Interior pretende retirar escoltas a ex altos cargos para enviarlos a Catalu?a
La medida afectar¨¢ a una veintena de ex cargos p¨²blicos alejados ya de la primera l¨ªnea pol¨ªtica
El Ministerio del Interior prepara una nueva reducci¨®n del n¨²mero de pol¨ªticos, jueces y fiscales que tiene asignada de manera permanente escolta policial. Tras el recorte que en 2012 hizo el entonces titular del departamento, Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz, su sucesor Juan Ignacio Zoido estudia ahora extender la medida a una veintena de ex altos cargos. El objetivo es destinar parte de esos efectivos a Catalu?a, donde recientemente ya envi¨® a un grupo de agentes especializados en protecci¨®n.
La nueva reducci¨®n de escoltas que prepara Interior afectar¨¢ a personalidades del mundo de la pol¨ªtica y la judicatura que cuando se acometi¨® el anterior recorte la conservaron, seg¨²n fuentes policiales. En la mayor¨ªa de los casos se trata de dirigentes que ocuparon puestos de responsabilidad en anteriores Gobiernos pero que en la actualidad est¨¢n alejados de la primera l¨ªnea pol¨ªtica. En una reciente respuesta parlamentaria por escrito Interior reconoci¨® que 28 personas que ocuparon en su d¨ªa cargos p¨²blicos segu¨ªan disfrutando hoy de escolta. La medida no afectar¨¢ a ninguno de los expresidentes del Gobierno, aunque s¨ª a jueces y fiscales, colectivos a los que tambi¨¦n se aplic¨® el anterior recorte de 2012 y que entonces protestaron por la medida.
Desde el Ministerio del Interior admiten que se lleva tiempo estudiando acometer esta segunda reducci¨®n de escoltas, aunque rechazan concretar a cu¨¢ntas personas afectar¨¢ ni cu¨¢ndo se har¨¢ efectiva ¡°porque no est¨¢ decidida¡±. Sin embargo, las fuentes policiales consultadas aseguran que ya se ha hecho la evaluaci¨®n del nivel de riesgo de cada personalidad afectada y que se pondr¨¢ en marcha en breve, una vez que se comunique a los afectados. De esto ¨²ltimo se encargar¨¢ personalmente el secretario de Estado de Seguridad, Jos¨¦ Antonio Nieto.
En lo que coinciden tanto Interior como las fuentes policiales consultadas es en recalcar que la decisi¨®n est¨¢ justificada por la desaparici¨®n en los ¨²ltimos a?os de la amenaza terrorista que en su momento explic¨® buena parte de los servicios de escoltas que durante a?os se ha prestado a las personalidades que ahora resultar¨¢n afectadas. De hecho, el fin de la actividad de ETA es la principal raz¨®n esgrimida ahora, como lo fue en la anterior reducci¨®n. Desde Interior se recuerda que durante a?os hubo que hacer un importante despliegue de seguridad en el Pa¨ªs Vasco y Navarra. En la actualidad, la Polic¨ªa Nacional y la Guardia Civil solo dan escolta en esta comunidad al delegado y subdelegados del Gobierno central. ¡°Ahora esa necesidad de protecci¨®n se ha trasladado a otros territorios¡±, se?alan en Interior en clara referencia a Catalu?a.
Reciente traslado
De hecho, el estudio del recorte se produce dos semanas despu¨¦s de que Interior destinase a una veintena de agentes de la Unidad Central de Protecci¨®n a reforzar la seguridad en esta comunidad aut¨®noma de jueces y pol¨ªticos al aumentar la tensi¨®n tras la detenci¨®n en Alemania de Carles Puigdemont, actualmente en libertad. Fuentes policiales recuerdan que no se pudo enviar m¨¢s, precisamente, por la falta de efectivos.
Aquellos agentes se sumaron a los cerca de 200 ¡ªen su mayor¨ªa Mossos d¡¯Esquadra¡ª que ya prestaban este tipo de servicio de seguridad de manera habitual en esta comunidad. Un contingente que ya hab¨ªa sido reforzado durante la campa?a de las elecciones del pasado 21 de diciembre con medio centenar de escoltas procedentes tambi¨¦n de Madrid, a los que se encarg¨® la seguridad de los candidatos de los partidos constitucionalistas y, sobre todo, de los l¨ªderes nacionales de las formaciones cuando acud¨ªan a participar en m¨ªtines. Una parte de estos agentes a¨²n permanece en esta comunidad dando servicios de protecci¨®n.
Desde el Sindicato Unificado de la Polic¨ªa (SUP), el mayoritario entre los agentes, se aplaude la medida. Un portavoz de la organizaci¨®n asegura que la decisi¨®n del equipo de Zoido ¡°va en la l¨ªnea de lo que hist¨®ricamente ha reivindicado el SUP de racionalizar este servicio y, sobre todo, el n¨²mero de efectivos destinados a dar protecci¨®n a personas¡±. El representante sindical a?ade que ¡°esta reducci¨®n es necesaria, no s¨®lo tras el fin de ETA, sino por la ineficacia de muchos de los servicios, su alto coste y la mala utilizaci¨®n, en algunos casos, que se viene haciendo de los escoltas por parte de algunas de las personas protegidas¡±.
El sindicato reclama ¡°un nuevo marco regulador que optimice la utilizaci¨®n de los recursos p¨²blicos y proporcione este servicio a quien realmente lo requiera¡±. Para ello, exige que la medida en estudio incluya la eliminaci¨®n de lo que tilda de ¡°servicios de protecci¨®n hist¨®ricos¡± que no tienen raz¨®n de ser y del ¡°amiguismo¡± con el que, en su opini¨®n, se adjudican escoltas. ¡°Hay que minimizar el cat¨¢logo de autoridades que deben contar con servicio de protecci¨®n por raz¨®n exclusiva del cargo que ocupan para, de esta manera, mejorar el servicio y las condiciones de los polic¨ªas destinados en escoltas y recuperar parte de los efectivos policiales para destinarlos a otros cometidos donde hay carencia¡±.
Quejas de la judicatura al recorte de 2012
Cuando en marzo de 2012, el entonces ministro del Interior Jorge Fern¨¢ndez D¨ªaz puso en marcha su plan, el n¨²mero de escoltas era de 2.890 efectivos ¡ª2.101 agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y 789 de empresas de seguridad privada pagados por el Estado¡ª. Con ellos se daba protecci¨®n a 613 pol¨ªticos, ex altos cargos, jueces y v¨ªctimas del terrorismo. Tras evaluar caso por caso, Interior decidi¨® retirar la seguridad a 280 personas y mantener a 333.
La medida cre¨® malestar entre algunos afectados, sobre todo en la Audiencia Nacional, donde se critic¨® que Interior no hubiera negociado el alcance de la misma ni hubiera dado acceso a los an¨¢lisis de riesgo que determinaron a qui¨¦nes se retiraba la protecci¨®n. El entonces fiscal de este tribunal, Javier Zaragoza, envi¨® un comunicado en el que recordaba que ETA no se hab¨ªa disuelto y que a¨²n pose¨ªa armas. Tambi¨¦n advert¨ªa de que la lucha contra el crimen organizado pod¨ªa verse afectada debido a la falta de seguridad.
Finalmente, la medida se aplic¨®, aunque no en la extensi¨®n prevista por Interior. El equipo de Fern¨¢ndez D¨ªaz pretend¨ªa que, de manera escalonada, un total de 1.010 polic¨ªas y guardias civiles dejar¨¢n de realizar labores de protecci¨®n para pasar a desempe?ar tareas de seguridad ciudadana.
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