de Madrid, con una de las 35 medallas de plata que distinguen a empleados p¨²blicos.

El hospital San Rafael ten¨ªa contratado con ?lvarez el servicio de anatom¨ªa patol¨®gica desde 2001. La investigaci¨®n ha determinado que 1.069 t¨¦cnicas diagn¨®sticas de pacientes de este centro privado las hizo gratis en el Mara?¨®n en apenas dos a?os y medio. La investigaci¨®n no ha podido retroceder m¨¢s a?os. ?lvarez ya ha ingresado 24.726 euros en el juzgado en concepto de reparaci¨®n del perjuicio ocasionado. Seg¨²n su defensa lo ha hecho como ¡°gesto de voluntad y colaboraci¨®n¡±.

Beatriz L¨®pez Mart¨ªnez Bernal, hija del pat¨®logo fallecido en 2016, Miguel ?ngel L¨®pez de la Riva, y tambi¨¦n investigada en la causa, ha ingresado casi 16.300 euros. Ella era quien, seg¨²n el relato del fiscal, llevaba las muestras del departamento de anatom¨ªa patol¨®gica de la cl¨ªnica privada Nuestra Se?ora del Rosario, dirigido por su padre, al Mara?¨®n para entreg¨¢rselas a Maria Luisa Herranz, t¨¦cnico de laboratorio a la que tambi¨¦n se acusa de malversaci¨®n. Herranz ha depositado en el juzgado 839 euros. La tercera pat¨®loga encausada es Carmen L¨®pez Varela, que tambi¨¦n compaginaba la pr¨¢ctica p¨²blica con la privada en Nuestra Se?ora del Rosario. Otro pat¨®logo, Manuel Lecona, ya no est¨¢ investigado (la figura del antiguo imputado).

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