La Justicia niega al Congreso datos de los casos de corrupci¨®n del PP

La Audiencia Nacional ha negado al Congreso de los Diputados documentos de varios sumarios de corrupci¨®n que afectan al PP, entre ellos el del caso B¨¢rcenas sobre la caja b del partido. Estos informes fueron reclamados al tribunal por la comisi¨®n de investigaci¨®n sobre la financiaci¨®n ilegal del PP que se celebra en la C¨¢mara baja desde mayo. Apenas hay precedentes en 40 a?os de democracia de que la Justicia se niegue a facilitar datos a una comisi¨®n parlamentaria.

La Secci¨®n Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaz¨® el 22 de noviembre, por cuatro votos a favor y uno en contra, la petici¨®n del Congreso de que remitiera diversos documentos de sumarios de corrupci¨®n que afectan al PP. Estos datos fueron solicitados, a trav¨¦s de la presidenta de la C¨¢mara, Ana Pastor, por el presidente de la comisi¨®n de investigaci¨®n sobre la presunta financiaci¨®n ilegal del PP, Pedro Quevedo, diputado de Nueva Canarias.

El tribunal, con el voto discrepante del magistrado Jos¨¦ Ricardo de Prada, deneg¨® el traslado de los diferentes informes policiales y de Hacienda solicitados por el Congreso y solo accedi¨® a facilitar a la C¨¢mara resoluciones judiciales ¡ªautos y providencias¡ª sobre estos asuntos de alta sensibilidad pol¨ªtica. El sector mayoritario de la Secci¨®n Segunda considera que la cesi¨®n de estos documentos afecta a la ¡°presunci¨®n de inocencia¡± de los acusados. Esta, sostiene, ¡°podr¨ªa verse comprometida¡± por la ¡°investigaci¨®n paralela¡± del Parlamento.

Adem¨¢s, el tribunal recuerda que la investigaci¨®n del caso B¨¢rcenas, que el juez Pablo Ruz dio por concluida en marzo de 2015, fue reabierta el pasado 28 de febrero por su sucesor, Jos¨¦ de la Mata. Seg¨²n el grupo mayoritario, la entrega de los informes podr¨ªa afectar a la instrucci¨®n de esta causa. La Fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional inform¨® a favor de que no se remitieran los documentos al Congreso.

Voto discrepante

El magistrado discrepante, Jos¨¦ Ricardo de Prada, emiti¨® un voto particular en el que recuerda que el objeto de las comisiones de investigaci¨®n parlamentarias ¡°no es en ning¨²n caso determinar responsabilidades penales sino pol¨ªticas sobre asuntos de inter¨¦s general para la ciudadan¨ªa¡± y que las conclusiones que alcancen los partidos ¡°dejan perfectamente inc¨®lume el derecho a la presunci¨®n de inocencia¡± y no vinculan a los tribunales de justicia. Este juez, enmarcado en el sector progresista de la Audiencia, argumenta, adem¨¢s, que la investigaci¨®n del Congreso ¡°no se refiere a personas, sino que es relativa a un partido pol¨ªtico¡±, el PP, que ¡°no ostenta la condici¨®n de acusado¡± en el caso B¨¢rcenas.

Las comisiones de investigaci¨®n parlamentarias est¨¢n amparadas por los art¨ªculos 76 y 109 de la Constituci¨®n y reguladas en los reglamentos del Congreso y el Senado. Seg¨²n fuentes parlamentarias, desde que en 1978 se aprob¨® la Constituci¨®n, la Justicia ha venido facilitando al legislativo sin mayores limitaciones los documentos que este ha pedido para las comisiones de investigaci¨®n pol¨ªtica. As¨ª sucedi¨®, por ejemplo, en la comisi¨®n sobre los atentados islamistas del 11 de marzo de 2004, que se celebr¨® entre mayo de ese a?o y marzo de 2005, dos a?os antes de que se celebrara el juicio en la Audiencia Nacional. Tambi¨¦n se accedi¨® a entregar documentos sumariales en la comisi¨®n sobre Gescartera, del a?o 2001. Una d¨¦cada antes, la Audiencia Nacional remiti¨® tambi¨¦n al Congreso informaci¨®n sobre el caso Renfe-Equidesa.

En tiempos recientes, el Juzgado de Instrucci¨®n 2 de Madrid rechaz¨® enviar al Congreso datos sobre el joven Francisco Nicol¨¢s G¨®mez Iglesias, conocido como el Peque?o Nicol¨¢s, para la comisi¨®n de investigaci¨®n sobre la etapa de Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz al frente del Ministerio del Interior, celebrada entre marzo y junio de este mismo a?o. En ese caso, se trataba de informaci¨®n sobre la que aun pesaba el secreto de sumario, seg¨²n fuentes parlamentarias. Para esa misma comisi¨®n de investigaci¨®n, el Tribunal Supremo s¨ª que remiti¨® documentos al Congreso.

El proceso independentista catal¨¢n y los procesos electorales de 2016 han situado en un relativo segundo plano los esc¨¢ndalos de corrupci¨®n que azotan al PP desde que estall¨® el caso G¨¹rtel en febrero de 2009.Sin embargo estos siguen vivos en los juzgados. La decisi¨®n de la Secci¨®n Segunda de la Audiencia de no dar la informaci¨®n al Congreso se tom¨® dos d¨ªas despu¨¦s de que este tribunal cambiara las normas de reparto de asuntos y dejara fuera del juicio de la caja b al magistrado Julio de Diego, cuyo voto el pasado abril fue decisivo para que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tuviera que declarar como testigo en el caso G¨¹rtel.