Desalojos inmobiliarios al filo de la ley

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Diez empresas controlan casi 3.000 pisos de alquiler en Barcelona

El pastor alem¨¢n vigila la puerta de un edificio en Madrid. Lleva un bozal de impacto, revestido de hierro. No muerde, pero un hocicazo puede romperte una costilla. Con ¨¦l, su due?o, Jaime Sanz, levanta Desokupaci¨®n Legal, un boyante negocio privado de desalojo expr¨¦s. Al otro lado de la puerta del 1?B vive una pareja con un hijo peque?o que ocup¨® ilegalmente la casa hace tres meses. No puede pagar, no quiere salir. Como Sanz, un pu?ado de hombres amasa peque?as fortunas en Espa?a, donde hay m¨¢s de 260.000 personas ocupando casas ajenas, seg¨²n el Institut Cerd¨¤.

No son polic¨ªas, ni jueces y no tienen sentencias de desalojo que les respalden. Son los cobradores del frac versi¨®n inmobiliaria: los cobradores del crack. Por un m¨ªnimo de 2.000 euros, luchadores, ex agentes penitenciarios, porteros de discoteca, visionarios y hasta paramilitares de Europa del Este ofrecen en tiempo r¨¦cord lo que la Justicia tarda meses en conseguir: un desahucio.

Hace dos a?os, Pedro, que no quiere que se publique su verdadero nombre, recibi¨® la llamada de una vecina a la que no ve¨ªa hace 20 a?os: ¡°Los que alquilaron tu piso son un poco raros¡±. Pero Pedro, que lleva m¨¢s de una d¨¦cada en el extranjero, no hab¨ªa alquilado el piso a nadie desde que murieron sus padres.

Con la llamada descubri¨® que tres j¨®venes falsificaron un contrato de alquiler, cambiaron la cerradura y ocuparon la casa donde creci¨®, en el barrio barcelon¨¦s de la Sagrada Familia. ¡°Si alguien me hubiera dicho que necesitaba el piso, habr¨ªa podido prest¨¢rselo, pero no as¨ª¡±.

Pedro estuvo a punto de plantarse en la puerta de la casa con un hacha, cuenta exagerando, pero le disuadieron. Algunos polic¨ªas conocidos le advirtieron que no pod¨ªan hacer nada. Su abogada le calcul¨® en ocho meses lo que tendr¨ªa que esperar para solucionar el caso en los juzgados. Hasta que alguien le dijo que hab¨ªa gente que pod¨ªa resolver por ¨¦l.

Fue as¨ª que un tal Dimitri, de Bosnia Herzegovina, le dio la f¨®rmula por 350 euros m¨¢s gastos. Plant¨® a tres colegas en una furgoneta frente al edificio e ¡°invitaron a entrar gentilmente¡± a los okupas. ¡°Les dieron un paseo y en menos de 24 horas ten¨ªa nueva cerradura y el piso vac¨ªo¡±, resume Pedro. ¡°La casa estaba reventada, desvalijada, la hab¨ªan llenado de sacos de sustrato vegetal para montar una plantaci¨®n de marihuana, imagino¡±, recuerda por tel¨¦fono a miles de kil¨®metros de distancia.

Desde Dimitri, el sector se ha profesionalizado y en Internet hay cerca de una decena de empresas que prometen legalidad, rapidez y ¨¦xito en el mismo paquete. La crisis, el alza de los precios del alquiler, 65.000 desahucios de media al a?o, el alto porcentaje de viviendas vac¨ªas, la proliferaci¨®n de mafias que las ocupan y una Espa?a en la cola de Europa en construcci¨®n de vivienda social dispararon el negocio. ¡°El surgimiento de estas empresas est¨¢ muy vinculado tambi¨¦n a la especulaci¨®n inmobiliaria en grandes ciudades¡±, mantiene Irene Escorihuela, del Observatorio DESC-Derechos Econ¨®micos, Sociales y Culturales. ¡°En Barcelona prolifera el desembarque de grandes empresas y fondos de inversi¨®n que compran edificios enteros con inquilinos dentro¡±.

El m¨¢s medi¨¢tico y pol¨¦mico de estos profesionales de la desocupaci¨®n se llama Daniel Esteve, due?o de Desokkupa, con sede en Barcelona, pero con ¡°operativos¡± hasta en Canarias. Este exboxeador, ex portero de discoteca y ex cobrador de morosos sostiene que naci¨® para desocupar. ¡°Nadie lo hace como yo. Tengo un don¡±, se jacta. Su tel¨¦fono no para de sonar: una se?ora de un barrio de Madrid a la que los habitantes de un piso ocupado en su edificio no dejan dormir; la madre preocupada porque la inquilina de su hijo ya se ha saltado un mes de alquiler; o el tipo de Barcelona que alquil¨® su casa y ha descubierto que la han convertido en una mina de oro en Airbnb¡­

El don de Esteve falla en cerca del 10% de los casos. Uno de ellos fue el de Marta Dom¨¨nech, de 47 a?os, que ocupa hace unos a?os el chal¨¦ donde creci¨®, en Barcelona, despu¨¦s de que un banco desahuci¨® a su madre y a su padre cuando ¨¦ste agonizaba de un c¨¢ncer terminal. ¡°Me separ¨¦, estaba muy afectada por la muerte de mi padre, no ten¨ªa trabajo y me vine a la casa¡±, explica. El 9 de septiembre de 2016, mientras Dom¨¨nech estaba fuera, recibi¨® una llamada: ¡°Soy Daniel de Desokkupa, no vuelvas a la casa porque no te dejaremos entrar. Est¨¢s vigilada y hemos puesto una alarma¡±, recuerda que le dijo su interlocutor. ¡°Me puse a temblar de miedo¡±.

