El entorno del PSOE defiende asumir los riesgos del 155

Josep Borrell fue probablemente el primer pol¨ªtico espa?ol que amenaz¨® con el art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n. Fue en 1986 con el Gobierno canario. Espa?a estaba a punto de entrar en la UE y Canarias quer¨ªa mantener sus impuestos aduaneros. Borrell era entonces secretario de Estado de Hacienda y deb¨ªa hacer cumplir la tarifa a las importaciones extracomunitarias: "Les dije que tendr¨ªa que enviar a los aduaneros del Estado a que aplicaran las tarifas", recuerda el exministro socialista. El Ejecutivo canario acat¨® y la amenaza no fue a m¨¢s: el 155 qued¨® sin usar. "Me dijeron que me iban a tirar al Teide, pero luego no lo cumplieron", dice Borrell.

"El 155 no es suspender la autonom¨ªa, sino exigir que se cumplan las leyes que no se han cumplido", explica el pol¨ªtico socialista. La diferencia es que el desaf¨ªo canario era concreto y simple. La decisi¨®n que debe adoptar el Gobierno ante el panorama catal¨¢n es infinitamente m¨¢s compleja. El art¨ªculo 155 no da detalles sobre los l¨ªmites de su aplicaci¨®n. Es una p¨¢gina en blanco.

Exdirigentes del PSOE, el PSC y juristas vinculados al partido ven necesaria su aplicaci¨®n si el president Carles Puigdemont no da hoy una respuesta clara. Y respiran aliviados por no estar en puestos de responsabilidad y tener que lidiar con los detalles. Algunos conf¨ªan en que en La Moncloa sepan algo m¨¢s: "El Gobierno tendr¨¢ m¨¢s elementos de juicio y se supone que una informaci¨®n m¨¢s precisa", dice Joaqu¨ªn Almunia, ex secretario general del PSOE.

Sea como sea, el 155 es territorio desconocido. La Constituci¨®n espa?ola copi¨® el art¨ªculo de Alemania, donde tampoco se ha aplicado nunca. Cualquier maniobra puede llevar a consecuencias imprevistas. "Los riesgos son evidentes, aunque no sean atribuibles ni evitables por parte de quien tiene que aplicarlo", dice Almunia. Para minimizar esos peligros, Raimon Obiols, ex primer secretario del PSC, espera que se vaya con cuidado: "Tengo la impresi¨®n de que una interpretaci¨®n dura del art¨ªculo 155 no se plantear¨¢, pero quiz¨¢ sea wishful thinking".

Cristina El¨ªas, profesora de Derecho Constitucional de la UNED y miembro del consejo para la reforma constitucional que Pedro S¨¢nchez cre¨® en 2015, aporta motivos jur¨ªdicos para una aplicaci¨®n suave: "El 155 no fija l¨ªmites, pero el resto de normas sigue en vigor y hay que respetar la Constituci¨®n, el Estatut y las leyes democr¨¢ticas vigentes", dice. Una medida grave, desde su punto de vista, ser¨ªa disolver el Parlament y convocar elecciones en Catalu?a: "El ciudadano elige el Parlamento. Es el ¨®rgano donde est¨¢ depositado el principio de autonom¨ªa de Catalu?a", dice. El¨ªas optar¨ªa por incidir en los altos cargos de los departamentos de la Generalitat, que es menos gravoso: "El Parlamento elige al presidente y ese presidente es quien nombra a los consejeros. Nos vamos separando del principio democr¨¢tico que es el ciudadano votando: hay tres pasos intermedios entre los ciudadanos y los altos cargos de un Departamento".

Una convocatoria de elecciones ser¨ªa tambi¨¦n una aplicaci¨®n dura para Xavier Arb¨®s, catedr¨¢tico de Constitucional de la Universitad de Barcelona y miembro tambi¨¦n del consejo para la reforma constitucional socialista: "Hay atribuciones que no se pueden sustituir, como convocar elecciones. Es una atribuci¨®n del president. Se le puede dar una instrucci¨®n, pero hacerlo esperando que cumpla es condicionar su derecho", dice. Eso no implica, seg¨²n el experto, que convocar elecciones sea un error jur¨ªdico.

Junto al reto jur¨ªdico de la convocatoria de elecciones, est¨¢ la dificultad de su ejecuci¨®n. Los alcaldes son los encargados de preparar la maquinaria electoral en sus municipios. Despu¨¦s de la experiencia del refer¨¦ndum del 1 de octubre, es f¨¢cil imaginar los reparos que tendr¨ªan muchos regidores para colaborar en unas elecciones impuestas por el 155. Los partidos independentistas podr¨ªan tambi¨¦n proponer un boicot y quedarse al margen. El margen para la desobediencia es una de las debilidades principales del 155: ?qu¨¦ hace pensar que la imposici¨®n har¨¢ cambiar a unos dirigentes que han basado sus actuaciones en la desobediencia? "Si hay autoridades que no han hecho caso de lo que dec¨ªa el Constitucional, quiz¨¢ tampoco vayan a hacer caso de lo que se diga con el 155", dice Arb¨®s. Ese es el problema de la principal herramienta del art¨ªculo: dar instrucciones a los dirigentes de la comunidad aut¨®noma. "Esto por ejemplo permitir¨ªa sustituir de facto la preeminencia en los Mossos del mayor Josep Llu¨ªs Trapero", dice Laia Bonet Rull, exdiputada del PSC en el Parlament. Pero siempre quedar¨¢ en el fondo la voluntad del cuerpo: "Al final todos deber¨¢n demostrar que quieren desescalar el conflicto", dice Bonet Rull, a sabiendas de que expresa m¨¢s un deseo que una hip¨®tesis.