El juez del ¡®caso P¨²nica¡¯ rastrea nueve a?os de ¡®emails¡¯ de Granados en busca de nuevos ama?os

El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n est¨¢ explotando la nueva veta en la investigaci¨®n del caso P¨²nica de corrupci¨®n abierta por las ¨²ltimas declaraciones del arrepentido David Marjaliza. El magistrado ha reclamado a la Comunidad de Madrid que le entregue todos los correos electr¨®nicos enviados y recibidos por el exconsejero de Presidencia y supuesto cabecilla de la trama corrupta y por su mano derecha y exjefe de gabinete, Ignacio Palacios, entre los a?os 2003 y 2011. Tambi¨¦n ha solicitado las comunicaciones electr¨®nicas, y todos los archivos adjuntos a ellas, de Jes¨²s Trabada, consejero delegado de Mintra, la empresa regional de infraestructuras de transporte, y otros tres directivos de este ente p¨²blico ya disuelto y desde el que se construyeron varias l¨ªneas del Metro de Madrid.

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Seg¨²n fuentes cercanas a la investigaci¨®n, el magistrado quiere localizar nuevas pruebas del supuesto ama?o en la adjudicaci¨®n de tres obras del Metro de Madrid:?las del Metro Ligero a la localidad de Boadilla del Monte, el tramo 1-B del Metro Norte y el 1-C de la conexi¨®n entre la L¨ªnea 10 y el Metro Sur. Todas ellas fueron adjudicadas en 2004, cuando Granados era consejero de Transportes en el Ejecutivo regional presidido por Esperanza Aguirre. Marjaliza confes¨® que ¨¦l, Granados y el empresario Javier L¨®pez Madrid se repartieron a partes iguales una comisi¨®n ilegal de 3,6 millones de euros por aquellos concursos.

La petici¨®n de rastrear estas comunicaciones, no inspeccionadas hasta ahora, la realiz¨® la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil despu¨¦s de analizar una serie de correos del empresario David Marjaliza, que actualmente colabora con la investigaci¨®n y que en su ¨²ltima comparecencia aport¨® diversos documentos sobre ama?os. En esos 'emails', los agentes han detectado una serie de contactos entre Marjaliza y Palacios que, seg¨²n el magistrado, ¡°evidencian la intermediaci¨®n¡± del jefe de gabinete de Granados en ¡°la adjudicaci¨®n de contratos p¨²blicos a favor de empresas licitadoras vinculadas con David Marjaliza¡±.

El magistrado cita expresamente supuestos ama?os desde la Consejer¨ªa de Transporte, a trav¨¦s de Mintra, y desde la Consejer¨ªa de Presidencia, a trav¨¦s de la entidad p¨²blica Arpegio. Esta ¨²ltima empresa p¨²blica tambi¨¦n estuvo controlada por Granados, desde la que gestion¨® durante a?os el suelo p¨²blico de la Comunidad de Madrid y el multimillonario plan de inversiones p¨²blicas Prisma.

El magistrado orden¨® en el mismo auto el volcado del contenido de los correos de todas estas personas investigadas. Para que ese mandato se cumpla de forma efectiva, Garc¨ªa-Castell¨®n dispuso que los agentes de la UCO fueran auxiliados en el volcado por los inform¨¢ticos de la Administraci¨®n regional. El juez orden¨® que los archivos fueran entregados ¡°en el momento en el que se practiquen las actuaciones¡±.

Esta orden tan expl¨ªcita llega despu¨¦s de que el mismo magistrado haya tenido problemas con la Comunidad de Madrid en el env¨ªo de documentos de otra causa que investiga, el caso Lezo. El pasado diciembre, Garc¨ªa-Castell¨®n tuvo que apremiar a la presidenta regional, Cristina Cifuentes, para que, en el plazo de 10 d¨ªas, le remitiera el ¡°expediente completo¡± del acuerdo de noviembre de 2001 por el que el Consejo de Gobierno de la Comunidad, presidido entonces por Alberto Ruiz-Gallard¨®n, dio luz verde a la compra de la sociedad Inassa por parte del Canal de Isabel II.