Los hombres de Desokkupa estaban en su puerta, cambiaron la cerradura y facilitaron la entrada a cuatro representantes de las dos inmobiliarias que se reparten la propiedad. Pretend¨ªan instalar una alarma, pero llegaron los Mossos y les instaron a irse. La mujer y su hija vieron todo petrificadas desde la calle. ¡°Con esta gente no intentas entrar y mira que yo tengo car¨¢cter. Este era un proceso que ten¨ªa que resolver un juez", recuerda.

Dom¨¨nech denunci¨® a la empresa y a los representantes de la inmobiliaria por allanamiento de morada, coacciones y ¡°realizaci¨®n arbitraria del propio derecho¡± (tomarse la justicia por su mano). ¡°Hoy resisto por dignidad. Aunque me toque la loter¨ªa no me voy¡±, advierte ella, desempleada.?Esteve mantiene que ha recibido siete denuncias de las que le han absuelto, aunque a¨²n tiene, por lo menos, otras dos pendientes de juicio ¨Cpor amenazas, violaci¨®n de domicilio, coacciones y organizaci¨®n criminal¨C y la de Dom¨¨nech en fase de instrucci¨®n. Muestra un certificado en el que dice que est¨¢ libre de antecedentes judiciales, aunque reconoce que su ficha policial no est¨¢ limpia. Tiene varias anotaciones "por las peleas que de la ¨¦poca en la que era director de seguridad de discotecas", resume.

Esteve arrastra fama desde entonces. Sus desalojos con luchadores, porteros de discoteca y un paramilitar b¨²lgaro de una milicia prorrusa provocaron la resistencia de los colectivos okupas, las plataformas de vivienda y hasta de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que ha declarado la guerra a estas empresas al filo de la ley.

Muchos de los conflictos se resuelven pagando al okupa para que se marche. Pero cuando no hay acuerdo, las empresas aplican un control de acceso en la puerta de la vivienda o del edificio y quien sale ya no entra. El okupa acaba abandonando m¨¢s pronto o m¨¢s tarde, sea porque no puede salir a comprar comida o porque su negocio ¡ªsi se trata de un narcopiso¡ª no sobrevive con dos vigilantes y hasta perros en la puerta. ¡°Solo consigues desocupar sin pagar provoc¨¢ndoles molestias¡±, explica Jorge Sorbera, un ex funcionario de prisiones dedicado ahora a desmantelar narcopisos.

Dos visiones policiales para la misma escena

No hay consenso sobre la legalidad de estos m¨¦todos que sortean el proceso judicial habitual que precede a un desahucio. Es com¨²n o¨ªr a los desokupadores que cuentan con el apoyo de la polic¨ªa y que han trabajado hasta para jueces. En la pr¨¢ctica, hay casos en los que los agentes observan, consienten y hasta median en los operativos, pero otros en los que la polic¨ªa entiende que es ilegal.

Prueba de ello es un operativo montado el martes en un edificio en Madrid. Una familia llam¨® a la Polic¨ªa Nacional ante la visita de una de estas empresas. Les ofrec¨ªan un contrato de alquiler de 450 euros. Si lo firmaban, no impondr¨ªan un control en su portal que les impedir¨ªa entrar y salir libremente en la vivienda. En menos de media hora un agente medi¨® la negociaci¨®n e incluso consigui¨® un descuento de 50 euros. Minutos despu¨¦s, su superior detuvo a los dos representantes de la empresa por coacciones. ¡°Estas actuaciones no est¨¢n legisladas debidamente y dan lugar a demasiadas interpretaciones de los agentes y de los jueces¡±, lamentan fuentes policiales.

La ley de seguridad privada, a la que se someten los vigilantes que bloquean las puertas, permite en el papel estos controles de acceso, pero estos pueden acarrear varios delitos. ¡°No voy a decir que sean ilegales, pero son paralegales. Est¨¢n en el l¨ªmite¡±, explica el portavoz de la Uni¨®n Federal de Polic¨ªa (UFP), Seraf¨ªn Giraldo. Delitos como el allanamiento de morada (si el propietario entra en el piso vac¨ªo para cambiar su propia cerradura), coacciones (al imponer un control que te impida el paso al lugar donde vives) o el derecho a la inviolabilidad del domicilio (aunque no sea tuyo por contrato) entran en conflicto en cada una de estas operaciones.

¡°En el mundo ideal lo que yo hago no deber¨ªa existir. Igual que hay juicios r¨¢pidos para otros asuntos podr¨ªa haberlos para esto¡±, defiende Sanz. ¡°Si hubiera una respuesta eficiente de la Justicia tendr¨ªa que reinventar mi negocio. Pero ese mundo ideal¡±, completa Jorge Sorbera, propietario de Gestokupa ¡°no existe aqu¨ª¡±.