El juez investiga a una ONG de adopciones internacionales por estafa y fraude de subvenciones

Nueve familias afectadas por la quiebra de la Entidad Colaboradora de Adopci¨®n InternacionaI (ECAI) Adiss Galicia que cerr¨® sus puertas en febrero alegando inviabilidad econ¨®mica y dejando sin culminar un centenar de tr¨¢mites, han presentado querella criminal contra la entidad y contra cada uno de sus integrantes. Los acusan de un delito continuado de estafa agravada y de otro de fraude de subvenciones. La querella, admitida a tr¨¢mite este jueves por el Juzgado de Instrucci¨®n 4 de Vigo, estima provisionalmente en 1,7 millones de euros la responsabilidad civil de la entidad. Los demandantes sostienen que la ¡°inveros¨ªmil inviabilidad econ¨®mica¡± alegada por la ONG y por la Xunta de Galicia que la acreditaba ¡°oculta la comisi¨®n de una estafa agravada¡± toda vez que la ECAI, sin ¨¢nimo de lucro, ¡°factur¨® m¨¢s de cuatro millones de euros desde su habilitaci¨®n¡± por el Gobierno gallego. Los querellantes destacan la ¡°indudable responsabilidad civil que en su momento deber¨¢ afrontar la Xunta¡±.

El pasado febrero, y tras cinco a?os gestionando adopciones internacionales en Burundi, Etiop¨ªa y Burkina Faso, la ECAI Addis Galicia, con sede en Vigo, se declar¨® en quiebra. Se lo comunic¨® a las familias afectadas la Conseller¨ªa de Pol¨ªtica Social de la Xunta de Galicia explicando que la ONG no pod¨ªa cumplir ¡°con el plan de viabilidad econ¨®mica¡± avalado por el Ejecutivo auton¨®mico.

Una semana antes, la misma conseller¨ªa hab¨ªa autorizado a la entidad el cobro a las familias de unas tarifas extraordinarias para poder continuar con los tr¨¢mites de las adopciones en marcha. Las tasas eran de 6.700 euros para cada uno de los adoptantes en Burundi y de 14.000 para los de Etiop¨ªa a mayores, en todos los casos, de los m¨¢s de 10.000 que cada familia se hab¨ªa comprometido a aportar mediante contratos adaptados al modelo oficial aprobado por la Xunta firmados cinco a?os antes y que hab¨ªan satisfecho en su mayor parte: cada pareja hab¨ªa abonado ya en torno a 8.000 euros.

El conselleiro de Pol¨ªtica Social del Ejecutivo gallego, Jos¨¦ Manuel Rey Varela, autoriz¨® el aumento de las tarifas propuesto por la ONG despu¨¦s de ¡°haber estudiado con todo el rigor¡±, asegur¨® entonces, las nuevas condiciones econ¨®micas de la ECAI. Finalmente, justific¨® el cierre de la entidad argumentando que no se hab¨ªa conseguido el m¨ªnimo de 20 familias dispuestas a asumir el aumento de las tasas ¡°imprescindibles¡± para garantizar la continuidad de Addis Galicia.

Las 18 personas (nueve parejas) que firman la querella hab¨ªan suscrito con esta ONG, entre octubre de 2012 y julio de 2013, un contrato de intermediaci¨®n para la adopci¨®n en Etiop¨ªa. Entre los querellantes entregaron 71.882,15 euros ¡°teniendo en cuenta que la Administraci¨®n auton¨®mica ejerc¨ªa funciones de auditor¨ªa, seguimiento y control en la mediaci¨®n de Addis Galicia¡± con el pa¨ªs de origen de los ni?os.

Aseguran que acudieron a esta entidad porque para poder tramitar las adopciones en los pa¨ªses citados ¡°era por ley perceptiva la intermediaci¨®n de una ECAI¡± y Addis Galicia era una de las habilitadas expresamente por la Xunta, ¡°sometida por imperativo legal a su control y delimitada por la Ley de apoyo a las familias y a la convivencia de Galicia¡±. No obstante, se quedaron sin los hijos, sin el dinero y sin recibir explicaciones sobre la gesti¨®n.

Tras cinco a?os de supuestos tr¨¢mites, nadie de Addis Galicia ni del Ejecutivo auton¨®mico que la tutelaba ha rendido cuentas ni informado de las actuaciones realizadas a los afectados que se preguntan por el destino final de las ¡°millonarias cantidades desembolsadas¡± a favor de la ECAI as¨ª como por la supervisi¨®n de la Xunta ¡°para evitar la comisi¨®n de los graves hechos delictivos¡±, aseguran los adoptantes. Ni siquiera, sostienen, se han liquidado los contratos.

La querella admitida a tr¨¢mite, a la que ha tenido acceso EL PA?S, fija inicialmente la responsabilidad civil derivada del supuesto delito de estafa agravada en la cantidad equivalente a la que entre todos ellos aportaron: 71.882,15 euros m¨¢s intereses. Junto a ello, estima en 1,5 millones de euros los da?os morales ocasionados y en 125.000, el supuesto delito de fraude de subvenciones. En total, m¨¢s de 1,7 millones.

Los demandantes afirman que tanto la ECAI como la Xunta han incumplido sus obligaciones legales. Entre otras, disponer de un fondo de reserva para responder de las contingencias imprevistas que afecten a la continuaci¨®n de los expediente "y que no podr¨¢ ser utilizado sin autorizaci¨®n de la Direcci¨®n Xeral de Familia" del Gobierno auton¨®mico. Sostienen, adem¨¢s, que estas entidades est¨¢n obligadas por ley a remitir a la Conseller¨ªa de Familia documentos contables de cada ejercicio as¨ª como a informar del ¡°salario y situaci¨®n contractual del personal¡±.

Los afectados cuestionan la inviabilidad econ¨®mica argumentada por Addis Galicia y la Xunta para justificar el cierre: ¡°Sencillamente, se ha distra¨ªdo una cantidad millonaria bajo la apariencia de una ONG que no era tal: no han existido actuaciones que justifiquen la descomunal facturaci¨®n y posterior vaciamiento patrimonial de la ECAI¡±.

Tampoco se explican que el Ejecutivo gallego hubiese autorizado a Addis Galicia a elaborar ¡°n¨®minas desorbitadas e incompatibles con una ONG, contrataciones opacas con familiares de la junta directiva, viajes en avi¨®n en primera clase con escalas en destinos tur¨ªsticos incomprensibles desde el punto de vista profesional, alojamientos sin justificaci¨®n en hoteles de lujo, desv¨ªo de fondos y dietas desproporcionadas y sin encaje, desplazamientos internacionales con acompa?antes ajenos al personal de Addis y sin fines profesionales y gastos no vinculados a Addis Galicia y su actividad¡±.