Justicia y emociones

En mayo de 2013, Ibon Iparragirre y Asier Badiola, dos etarras que, en septiembre de 2008 pusieron un coche bomba e hirieron a 13 agentes, fueron condenados a 299 a?os de c¨¢rcel por otros tantos delitos de asesinato en grado de tentativa. La sentencia establec¨ªa que el cumplimiento de la pena fuera de 40 a?os ¨ªntegros, de acuerdo con la ley vigente, y que no pudieran regresar al municipio hasta 10 a?os despu¨¦s de salir de prisi¨®n, o sea, en 2060. Sin haber llegado a matar, aunque lo intentaron, los terroristas recuperar¨¢n la libertad cuando sean octogenarios.

Tras aquella sentencia, que pocos dudar¨ªan de calificar como de extrema dureza, el PP instituy¨®, gracias a su mayor¨ªa absoluta, la prisi¨®n permanente revisable para asesinatos de menores de 16 a?os y de personas especialmente vulnerables, para los cometidos en el curso de una agresi¨®n sexual, para los perpetrados por organizaciones criminales y terroristas, y para los asesinatos en serie. Los autores de estos cr¨ªmenes deber¨¢n cumplir 25 a?os de c¨¢rcel ¨ªntegros y, despu¨¦s el tribunal valorar¨¢ la conveniencia de devolverles la libertad.

Este endurecimiento de las penas respond¨ªa a la conmoci¨®n social por cr¨ªmenes atroces como el asesinato de la adolescente Marta del Castillo, el de la ni?a Mari Luz o la muerte de los ni?os Ruth y Jos¨¦ Bret¨®n a manos de su padre. El crimen de Diana Quer es ahora el bander¨ªn emocional con el que el PP quiere evitar que la actual mayor¨ªa parlamentaria derogue la reforma. Los padres de las v¨ªctimas mencionadas tambi¨¦n se est¨¢n movilizando para que se mantenga la prisi¨®n permanente revisable, que el PNV quiere suprimir mediante una proposici¨®n de ley que tramita ahora el Congreso.

Seg¨²n el portavoz nacionalista Aitor Esteban, esa figura, que en la UE aplican Francia, Alemania, Italia, Reino Unido y B¨¦lgica, es ¡°vengativa¡± y ¡°encubre la cadena perpetua¡±, proscrita en la Constituci¨®n, que ordena que las penas de prisi¨®n se orienten a la reeducaci¨®n y la reinserci¨®n. Seg¨²n la iniciativa parlamentaria, la pena de duraci¨®n indeterminada atenta contra la dignidad humana y supone un trato cruel y degradante para el condenado. Pero el Tribunal Constitucional ha establecido que la reinserci¨®n no es un derecho del reo, sino un objetivo de la pol¨ªtica penitenciaria, y que la proporcionalidad de las penas es algo que deben valorar a los legisladores.

Espa?a tuvo en 2016 una tasa de 0,63 homicidios por cada 100.000 habitantes, la segunda m¨¢s baja de la UE. El C¨®digo Penal es, seg¨²n los expertos, uno de los m¨¢s duros entre los pa¨ªses democr¨¢ticos. Pero en la pol¨ªtica penal siguen pesando factores emocionales. Hagan esta prueba: piensen d¨®nde estaban en marzo de 2006 y las cosas que han hecho desde entonces. Pues desde esa fecha, Juan Antonio Roca, cerebro de corrupci¨®n en Marbella, vive en prisi¨®n, y no obtuvo el primer permiso de salida hasta pasados 10 a?os. Quiz¨¢, solo quiz¨¢, las penas no sean tan blandas.